Según USO

Celsa no descarta la entrada en la gestión de la compañía de un inversor nacional

Los acreedores han explicado al sindicato que han abierto un proceso en el que esperan "la máxima colaboración de todas las partes, incluida la de la antigua propiedad" para conseguir estabilidad lo antes posible.

Celsa aprueba la propuesta de USO para una gestión con inversión nacional
Celsa no descarta la entrada en la gestión de la compañía de un inversor nacional
CELSA

Los fondos de Celsa no ven con malos ojos la propuesta del sindicato USO de que "en la gestión de la compañía se permita entrar a un inversor del sector nacional". Este miércoles, a través del comunicado del sindicato tras un reunión con los acreedores, USO ha explicado que su propuesta impediría la modificación del centro de decisiones y potenciaría "un sector estratégico para la industria" española.

"Se han comprometido a mantener un nivel óptimo de interlocución con USO-Industria para explicar el Plan Industrial, prioritario para garantizar la viabilidad de todos los centros productivos y el empleo", ha añadido.

Además, según USO, los acreedores han explicado al sindicato que han abierto un proceso en el que esperan "la máxima colaboración de todas las partes, incluida la de la antigua propiedad" para conseguir estabilidad lo antes posible.

Este mismo miércoles, los fondos del Grupo Celsa han anunciado este que nombrarán a Rafael Villaseca presidente del consejo de administración de la empresa en sustitución de Francesc Rubiralta.

Apoyo desde Moncloa

Celsa se pronunció sobre la decisión de la justicia y afirmó que "llevará a cabo las acciones necesarias" contando con el apoyo de sus grupos de interés por mantener su proyecto industrial al tiempo que ha recordado que el Gobierno español todavía debe autorizar la reestructuración propuesta por los fondos.

Celsa apuntó en el comunicado que "el plan de reestructuración homologado en sede judicial significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española", y añade: "Este hecho, de acuerdo con la ley sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, requiere de una autorización expresa del Gobierno de España". De esta forma, los hasta ahora propietarios dejan claro que la toma de control por parte de los fondos todavía requiere del visto bueno del Ejecutivo.

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