La Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) ha desempatado la licitación para hacerse con el contrato de la póliza de seguro para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Mapfre se sitúa como el licitador mejor clasificado por delante de Allianz en base al criterio de mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla.
Ambas compañías llegaron a la anterior fase con la misma puntuación y habiendo ofertado la misma cantidad, tal y como publicó La Información. En concreto, han ofrecido 597.336,74 euros, lo que supone un 4% por debajo del valor estimado del contrato. En concreto, han puesto sobre la mesa 464.878,63 euros por el seguro de responsabilidad civil nuclear, mientras que el importe correspondiente al almacenamiento temporal individualizado (ATI) de combustible gastado es de 67.126,22 euros. Por su parte, la partida destinada al seguro de responsabilidad civil extracontractual es de 65.331,89 euros.
Los pliegos del contrato recogen los términos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por lo que en caso de empate entre dos o más proposiciones tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se resuelve mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales: mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, menor porcentaje de contratos temporales y mayor porcentaje de mujeres empleadas. Si los criterios anteriores no dan lugar al desempate -que no es el caso de la actual licitación-, se adjudica por sorteo.
Ya solo faltan aspectos formales
De este modo, Mapfre dispone ahora de un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a que haya recibido el requerimiento, para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que exige el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Posteriormente, en los próximos días o semanas, se producirá la adjudicación y la formalización del contrato. El anuncio de licitación tiene fecha del 11 de noviembre de 2023 y la duración del contrato es desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024. La póliza se renueva así anualmente como cualquier otro seguro.
La memoria justificativa del contrato detalla que también entrarán dentro de la póliza las instalaciones radiactivas que no requieran autorización administrativa específica y que se encuentren situadas en el mismo emplazamiento que el propio reactor. Además, se consideran incluidas las instalaciones para el ATI de combustible gastado.
La central de Santa María de Garoña se inauguró en 1971
Por su parte, a los efectos de la responsabilidad civil extracontractual, se considerarán también como integrantes de la instalación nuclear objeto del seguro aquellas instalaciones, tanto propias como arrendadas existentes o de nueva construcción, que sean necesarias para que el tomador del seguro desarrolle las labores de la actividad asegurada. La póliza debe cubrir el desmantelamiento de la central y todos los trabajos precisos para llevar a cabo la clausura de la misma.
Garoña tenía una potencia instalada de 466 megavatios (MW) y se inauguró en 1971. La central se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor (empresa formada por Iberdrola y Endesa) comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero este no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo del año siguiente. Finalmente, en agosto de 2017, la solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar el proyecto de desmantelación.
Alargar o no la vida útil de las centrales nucleares
La polémica sobre si alargar o no la vida de las centrales nucleares ha cogido tono en los últimos días tras que el Gobierno haya propuesto aumentar en un 40% la 'tasa Enresa' -hasta 11,14 euros/MWh-, con la que los titulares de las centrales sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Foro de la Industria Nuclear Española, en el que se encuentran representadas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP -además de otras organizaciones-, es la voz del sector y asegura el sobrecoste del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) podría cubrirse si las centrales operaran cuatro o cinco años más. Sin embargo, ninguna de las compañías afectadas ha solicitado formalmente al ministerio que dirige Teresa Ribera renegociar el calendario de cierre pactado -en marzo de 2019-.
España tiene en la actualidad cinco centrales nucleares activas con siete reactores en total. La central de Almaraz está en manos de Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) y cuenta con dos. Ascó también tiene un par y cuenta como dueños con la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. La instalación de Cofrentes depende de Iberdrola, mientras que Vandellós se la reparten también entre Endesa (72%) e Iberdrola (28%). Por último el reactor de Trillo lo comparten Iberdrola (49%, Naturgy (34,5%), EDP (15,5%) y Endesa (1%). Además, junto a la de Santa María de Garoña, está en desmantelamiento la de José Cabrera, aunque en la fase final.
Cómo se desmantela una central
Las tareas preparatorias del desmantelamiento de una central se inician cinco años antes de la fecha prevista para el cese definitivo de explotación, y se planifica el inicio del desmantelamiento total inmediato a los tres años desde la fecha de cese definitivo. En estos tres años se llevarán a cabo las actividades de vaciado de la piscina de combustible gastado, se continuarán las tareas preparatorias del desmantelamiento y se prevé la obtención de la autorización de desmantelamiento y transferencia de titularidad a Enresa. Una vez obtenida esta autorización, se iniciarán las obras de desmantelamiento con una duración estimada de diez años
