Las relaciones empresariales te pueden poner al lado o en frente de un socio en cuestión de meses. Es lo que les sucede a Naviera Armas y a Grimaldi, dos de las grandes navieras que operan en España y que han cerrado grandes negocios conjuntos recientemente, pero tampoco olvidan. Ambas mantienen a día de hoy un arbitraje abierto por valor de 60 millones de euros por el incendio del buque Sorrento, un suceso que marcó el mes de abril de 2015 en las costas españolas y que obligó a la intervención del Gobierno, aunque afortunadamente se salvó sin ninguna víctima tras una operación de salvamento.
La compañía española e italiana mantienen abierto este arbitraje millonario por esclarecer quién fue el culpable de lo sucedido en un trayecto entre Valencia y Palma de Mallorca y en el que ambos estaban involucrados. El primero por haber sido el encargado de fletar el barco y el segundo por ser su propietario. Grimaldi alega que un dispositivo eléctrico defectuoso instalado por Trasmediterránea fue la causa del incendio; Trasmediterránea, sin embargo, alega que el incendio fue causado por un error de Grimaldi, concretamente por su filial Atlantica CSPA di navigazione.
Naviera Armas ha informado de este pulso a sus bonistas para hacerles partícipes de las contingencias que tiene abiertas. En la documentación consultada por La Información, la compañía trata de tranquilizar a los tenedores de su deuda al explicar que están blindados gracias a un contrato con la aseguradora londinense P&I Club, referente en el sector marítimo para labores de este tipo y encargada de cubrir el pago íntegro en el caso de conseguir un fallo desfavorable.
El conflicto es paradójico porque pone frente a frente a dos compañías que han cerrado grandes acuerdos recientemente. Grimaldi ha conseguido entrar en el mercado español gracias a la compra de activos de Transmediterránea (principalmente buques y rutas) a Naviera Armas, que a su vez ha podido sobrevivir con este dinero por el no del Gobierno a un rescate de algo más de 100 millones de euros por la crisis del coronavirus a tavés de la SEPI. De hecho, en el momento de los hechos Armas estaba al margen, pues Transmediterránea estaba bajo la propiedad de Acciona.
Siete años desde la conmoción
El siniestro del ferry Sorrento se remonta al año 2015. Fue en abril cuando este barco se incendiaría y dejaría varios heridos, sin tener que lamentar males mayores. El barco se siniestró a pocas millas de sa Dragonera, en Mallorca, una joya marítima sobre la que saltaron las alarmas porque el barco transportaba toneladas de combustible y líquidos contaminantes. En cifras, según publicaron distintos medios, transportaba cinco veces más carburante que el buque mercante Don Pedro que se hundió en Ibiza en 2007.
El revuelo fue tal que el Gobierno terminó interviniendo. Primero fue la organización ecologista Greenpeace quien lanzó un comunicado instando al Ejecutivo a mover ficha para "contener la contaminación ante el riesgo de cualquier vertido". Y recibió respuesta de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, que se desplazó a la zona afectada para seguir la evolución de la emergencia sobre el terreno. Por parte del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, su presidente, se entrevistó con el presidente Mariano Rajoy para coordinar los siguientes pasos.
El incidente llevó a ambas empresas ante la justicia, tras las demandas de algunos pasajeros, sobre todo por las pérdidas materiales ocasionadas (el barco transportaba 135 vehículos y sus cargas). Los tribunales insulares, no obstante, eximieron a ambas de responsabilidades, tras apoyarse en el informe que elaboró la Guardia Civil y que atribuyó el origen de las llamas a causas accidentales, descartando que la posibilidad fuese un fallo técnico del barco. A ello sumaba la valoración positiva de la tripulación, cuya labor permitió poner a salvo a todo el pasaje.
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