España ha perdido 11 de los más de 30 pleitos que tiene abiertos en el organismo de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados a la retribución de las renovables desde 2010 y, en especial, a partir de 2013. Están en juego más de 8.000 millones en reclamaciones. La cifra no ha pasado desapercibida para los fondos especializados -'third party funding'- que financian todos o parte de los gastos legales de una reclamación a cambio de un buen bocado. Abengoa ha vendido a diversos fondos por 75 millones parte de los derechos de un arbitraje planteado en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Hay negocio y mucha competencia para obtenerlo.
Es el litigio convertido en un activo financiero. Fondos como Rockmond, Burford Capital, SPV (Strategic Value Partners) o Therium están muy pendientes del proceso de reclamaciones contra España porque es ya un magnífico negocio. El aluvión de demandas en el Banco Mundial y en otras instancias como la Comisión de la ONU de Derecho Mercantil Internacional (Unictral) o la Cámara de Comercio de Estocolmo han hecho de España el campeón mundial de la litigiosidad.
Los fondos especializados ofrecen y firman acuerdos privados con los reclamantes para financiar todos o parte de los gastos legales que conllevan una reclamación (abogados, tasas, especialistas/peritos, posible condena en costas, etc.). A cambio, cobran un porcentaje sobre el importe de la indemnización que se obtenga. Por supuesto, afinan al máximo en el cálculo de riesgos. Como explican en el bufete Garrigues, hay tres condiciones que determinan la acción de los fondos financiadores: la reclamación tiene que tener en torno a un 70% de posibilidades de éxito; el demandado tiene que ser solvente, y la reclamación tiene que ser jugosa.
Un demandado solvente
Los pleitos contra España en el Banco Mundial y otros tribunales de arbitraje cumplen sobradamente las expectativas. El Reino de España ha perdido hasta el momento los laudos emitidos en el Ciadi; como demandado es solvente y las reclamaciones son más que jugosas. Juan Verdugo, socio del departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues, confirma que los fondos financiadores están muy activos en este momento en España, y no solo en lo que se refiere a las renovables.
El abogado Piet Holtrop, que impulsó en su momento el fondo Equanimity, centrado en las reclamaciones de inversores fotovoltaicos a través de swaps, asegura que a medida que España ha ido perdiendo arbitrajes, uno tras otro, más fondos inversores se han sumado al tren de las reclamaciones. Lo que empezó como una herramienta de procedimiento de las firmas de abogados se ha convertido en un activo que atrae a inversores muy especializados.
En España tienen mucho terreno por delante. Hay decenas de reclamaciones pendientes y, de momento, España no ha logrado convencer con sus argumentos. Todos los arbitrajes desfavorables han sido recurridos y España, según confirman fuentes de la Administración, todavía no ha desembolsado ni un euro. Aunque la avalancha de pleitos sí tiene un coste: el Estado ha pagado ya más de 60 millones de euros en la gestión legal de los casos.
La primera derrota
El Reino de España perdió el primer pleito en el Ciadi en 2017 frente al fondo de inversión británico Eiser Infrastructure Limited. Fueron 128 millones. Desde entonces ha habido un goteo continuo de laudos desfavorables. Como principio, la Abogacía del Estado pide la nulidad de todos los fallos condenatorios del Ciadi. Primero lo hizo por defecto de forma. Y luego, al amparo de la directriz aprobada en 2018 por la Comisión Europea, que declara ilegales los arbitrajes de las renovables instados por inversores europeos, tanto si esgrimen tratados bilaterales como si se acogen al Tratado de la Carta de la Energía. España puede alargar el debate y no abrir -de momento- la cartera.
Pero la situación es preocupante. Así lo reconoció la ministra de Transición Ecológica en funciones Teresa Ribera en el Senado. Aunque al exministro de Energía Álvaro Nadal entre 2016 y 2018, las cuentas sí le salen. En el libro 'Lo que no son cuentas son cuentos' Nadal defiende el 'hachazo' que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó a las renovables a partir de 2013 (RD Ley 9/2013).
Sobre los arbitrajes y los laudos desfavorables, Nadal tiene su particular punto de vista. "Todos ellos [los arbitrajes] en su conjunto -sostiene el exministro- suponen menos que lo que se ha ahorrado en un año con la reforma (los recortes de 2013), es decir, con menos de lo que se ha ahorrado en uno de los 25 años en los que tiene impacto la reforma, se pagarían todos los conflictos internacionales, caso de tenerse que pagar".
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