La japonesa JGC ha denunciado a España ante la justicia estadounidense el impago del laudo que obliga al Estado a desembolsar 23,5 millones de euros por el recorte a las renovables. La compañía presentó en junio de 2015 una denuncia por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía y el proceso fue dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
El litigio culminó con la publicación del laudo definitivo en noviembre de 2021. Este no es el único procedimiento abierto ante la justicia de Estados Unidos. La compañía, cuya facturación anual supera los 5.000 millones de euros, operaba dos plantas de energía solar en la provincia de Córdoba y sufrió la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a este tipo de instalaciones.
El más abultado de todos es el que afecta a NextEra, valorado en más de 300 millones de euros, incluyendo el pago de la indemnización pendiente, el abono de la condena en costas y el desembolso de los correspondientes intereses de demora. La Cámara de Comercio también se personó este verano ante la justicia del país norteamericano para pedir a los tribunales que tomen cartas en el asunto y respalden la posición de NextEra, JGC y otras empresas denunciantes.
El Gobierno de Estados Unidos mueve ficha
El Gobierno de Estados Unidos también ha movido ficha. En el último informe país del Departamento de Estado, la Administración de Joe Biden advierte de la inseguridad jurídica que han provocado estos impagos. Los datos de inversión extranjera procedente de Estados Unidos reflejan una caída del 97% durante el segundo trimestre de 2023, coincidiendo con la escalada de represalias judiciales.
Por su parte, la justicia británica ya está embargando bienes y activos españoles de forma cautelar, mientras la Corte Suprema australiana ha autorizado medidas similares que se concretarán en los próximos meses. En total, los laudos pendientes de pago que España acumula en los tribunales internacionales de arbitraje alcanzan los 1.200 millones de euros, según el Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales, a los que hay que sumar otros 250 millones por los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos desembolsados por el país para la contratación de abogados.
El país se ha visto involucrado en 55 disputas internacionales y la práctica totalidad corresponde con el sector de la energías renovables. Es el segundo país con mayor número de laudos pendientes de pago, situándose a la altura de Venezuela o Rusia. Todos se han canalizado a través del Tratado de la Carta de la Energía o distintos tratados bilaterales de inversión enmarcados dentro del derecho comunitario de la Unión Europea (UE). Según fuentes jurídicas, cuando se resuelvan todos los procesos, el coste se elevará a entre 2.000 y 2.500 millones de euros, lo que supone alrededor del 0,2% del PIB.
El Estado perdió el primer laudo en 2017
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. En total invirtió 935 millones de euros en tres plantas en 2007, año en el que se aprobó el Real Decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despliegue de las energías 'verdes'. Las reclamaciones vienen por los recortes adoptados a las primas a las renovables por el Gobierno del PP en 2012 y 2013, aunque anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros tijeretazos.
La última condena a España por el lío de las renovables se conoció a principios de julio. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) condenó a España a indemnizar al grupo energético francés EDF con un pago de 29,6 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas. Una comitiva de abogados internacionales visitó España el 21 de junio para reunirse con actores del sector político (y también empresarial) e instó al Gobierno que salga del 23-J a "limpiar el pasado" y avanzar en un "marco regulatorio que siga atrayendo a inversores". Según fuentes del Gobierno, España se resiste a realizar los pagos porque cree que "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios