El Parlament ha aprobado citar al presidente de ACS, Florentino Pérez, para que comparezca en la comisión de investigación de la Cámara que abordará si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor. Así se ha aprobado en una reunión de esta comisión, que también ha aprobado citar a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián y Magdalena Álvarez (PSOE).
También se ha citado al exministro y expresidente de la Generalitat José Montilla; al exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos, ambos del PSC, y a la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Unas citaciones que vienen a corroborar que el (caso) Castor está vivo. Caixabank, Bankia y Santander, que financiaron la indemnización de 1.350 millones a las empresas responsables del proyecto de gas fracasado -ACS y el grupo canadiense Dundee-, han retomado contactos para coordinar sus acciones legales, según confirman fuentes bancarias. Los tres bancos presentaron en abril una reclamación al Estado y no han recibido contestación. Los bancos se juegan en el envite 2.420 millones si se tienen en cuenta los intereses que pactaron durante 30 años y quieren mover ficha. Lo hacen cuando está por aclarar qué impacto tiene en sus cuentas el debate abierto en el Tribunal Supremo por los costes de las hipotecas, que puede suponer un coste para los bancos muy similar a esa cantidad.
Los bancos del Castor creen muy probable que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga la callada por respuesta a la demanda que interpusieron en abril. Gráficamente, una de las fuentes bancarias consultadas explica que el Ejecutivo socialista no tiene fácil dar una contestación a sus demandas "porque supone elegir entre Florentino Pérez (el presidente de ACS) o los bancos" y en esa elección no hay ganancia política.
Por esa razón, los bancos trabajan para poner fin a la tregua implícita que han mantenido con el nuevo Gobierno de Sánchez. Todo, después de que el Tribunal Constitucional tumbara en diciembre del pasado año el decreto que amparó el cierre del almacén de gas en 2014 por los terremotos que desencadenó en las costas de Castellón. El caso cuece a fuego lento aunque la versión oficial de las entidades se mueve entre el "no hay novedad" y el "seguimos trabajando".
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