Empresas

Dos décadas desde la privatización

El Gobierno se plantea controlar hasta un 5% de Telefónica a través de la Sepi

El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es respaldar compañías que van a resultar claves en la nueva ola de digitalización y los fondos europeos.

La ola de fondos europeos para la digitalización está a punto de llegar a España. Y en esta irrupción hay compañías que se convertirán en sistémicas por el papel que jugarán. El Gobierno quiere reforzar a algunas de ellas y tener un mayor control. El instrumento para ejecutar ese movimiento sería la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), donde ya cuenta con porcentajes significativos de empresas como Indra. En el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez ya está sobre la mesa la posibilidad de adquirir paulatinamente hasta un 5% de Telefónica, cuyo rol va a ser decisivo en los próximos años, como ese brazo inversor. Se trataría de la primera vez que el antiguo monopolio de las telecomunicaciones tenga capital público en su accionariado dos décadas después de su privatización.

La Sepi anunció el pasado mes de julio la creación de un fondo dotado con un presupuesto de 10.000 millones de euros con el fin último de apoyar a las empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Ya ha firmado el respaldo financiero a Air Europa, bastión clave del sector turístico, y estudia hacerlo con firmas de ese sector como Grupo Barceló o de la industria como Duro Felguera. Sin embargo, ahora el Gobierno se plantea otorgarle un rol más cercano al capital riesgo: respaldar compañías sistémicas que vayan a ser grandes receptoras netas de fondos europeos, para así tener un mayor control. La digitalización va a ser uno de los dos pilares clave, junto a la transición ecológica. Basta recordar que sólo en el plan de conectividad y de la expansión del 5G llegarán a España más de 4.500 millones procedentes de Europa.

En este contexto, Telefónica se erige en protagonista. Es por eso que en el Gobierno estudian si entrar en el accionariado con un paquete de hasta el 5% de manera gradual, según explican fuentes conocedoras. Se lograría un mayor control de una compañía que será gran receptora de fondos. Pero, además, se reforzaría el capital, que apenas ha tenido cambios pese a los intentos continuados de buscar un nuevo socio de referencia. Hoy, el trío de accionistas de referencia es Caixabank (4,87%), Blackrock (4,98%) y BBVA (6,9%). Pese a una mejora acumulada en el último mes, la operadora cotiza en 3,5 euros por acción, lo que supone casi 19.000 millones de euros de capitalización. En caso de que se tomara el máximo de lo planeado, acarrearía un desembolso total de algo más de 900 millones.

El Estado español se desprendió de las acciones de la teleco en un proceso de privatización que concluyó de manera definitiva en el año 1999, bajo el mandato del Gobierno de José María Aznar. Al contrario de lo que sucediera en otros competidores europeos, el Ejecutivo decidió desprenderse de la totalidad de los títulos en la operadora en las diferentes transacciones que se completaron por la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (Seppa), absorbida a principios de los 2000 por la propia Sepi. Sí que se retuvo una participación más o menos relevante, por ejemplo, en el caso de Indra y de otras más.

La teleco española siempre tuvo, pese a la salida del capital público, ese carácter sistémico, que incluso se ha acentuado tras la crisis causada por la pandemia del coronavirus, en la que se ha llegado a 'resucitar' la llamada 'golden share' con el objetivo de frenar cualquier irrupción de un inversor de fuera de la UE que aprovechara la caída en los mercados para hacerse con una participación significativa. Pero esa 'protección' se ha completado sin participación estatal directa. Donde sí que existe es en los antiguos monopolios de las telecomunicaciones más destacados del continente. En el caso de Deutsche Telekom, el Estado cuenta con casi un 32% de las acciones, mientras que en Orange (antigua France Telecom), esa cifra se sitúa en el 22% repartida entre el propio Estado y la entidad pública BPIFrance.

Hoy la Sepi, más allá del fondo de inversión movilizado tras la pandemia, cuenta con un nutrido portafolio de empresas de origen público donde sigue manteniendo una posición significativa. El caso más paradigmático es el de Indra, donde cuenta con un 18% del capital y dos sillones en el consejo de administración. La compañía dirigida por Fernando Abril-Martorell, pese a los recortes ejecutados, también va a tener un peso específico importante en esta oleada de fondos para la reconstrucción. Pero no es la única con presencia de la sociedad pública. También cuenta con una porción importante de Alestis y Airbus (24% y 4,1%, respectivamente), de IAG (2,5%) o de Red Eléctrica (20%).

Las dotaciones de fondos europeos para la modernización económica es un argumento de peso para justificar la participación del Estado en las grandes empresas beneficiarias

Con la llamada estrategia España Digital 2025, el Gobierno pretende movilizar 140.000 millones de euros de inversión pública y privada durante el próximo lustro. Hasta el año 2023 se dispondrá de unos 70.000 millones de euros y para los dos siguientes el resto. El desembolso público, según confirmó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio, se va a situar en los 20.000 millones de euros en cada uno de los tres primeros ejercicios, de los que 15.000 procederán de los fondos europeos de reconstrucción acordados en el seno de la Unión Europa (UE), mientras que los otros 50.000 millones corresponderán a las empresas privadas. Entre los objetivos se encuentran la garantía del acceso a conectividad al 100% de la población, la aceleración de la digitalización de las empresas o el reforzamiento de las capacidades españolas en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial o 'big data'.

En el reparto de esos fondos, Telefónica, como operador incumbente y una de las grandes compañías prestadora de servicios digitales en España, va a tener un papel fundamental. Como prueba de ese poder es la voz que ha tenido el primer ejecutivo de la teleco, José María Álvarez-Pallete, en la elaboración de ese plan, en cuya presentación formal acompañó al propio presidente del Gobierno y defendió la necesidad de acelerar los ritmos de la digitalización, especialmente, para pymes y autónomos y de administraciones públicas. "Pueden contar con el compromiso de Telefónica para el futuro digital de España. Telefónica es y será un actor fundamental en la reconstrucción. Y ponemos toda nuestra experiencia y todos nuestros recursos sobre la mesa para ayudar a levantar un mundo mejor", concluyó el ejecutivo. El Gobierno se plantea que ese compromiso venga también acompañado de una entrada en el accionariado.

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