Última contratación del ciclo

Cataluña adjudica 'por emergencia' a Indra el recuento del 12-M por el doble de 2021

El Ejecutivo repite licitación a la empresa al ser la única disponible, tras la caída de Scytl. Supone 3 millones, frente a los 1,5 millones iniciales a los que se suman gastos 'extra' incluidos posteriormente y ajustes del IPC.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès
El president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Europa Press

El Govern de la Generalitat vuelve a adjudicar a Indra el contrato de la recogida y difusión de los datos de escrutinio de las elecciones al Parlament de Cataluña que se celebrarán el próximo día 12 de mayo. Lo hace por el "procedimiento de emergencia" y lo justifica por el adelanto que anunció hace unas semanas el president, Pere Aragonès. El resultado final es un precio inicial que representa el doble de lo fijado en el año 2021: de 1,5 a 3 millones de euros. Es la única que ha presentado oferta, pues no hay otra firma alternativa ante la caída de Scytl, que ya ha solicitado un segundo concurso de acreedores.

Era el único escrutinio que le quedaba de este ciclo, después de haber formalizado el contrato de las europeas de mayo dentro del acuerdo marco firmado con Interior en 2022. Todo apuntaba a que la división tecnológica del grupo, liderada por Luis Abril, iba a resultar adjudicataria ante la ausencia de rival de enjundia. Ahora se hace efectivo en un anuncio publicitado a finales del mes pasado en el que se confirma un incremento de precio significativo respecto a los comicios de 2021 cuando también se recurrió al procedimiento de emergencia. 

Según queda reflejado en la documentación oficial consultada por La Información, el precio final con IVA incluido es de 3 millones de euros. La compañía española es la única que ha presentado propuesta en ese procedimiento de emergencia en el que la administración regional insiste en que se aprueba el mismo adjudicatario "para reducir el riesgo creado por el plazo tan ajustado e incrementar las garantías de ejecución con las menores incidencias posibles". "Es la que tiene capacidad para ejecutar la solución y servicios que se requieren", concluye.

En febrero del año 2021 se repitió la historia. El Govern desempolvó el procedimiento de emergencia, contemplado en la ley de contratos para "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la seguridad nacional". Y adjudicó de manera directa a Indra estos trabajos por 1,5 millones. Esto supone justo la mitad de la cifra fijada en el procedimiento que acaba de culminarse. Hay que tener en cuenta que dentro de esta cifra se incluyen ajustes por la inflación (el IPC acumulado entre 2021 y 2023). Éstos cálculos se hacen sobre el dinero final desembolsado, que fue mayor por los ajustes al alza de costes por las peticiones 'extra'.

Esta ausencia de competencia se ha mantenido en el mercado español después de que Scytl, la única compañía que ha plantado cara en la última década al grupo en algunos comicios durante la última década, fuera expulsada por el Ministerio del Interior tras la rescisión del contrato marco firmado en el año 2018 por incumplimiento de contrato y las "deficiencias en el trabajo que no alcanzó los estándares previstos". Después llegaron los problemas económicos de la empresa catalana que desembocaron en el primero concurso de acreedores. Este se saldó con la venta de la unidad productiva a Innovative Solutions Ecosystems (del irlandés Grupo Paragon). Finalmente, la pasada Semana Santa éste último anunció la solicitud del segundo concurso para su liquidación

Estos comicios regionales en Cataluña se suman a los que se completaron en el año 2023, que sumaron una docena y que generaron algo más de 14 millones de facturación para la división tecnológica de Indra. A esto hay que añadir los 32 millones de euros que Indra se ha apuntado en un año y medio después de ser la única adjudicataria del acuerdo marco para los tres comicios organizados por parte del Ministerio del Interior: las elecciones generales y las municipales que tuvieron lugar en 2023, junto con las europeas de este 2024. 

Esta adjudicación para el acuerdo marco con Interior tiene una duración de cuatro años. Específicamente cubría esos tres comicios que culminarán en junio. Esta duración hace que si existe un adelanto expreso, especialmente en las generales, será la empresa española la que se encargue de los trabajos de recogida y difusión de los datos de escrutinio con un precio fijo tope de 11 millones de euros. Precisamente ese formato legal permite agilizar los trámites firmando los acuerdos previa exigencia de la presentación de una oferta económica formal.

El negocio electoral

En este contexto de dominio de Indra en el mercado electoral, este negocio gana aún más importancia operativa más allá de los aspectos puramente estratégicos para España. Está insertado en la división tecnológica Minsait, para la que en el marco del nuevo plan estratégico buscarán un socio financiero que se haga con la mayoría o minoría accionarial -pero con presencia de la propia Indra-. Esto podría acarrear un 'spin off' de algunas áreas más delicadas como esta, aunque aún no hay ninguna decisión tomada.

El software y el hardware (PDAs y otros soportes) aportado por Indra en las elecciones no sirve para hacer el recuento electoral sino para hacer la consolidación de todos los datos y su presentación provisional en la noche electoral. Es escrutinio electoral de los votos en las urnas lo llevan a cabo los representantes de las diferentes mesas y posteriormente es transmitido para así poder difundirse en las diferentes webs oficiales. Debido a lo delicado de esta tarea, habitualmente los países cuentan con proveedores locales con experiencia.

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