El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quiere convertir a la eléctrica en la punta de lanza de la colaboración público-privada que, apoyada en los fondos de reconstrucción de la UE, debe sacar a España de la crisis provocada por la Covi19. El mismo día en que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez presentaba en Valencia el "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española" Galán detallaba desde Londres sus propios planes para invertir 75.000 millones en seis años, de los cuales, 14.300 se destinarán a renovables y redes de distribución en España.
La idea de Galán, compartida en organizaciones patronales, es animar la participación de las empresas en el proceso de recuperación económica e impulsar proyectos, con el apoyo de la Administración y de los fondos de la UE, que vayan más allá de la simple cobertura de agujeros presupuestarios por parte de los Ministerios. "Ponemos nuestro balance a disposición de las sociedades en las que trabajamos" resumió el empresario durante el encuentro Capital Market Day.
Con el megaplan inversor hasta 2025, Iberdrola intenta conseguir un doble objetivo: consolidar la imagen del grupo como adelantado de las renovables y de la revolución verde de la economía y animar a otras empresas -no sólo del Ibex 35, apuntan las fuentes consultadas- a plantear nuevas inversiones en sectores diversos que faciliten la reconstrucción. Porque los 72.000 millones de euros en ayudas directas -no reembolsables- que el Gobierno prevé recibir de la UE y utilizar entre 2021 y 2023 no serán suficientes para sacar al país de la crisis.
Nuevos contratos
Por ello, la eléctrica ha hecho hincapié en que mantendrá como uno de los ejes fundamentales la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y las inversiones y las compras de bienes y servicios a más de 20.000 proveedores. Todo ello permitirá realizar cerca de 20.000 nuevas contrataciones en el grupo hasta 2025. Con discreción, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán también negocia con las comunidades autónomas los planes para acceder a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea.
Con la vista puesta en la colaboración con las Administraciones, Galán se ha anotado ya algún punto. En el País Vasco, en agosto, se conocieron los planes -todavía en forma de borrador- del Ejecutivo de Íñigo Urkullu para manejar los fondos que podrían corresponder a la autonomía. Iberdrola tuvo buenas noticias, con 1.706 millones previstos por el Gobierno autonómico para la digitalización de redes, uno de los ejes inversores previstos para los próximos años por el grupo.
Iberdrola, como el resto de las eléctricas, empuja para que las inversiones en las infraestructuras se aceleren con la idea de que la electrificación y la digitalización van a ser los ejes de la recuperación en el sector energético y en el conjunto de la economía. Todo debería ir acompañado, según los responsables de la eléctrica, de una disminución en las cargas fiscales y un marco jurídico estable para facilitar las inversiones.
Hasta que llegó la crisis
Los planes de Iberdrola, los planes del Gobierno de Pedro Sánchez y el dinero comunitario, vuelven a poner sobre el tablero la utilidad de los grandes planes de asociación público-privada que proliferaron a partir de 1990 y hasta que estalló la crisis financiera asiática en 1997. Una segunda ola, a partir de 2004, llegó a multiplicar por seis las inversiones a través de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) que alcanzaron 134 billones de dólares en todo el mundo hace ocho años, según datos del Observatorio de Deuda y la Globalización (ODG).
Los impulsores de proyectos de colaboración público-privados han sido tradicionalmente inversores institucionales (fondos de pensiones, seguros y fondos soberanos), inversores clave en empresas energéticas, que buscan una cartera de inversiones diversificada en infraestructuras con rendimientos de capital atractivos. La alianza de intereses privados y públicos puede generar beneficios justos para ambas partes, aunque no siempre ha sido así. En España -también en Portugal- hay ejemplos negativos como las concesiones de autopistas o el proyecto fallido del almacén de gas Castor.
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