Es una pugna que se viene librando desde hace años en los tribunales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe verse las caras en los juzgados con decenas de empresas sancionadas en sus resoluciones. Hay casos que pierden o en los que, al menos, se suspende la deuda. Y otros que ganan. Es el caso de un nuevo asalto en el Tribunal Supremo de su resolución contra el 'cártel de los pañales' que supuso el abono de casi 129 millones de euros. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal no han admitido a trámite el primer recurso presentado por una de las firmas, que intentó tumbar una multa de 13 millones de euros por una supuesta ocultación de la información por parte del organismo presidido por Cani Fernández.
La Comisión concluyó en 2016, después de una investigación a fondo, que varias compañías -entre ellos Ausonia, posteriormente sucedida por Procter & Gamble España- habían alcanzado acuerdos de facto para fijar precios en la venta de los pañales para adultos no hospitalizados que se comercializaban en las farmacias. Quedó acreditado que las sancionadas, desde al menos 1996, pactaron tarifas de los absorbentes financiados por la Seguridad Social. La Audiencia Nacional confirmó la mayor parte de las multas durante la última parte del año 2022 en las correspondientes sentencias.
Ahora, una de las compañías sancionadas ha recibido el portazo del Tribunal Supremo. En un auto fechado el pasado 15 de junio, consultado por La Información, los magistrados concluyen que no hay razones para tumbar la sentencia de la Audiencia confirmando la multa. En concreto se trata de 13,2 millones de euros abonados por Laboratorios Indas. Entiende que no existe interés casacional para analizar el caso.
La razón que esgrime para no entrar es que, según la Sala, la compañía buscaba que revisase la valoración de la prueba que había llevado a cabo la Audiencia Nacional, algo que no es posible en casación. "La recurrente pretende justificar su pretensión afirmando que se le denegó acceso a cierta información en el expediente cuando la Sala entiende que todos los elementos fácticos en los que se fundamenta la declaración de la infracción están disponibles en el expediente", apostilla.
En el mismo auto, el Supremo confirma que las conductas sancionadas consistían en acuerdos de precios, intercambio de información comercialmente sensible y reparto del mercado, por su participación en un cártel que operaba en ese mercado de pañales de incontinencia urinaria. Empresas como Laboratorios Indas alegaron insuficiente de prueba para sostener la imputación, el carácter no competitivo de los pactos o la imposibilidad de calificar la conducta como infracción única y continuada. Ninguno de los argumentos fue respaldado por la Audiencia y ahora el Supremo cierra definitivamente la puerta.
Según queda reflejado en el expediente de la Comisión, hay otras cuatro sentencias de la Audiencia Nacional del mes de septiembre sobre respectivos recursos de las empresas: Ontex Ausonia, Algodones del Bagés y Domtar Lux Holding. Ésta última es por su responsabilidad solidaria de la sanción de Indus y de Algodones del Bagés. Tres de ellas ya fueron confirmadas en el Tribunal Supremo en el año 2019, por lo que en los próximos meses quedan más pronunciamientos.
El caso de Ausonia es el más llamativo. Su multa fue la más dura de las impuestas por la CNMC: 68,5 millones de euros, de los que respondería solidariamente Proctcer & Gamble (empresa propietaria). Sin embargo, la Audiencia Nacional admitió el primer recurso y anuló la decisión del organismo de atribuir a la empresa propietaria la responsabilidad de las conductas. La compañía fue la que delató al resto en junio de 2013 dando la voz de alarma y solicitando la exención del pago de la sanción que pudiera imponerse.
Otros casos
El de los pañales es uno de los cárteles más destacados de los que se han desmontado por parte de la Comisión durante la última década. El último entre los relevantes es el de las seis constructoras por compartir información sobre concursos de contratación. El organismo impuso la mayor sanción de la historia, al reclamarles más de 203 millones de euros, en una resolución de hace ahora justo un año. Entendía que habían alterado durante más de un cuarto de siglo el proceso competitivo. La Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado sobre el caso pero sí que ha suspendido cautelarmente los pagos de varias de las señaladas.
En los últimos años ha habido otras victorias en los tribunales del organismo respecto a cárteles destapados. A lo largo de 2021, un total de 13 sentencias del Supremo confirmaron las multas a los fabricantes de coches (171 millones y 21 compañías); también se ha respaldado el de las 'mudanzas internacionales' (15 empresas y 4 millones de euros). Ahora acaba de llegar el de la mensajería (68 millones y tres firmas), con la admisión de los primeros recursos por la Sala de lo Contencioso. Corrió diferente suerte el de las empresas de residuos y limpieza, que lograron dejar sin efecto el expediente de casi 100 millones por un error de forma.
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