Indra se quedó sola en el mercado electoral. La compañía fue la elegida por el Ministerio del Interior como única adjudicataria del acuerdo marco para el ciclo electoral. Ahora se culmina el primer periodo con más de 32 millones de euros de ingresos después de haber sumado el contrato del escrutinio de los comicios europeos el próximo mes de junio por los mismos 10,8 millones de las municipales y generales de 2023. Aún queda pendiente el procedimiento de licitación en Cataluña, que deberá buscar proveedor de urgencia ante la convocatoria planteada por ERC. Aún quedan tres años más de vigencia de ese ‘pacto’ lo que abre la puerta a engordar más la factura con el planteamiento de una votación nacional adelantada.
Ante la inestabilidad política vivida en la última década en España, el departamento dirigido hoy por Grande-Marlaska optó por apoyarse en la figura del acuerdo marco. Lo hizo en el verano de 2018, justo tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la entrada del Gobierno de Pedro Sánchez. En aquella ocasión se eligió a Indra y también a Scytl, la única que cuestionó el reinado de la primera en este mercado de las elecciones. Ante la decisión de rescindir el contrato de la tecnológica catalana, por diversos incumplimientos, optó por convocar otro proceso en 2022 en el que sólo salió Minsait sin oposición.
Ese acuerdo marco contemplaba un desembolso tope de 11 millones de euros con IVA incluido por cada uno de los comicios, en caso de que no coincidieran en el tiempo y fueran en fechas separadas -13,2 millones si concurren dos y 15,4 millones en caso de que hubiera tres o más-. De esta forma, en 2023 la división ‘tech’ del grupo, dirigida por Luis Abril, se encargó de la recogida y difusión de los datos del recuento de las municipales que tuvieron lugar en mayo y de las generales del verano. En ambos procesos presentó una oferta que prácticamente calcó ese máximo: 10,89 millones de euros con impuestos incluidos. Quedaban pendientes las europeas que debían celebrarse este año 2024.
Y acaba de adjudicarse este contrato de las elecciones para la UE del próximo mes de junio, a falta de la formalización completa, según queda reflejada en la documentación oficial consultada. El precio ofrecido ha sido, como estaba previsto, el mismo que en las anteriores ocasiones. Esto hace que prácticamente en el transcurso de un año el mercado español haya generado para Indra una facturación de casi 33 millones de euros, sin contar con todos los comicios autonómicos que también ha ido ganando en los dos últimos años ante la ausencia de Scytl.
Esto se acerca aunque aún a cierta distancia de los niveles previos a la irrupción de la empresa catalana, cuando el grupo dirigido por José Vicente de los Mozos se mantenía como único proveedor sin competencia. Para comparar, las elecciones municipales de 2011, cuando coincidieron además con la celebración simultánea en diecisiete comunidades autónomas, el precio adjudicado fue de 14,7 millones de euros. En el año 2008, las generales se firmaron por un total de 12 millones. En el año 2014, el escrutinio de las europeas se situó ligeramente por encima de los 13 millones.
El acuerdo marco firmado con Grande-Marlaska en el año 2022 recordaba que en los años siguientes se celebrarían tanto municipales, como europeas y nacionales, que son los comicios de los que se encarga su departamento. Pero hacía hincapié en la memoria en que con este procedimiento daría cobertura a estos procesos “así como a cualquier otro que, de acuerdo con la experiencia obtenido en los últimos años, pudiera convocarse de forma anticipada”. La duración total es de cuatro años. Esto hace que si finalmente se convocan unas generales anticipadas por el Gobierno de Pedro Sánchez también se incluiría en esta licitación ‘exprés’ con el mismo precio tope de 11 millones.
Al margen del ciclo ‘nacional’, Indra tiene por delante también otro contrato al que también aspirará en función de otro adelanto electoral. Es el de los comicios regionales de la Generalitat de Cataluña, después de que la falta de acuerdo para aprobar los nuevos Presupuestos hayan llevado al 'president', Pere Aragonés, a la convocatoria para el próximo 12 de mayo. Lo previsible es que también se quede con este contrato. El de las votaciones de 2021 se lo quedó por 1,5 millones tras haberse desplegado un procedimiento de emergencia, contemplado en la ley de contratos para “acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”.
Hay otras votaciones que tendrán lugar en este primer semestre: las del Parlamento de Euskadi. Se celebrarán el domingo 21 de abril y fueron convocadas oficialmente por el Lehendakari, Íñigo Urkullu, el pasado mes de febrero. Pero como suele suceder con esta administración autonómica, hubo más previsión. Este era año electoral y por eso a finales de 2023 se encargaron de ejecutar el procedimiento de contratación. Y en esta ocasión no hubo sorpresas: la elegida no fue Indra, sino Ibermática por un precio final con impuestos de 1,57 millones de euros. De hecho, la primera ni se presentó. Desde hace mucho tiempo la compañía vasca es la que se encarga del escrutinio.
Negocio estratégico
El negocio del escrutinio electoral no sólo tiene importancia desde un punto de vista de facturación en el año 2023 se quedó con el contrato de Argentina por casi 28 millones de euros-, sino por su carácter estratégico en España. Esta actividad está inserta dentro de Minsait, la filial tecnológica del grupo a la que ahora buscan un socio estratégico con posición minoritaria o mayoritaria. El grupo incluyó esta entrada dentro de su plan estratégico, pero lo hizo de manera muy abierta después de un intenso debate interno en la cúpula. El propio presidente, Marc Murtra, admitió que el perímetro de la división dirigida por Luis Abril no es inamovible y que, en caso de que se perdiera el control de la misma por la entrada de un fondo o un grupo industrial, tomarían medidas con activos delicados como este.
Indra no lleva a cabo el recuento electoral de las urnas. Éste se hace por parte de los representantes de las diferentes mesas electorales que son los que cuentan los votos para posteriormente ser transmitidos a través de dispositivos electrónicos a la infraestructura de Indra, que también es la que los difunde en la página de las diferentes administraciones -estas son las cifras provisionales, pues las definitivas se conocen un tiempo después-. Habitualmente este proceso suele alargarse durante dos o tres horas, algo que contrasta con la duración en otros países.
