Duro golpe del Gobierno a la VTC con el nuevo decreto ley. El texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros introduce los criterios medioambientales para poder restringir la asignación de las nuevas licencias pedidas (y no entregadas) a las administraciones lo que supone todo un 'cerrojazo' para las miles que hay pendientes de sentencia del Tribunal Supremo en España. Además, obvia la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y resucita el "interés general" del taxi para así intentar blindar jurídicamente estas nuevas exigencias. Las patronales han criticado el movimiento y creen que contradice el principio de proporcionalidad y contraviene el pronunciamiento de los magistrados de Luxemburgo.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha confirmado que en el decreto global de medidas económicas se ha incluido una modificación de la ley de transportes (LOTTT) para "adecuar" la regulación en materia de VTC a la reciente sentencia del tribunal europeo. Esa sentencia introducía que los límites cuantitativos de licencias sólo estaban justificados en base a razones medioambientales o de gestión del tráfico. Y esto es lo que se incluye en el decreto: se otorgarán nuevos permisos siempre que los niveles de contaminación sean inferiores a los fijados previamente por organizaciones internacionales o por las propias administraciones regionales.
Otra de las medidas es que da carta de naturaleza a la segunda licencia, que ya fue incluida en el llamado 'Decreto Ábalos' y que el TJUE 'autorizó' siempre que fuera en base a esos criterios medioambientales. Según Calviño se ha otorgado herramientas para limitar en los ámbitos regionales y locales atendiendo a esas consideraciones. Es decir, más límites a la autorización.
Y, como colofón para tener una justificación jurídica, el Gobierno decide recuperar el "interés público" del taxi en el texto del decreto, obligando a "requisitos más exigentes" de calidad en el servicio. Esta categorización fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia, por lo que se entendía que no podía ser protegido con medidas que no fueran igualitarias. El Gobierno incluye expresamente en la modificación legislativa esta etiqueta.
Hay que recordar que estos límites en el otorgamiento de las licencias VTC se corresponden sólo a las estatales, sobre las cuales el Gobierno de la nación tiene competencias. Éstas hoy son las que tienen capacidad de ofrecer trayectos interurbanos -salvo que estuvieran solicitadas antes de la aprobación del anterior decreto en septiembre de 2018-. Las comunidades seguirán teniendo la capacidad para introducir la segunda licencia en base a esos u otros criterios.
El texto definitivo del real decreto ley será publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los borradores que se han manejado en los últimos días, consultados por La Información, establecían la incorporación de tres apartados en el artículo 99 de la LOTT, en los que se da prácticamente vía libre para limitar las licencias por cualquier razón de "interés general". Pero en concreto se habría establecido que la autorización será denegada en caso de que se supere el valor límite anual de CO2 regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, aunque se podrían establecer otros criterios en el marco de lo previsto en el derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto no operará para vehículos con etiqueta 'cero'.
Además, según queda reflejado en esos borradores, se abre un nuevo filtro regulatorio: el de los ayuntamientos. Primero está el de las comunidades que "podrán, previa motivación y de forma proporcionada y justificada limitar cada solicitud a un número máximo de autorizaciones". Y luego de los consistorios, que podrán pedir "la solicitud de una autorización que deberá estar justificada por razones de interés público".
La modificación legislativa aprobada hoy llega una semana después de que el sector del taxi amenazara con movilizaciones en caso de que no se aprobara un decreto que frenara un potencial aluvión de licencias tras la sentencia del TJUE. El sector, encabezado por Élite Taxi Barcelona y Antaxi, dio una semana el pasado jueves y pospuso las potenciales manifestaciones a este jueves.
Las consecuencias
Estos cambios tienen implicaciones jurídicas muy relevantes, que aún está por ver. Una de ellas es el nivel de afección. Debido a que en el texto se habla de las nuevas autorizaciones, todo hace indicar que se trata de un cerrojazo para todas las que están solicitadas pero no otorgadas. Están incluidas también las que se tramitaron antes del llamado 'Decreto Ábalos' y que, en caso de no estar afectadas, podrían operar con servicios urbanos durante los cuatro años de periodo de gracia. Entre unas y otras suman varias decenas de miles que están a la espera de sentencia definitiva del Tribunal Supremo.
Las patronales Feneval y Unauto VTC aseguran que el Gobierno "contradice el principio de proporcionalidad que establece que cualquier regulación sobre el transporte urbano de interés general no pueden ser discriminatorias y que, por tanto, deben aplicar en igualdad de condiciones a taxis y VTC". Insisten en que no sólo se ha contravenido la sentencia del TJUE sino que se ha incumplido la LOTT, "que obliga a consultar previamente sobre cualquier modificación de regulación de este sector a las comunidades autónomas". Éstas, según las organizaciones, "han sido ignoradas, como también lo han sido los usuarios y consumidores".
Lo previsible es que ahora se intente derribar por el lado de las VTC este nuevo decreto ley. Pero precisamente por este formato y rango de ley, las fórmulas son muy complicadas y sólo está el Tribunal Constitucional como casi única parada. Y el ejemplo claro de la dificultad para tumbar estas medidas está en el propio 'decreto Ábalos' que hoy sigue vigente y se trató de tumbar por todas las vías posibles sin éxito.
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