Más problemas para la operación de compra del operador regional Ahí+ por parte de Másmóvil. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador al grupo dirigido por Meinrad Spenger por no haber notificado a tiempo esta transacción al organismo regulador del sector de las telecomunicaciones. La compañía ha anunciado que recurrirá al estar en desacuerdo con esta medida, pues entiende que no era necesaria esa comunicación por el tamaño de compañía y las condiciones. Se da la circunstancia que esta transacción se encuentra hoy judicializada por el cruce de denuncias de ambas partes debido al enfrentamiento por los pagos o las condiciones finales.
Másmóvil notificó a la CNMC la operación el pasado mes de abril, tal y como avanzó La Información. Sin embargo, la transacción se había culminado mucho antes. En diciembre de 2020 se firmó la ejecución de la opción de compra sobre el porcentaje que le faltaba en el accionariado del grupo Ahí+. La valoración fue de 116 millones de euros, aunque el precio pagado por Másmóvil se redujo a algo más de 76 millones, descontando deudas que la adquirida mantenía con su nuevo dueño. Pese a no haberla comunicado, el cuarto operador ya contabilizaba en sus números tanto los clientes de banda ancha como de móvil en sus estadísticas comunicadas al mercado. Esto se contradecía con las cifras oficiales aportadas con la propia CNMC en esos meses.
Ahora, el organismo regulador del sector presidido por Cani Fernández ha comunicado la apertura de un expediente sancionador por una infracción grave al ejecutar la concentración antes de recibir la autorización formal. El expediente se abre a Xfera Móviles, que es la filial dueña de Yoigo y que a la postre fue la compradora de Ahí+. Esa infracción se refiere precisamente a completar la compra antes de notificar “o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando la misma sin que se haya acordado el levantamiento de la suspensión”.
La apertura del expediente no quiere decir que vaya a haber sanción. Según la citada ley, estas faltas tienen como tope una multa de hasta el 5% del volumen de negocios total de la empresa infractora. Prácticamente nunca se llega a esta cantidad. Hay ejemplos en el pasado como el de Grifols, que fue multada en 2015 con 106.500 euros por no notificar la compra de determinados activos de la farmacéutica Novartis. La más reciente es la que se impuso a Albia y Funespaña por la misma razón y con una cuantía de casi 400.000 euros entre ambas.
Fuentes oficiales de Másmóvil aseguran a La Información que están en completo desacuerdo con la apertura del expediente y presentarán sus alegaciones y un recurso para tratar de pararlo. En caso de que siga adelante no descartan acudir a los tribunales de justicia para defenderse. Se entiende que no era necesaria la notificación formal de la operación al organismo. Al parecer, la Comisión indicó a la compañía que existía la obligación de notificar la transacción debido a una de las sociedades del grupo de operadores regionales que no tenía actividad como tal.
Esta operación no ha estado exenta de problemas y enfrentamientos entre las partes. El grupo dirigido por Spenger anunció en el primer semestre del año su intención de ejercer la opción de compra estaba firmada desde el principio de la relación. Desde ese momento hubo un ‘tira y afloja’ por las importantes diferencias de valoración. Finalmente, pese a haber un primer amago de acudir a los tribunales, ambas partes firmaron. Pero un año después, José Carlos Oya, fundador de Ahí+, acudió a los tribunales e interpuso una demanda ante un juzgado de Madrid reclamando la resolución del contrato de compraventa y la restitución de todo el dinero alegando que había dos incumplimientos del acuerdo. Por su parte, Másmóvil presentó otra demanda en febrero por otros incumplimientos. Esta pelea en los tribunales se mantiene viva.
Una compra relevante
Ahí+ representa una de las compras más significativas de las que ha ejecutado Másmóvil en los últimos años para ganar tamaño. Se queda ligeramente por debajo de los 158 millones abonados por Pepephone y los 612 millones que desembolsó para hacerse con Yoigo en aquel año 2016 en el que se consolidó como cuarto operador. El grupo está conformado por varias decenas de pequeñas firmas, se creó en el año 2016 con el objetivo de centrarse en poblaciones pequeñas, donde no solían llegar las grandes telecos. Para ello se dedicaron a adquirir operadores locales, principalmente en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha. Además del capital de los tres socios iniciales, encabezados por José Carlos Oya (fundador de una cadena de tiendas de telefónica bajo la marca de Yoigo), consiguieron el respaldo de firmas como Trea Asset Management, que aportó financiación en forma de deuda para la carrera de compras.
La operación que sí que ha sido notificada al regulador correspondiente es la ‘joint venture’ entre Másmóvil y Orange al 50%. A finales de la pasada semana, ambas partes presentaron credenciales ante la Comisión Europea, que será la encargada de estudiar el caso debido tanto al tamaño de la operación como a la participación de empresas multinacionales. La CNMC vigilará de cerca la operación, pero no la va a analizar. Al igual que sucediera con la compra de Jazztel por la propia Orange, la última palabra la tiene Bruselas. Desde ambas partes tratan de defender en ese documento que tras la ‘luz verde’ seguiría existiendo competencia con Digi y otros operadores más pequeños. Tratan de evitar las restricciones a la compra, que irían desde la venta de la red móvil de Másmóvil a un alquiler obligatorio de las redes conjuntas a terceros a condiciones más o menos favorables.
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