El vicepresidente del consejo de administración de Barna Steel -empresa que forma parte de Grupo Celsa-, Francesc Mesegué, ha defendido que el proyecto empresarial de los fondos acreedores de la empresa "no aseguraría la continuidad el grupo". Lo ha dicho este lunes durante la primera jornada del juicio de oposición a la homologación del plan de reestructuración de la empresa, que se celebra entre este lunes y viernes y el martes de la próxima semana en el juzgado mercantil número 2 de Barcelona.
Mesegué ha apuntado que la reestructuración "sumiría a la empresa en una incertidumbre que puede llevar al desastre", ya que, según él, la intención de los fondos es vender activos cuando puedan. "Trabajar con los fondos da miedo", ha asegurado en referencia al riesgo que los proveedores dan a Celsa actualmente, lo que puede, en palabras del directivo, quebrar la confianza entre ambas partes. El consejero independiente de Barna Steel Xavier Puyol ha afirmado durante su testimonio que el plan de reestructuración presentado "es perjudicial para Celsa", ya que, ha asegurado que se trata de un plan financiero y no de negocio.
"La propuesta de los fondos es económica y va en contra de la visión de la Celsa actual, que trabaja con una visión transformadora en un plan a diez años", ha dicho y ha añadido que la propuesta de los fondos no menciona cual es el plan a largo plazo. Ha lamentado que "los acreedores no conocen el plan de negocio, no han tenido ningún interés" y que el auditor externo, textualmente, no ha preguntado nada.
Propuesta de la empresa
Una de las cuestiones que ha centrado las diferentes testificales ha sido la negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para que la empresa recibiera una ayuda de 550 millones de euros, que está congelada por la falta de acuerdo con los acreedores. Tanto el director financiero de Celsa, Javier Echevarri, como el director financiero de Celsa España, Xavier Puig, han asegurado que el equipo negociador recibía las directrices del consejo de administración de la empresa y no de la familia Rubiralta, los propietarios de la empresa.
Echevarri ha explicado que tras acordar la ayuda, la empresa entendió que era "posible renegociar con los fondos sin entrar en el capital" y ha lamentado que los acreedores de los créditos Jumbo y reconvertible no respondieran dentro del plazo otorgado por Sepi para aceptar la ayuda. Ha recordado que la empresa realizó en abril una oferta con un pago de 450 millones de euros en efectivo, la reestructuración de 662 millones de euros con deuda sénior y un nuevo instrumento de deuda adicional de 450 millones.
Puig ha defendido que Celsa no ha pagado su deuda con los acreedores desde 2020 "no por no querer" y ha recordado que esta última oferta era de casi 2.000 millones de euros. "Hemos ofrecido compensar la totalidad de la deuda", ha asegurado, y ha subrayado que Celsa está al día de todos los pagos con trabajadores, administraciones y proveedores.
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