Los rescates a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus deben llegar antes de que termine el año. Aunque el Gobierno ya ha movilizado a la SEPI para salvar a las empresas estratégicas, un largo reguero de pequeñas y medianas compañías siguen esperando el bote salvavidas del Estado. Esa misión corre a cargo del Ministerio de Industria a través de la empresa semipública Cofides, que debe armar un fondo de 1.000 millones de euros para examinar todas las solicitudes recibidas antes de que el calendario le ahogue. Con la época estival finalizada, la empresa dependiente del ministerio dirigido por Reyes Maroto y participada por los grandes bancos españoles acumula meses de retraso en su hoja de ruta y se ha apresurado en contactar con los diferentes implicados en las operaciones de rescate para avanzar en su proceso.
El plan de la entidad presidida por José Luis Curbelo es enviar esta semana el acuerdo marco al pool de asesores seleccionado a finales de julio, según explican fuentes cercanas al proceso. La hoja de ruta pasa por cerrar dicho trámite para trasladar durante las semanas siguientes las diferentes operaciones susceptibles de llevarse a cabo. En cualquier caso, Cofides solo seleccionará a empresas cuyo volumen de negocio mínimo alcance los 15 millones de euros (y el máximo no exceda 400 millones). Además, la solicitud de rescate no podrá superar los 25 millones de euros y deberá acreditar que la crisis sanitaria del coronavirus ha tenido un impacto significativo en su negocio.
Se trata de un movimiento muy similar al que ha ejecutado la SEPI. La entidad dependiente del Ministerio Hacienda, por su parte, avanzó con este mismo trámite durante las semanas previas al verano, cuando abrió la puja por el rescate de empresas como la hotelera Abba o la ingeniería Abengoa. Mucho antes había resuelto otras peticiones como la de la aerolínea Air Europa (375 millones de euros), las agencias de Ávoris y Globalia (320 millones), la siderúrgica Duro Felguera (80 millones) o la polémica Plus Ultra (53 millones).
Pese a contar con alguna novedad, el pool de asesores de Cofides coincide prácticamente con el de SEPI. Ambas empresas invitaron a participar a bufetes de abogados y consultoras para realizar tareas relacionadas con la elaboración de planes de viabilidad o proyectos de reestructuración de deuda. Los seleccionados se agrupan en dos bloques: financiero y jurídico. Al primer grupo se presentaron PKF Attest, Grant Thornton y Horwath, entre otros; al segundo lo hicieron Deloitte, Gómez-Acebo & Pombo y PwC, aunque el listado completo es más extenso. Algunas empresas presentaron credenciales para asesorar, incluso, desde las dos vertientes.
Más de 200 solicitudes y retraso en el calendario
El calendario actual de Cofides acumula un retraso de aproximadamente dos meses. El presidente de la entidad aseguró públicamente a finales de junio que quería tener cerrado este mes de septiembre alguna concesión de ayuda, pero la realidad es bien distinta. Todas las fuentes consultadas cercanas al pool de asesores aseguran que todavía no han recibido ningún mandato por parte de la empresa dependiente del ministerio dirigido por Reyes Maroto, lo que hace inviable cumplir con el calendario previsto, ya que cada solicitud puede tardar entre 2 y 3 meses en resolverse.
Pero antes será el turno de la empresa de rating seleccionada para calificar el riesgo de las operaciones, cuya contratación fue impugnada ante el Tribunal de Recursos Administrativos por parte de Axesor, que también se presentó a la oferta y quedó fuera, como avanzó La Información. El motivo: Inbonis, la agraciada, ofertó 'a derribo' por los servicios de rating, con una propuesta económica un 80% inferior al precio de salida marcado por Cofides. En concreto, se ofreció por 600.000 euros a razón de 1.200 euros el informe, frente a los 1,45 millones que ofreció Axesor (2.950 euros por informe).
Sea como fuere, el mandato de Bruselas marca que el plazo para conceder ayudas finaliza el próximo 31 de diciembre, mismo horizonte que tiene fijado la SEPI. Tanto en un caso y en otro la avalancha de solicitudes amenaza con presionar al máximo el calendario y no poder rescatar a algunos de los solicitantes. Para Cofides, el número de muestras de interés supera ya las 200 -la mayoría de empresas ligadas a la hostelería, el comercio y el turismo-, si bien no todas son peticiones formales. Con todo, se espera que durante las próximas semanas llamen a la puerta muchas más empresas y que la Comisión Europea explore al mismo tiempo conceder una ampliación del plazo de vencimiento para otorgar ayudas.
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