Los fondos acreedores de Celsa comienzan a mostrar sus cartas. Los nuevos dueños de la siderúrgica catalana han contratado los servicios de Citi para una posible venta de sus filiales en Noruega, Polonia y el Reino Unido, confirman a La Información fuentes del mercado. El movimiento se produce al mismo tiempo que la compañía busca socio industrial español para que tome el 20% del capital.
Por su parte, fuentes de Celsa explican que la operación se hace para realizar una valoración de las filiales extranjeras del grupo y que la decisión responde a la voluntad que tiene la compañía de profundizar en el conocimiento y alternativas que ofrecen sus divisiones internacionales. "Se trata de un ejercicio de exploración y en ningún caso se ha tomado ninguna decisión concreta", aseguran.
Fue en septiembre de 2023 cuando el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dictó la sentencia que daba el visto bueno al plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que se convirtieron en accionistas de la compañía en sustitución de los hasta entonces propietarios -la familia Rubiralta-. Los fondos acreedores que controlan en torno el 90% de la deuda 'jumbo' y convertible son Deutsche Bank, SVP, Attestor, Cross Ocean, Anchorage, GoldenTree y Sculptor.
Compromiso de preservar la "españolidad"
Un mes después de que la Justicia les concediera luz verde para tomar el control de la siderúrgica, los fondos acreedores solicitaron al Gobierno la autorización de las inversiones tras comprometerse a preservar la "españolidad" de la empresa, considerada estratégica por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un rescate de 550 millones de euros.
La operación estaba sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros estaba sometida a la autorización de Moncloa. El escudo antiopas decretado en la pandemia exige a cualquier fondo de inversión radicado fuera de la Unión Europea pasar por el visto bueno público en caso de controlar más de un 10%. El propio Ejecutivo pidió tranquilidad a los trabajadores y se comprometió a negociar con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad de la empresa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los empleos y su continuidad en España.
Esos compromisos del Gobierno coinciden con las condiciones que se contemplaron en la sentencia judicial que avaló la operación, que hacía hincapié en la necesidad de preservar e incrementar el valor de la compañía, "manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”.
“Que esta nueva situación en sintonía con lo que sucede en las economías más competitivas del mundo, sea una buena noticia para todos dependerá del uso responsable de las extraordinarias facultades de decisión que se conceden a los acreedores, del cuidado y protección de todos los intereses en juego y de la preservación del valor empresarial y la continuidad de las compañías”, advertía la sentencia, que ha supuesto un hito en el derecho mercantil español por su trascendencia.
Cambios en la cúpula tras tomar el control
Según anunciaron los propios fondos en un comunicado, las condiciones para tomar el control de manera definitiva eran asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo; la toma de decisiones del grupo en España; y la protección del empleo y de las capacidades productivas. En el mismo escrito mostraron al Ejecutivo "su total compromiso con el objetivo de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, con el de mantener su plantilla y sus capacidades productivas en España y con el resto de los objetivos señalados".
Asimismo, ya un mes más tarde, en noviembre, avanzaban en la aplicación de su plan de reestructuración aprobado judicialmente con el nombramiento de Rafael Villaseca como nuevo presidente -no ejecutivo- en sustitución de Francesc Rubiralta. Villaseca fue consejero delegado de Gas Natural Fenosa (Naturgy) de 2005 a 2018 y en el momento del fichaje ejercía como presidente de la Fundación Naturgy y consejero de Cementos Molins y VidaCaixa. Por su parte, Jordi Cazorla tomó posesión como nuevo consejero delegado a mediados de enero de este año.
Los nombramientos se produjeron también en aplicación del plan de reestructuración, que permitirá a Celsa reducir su deuda en 1.400 millones y ampliar en cinco años el vencimiento de la deuda restante, dejando a la compañía con una situación financiera muy mejorada, según informó en su día la propia empresa. Además, en paralelo, la firma avanza en la composición de su nuevo consejo de administración. Daniel Alaminos (abogado del Estado) es el secretario y de manera provisional y como independientes se encuentran Maria Esther Alfonso Evisa, Antonio Arenas Rodrigañez, Francisco Javier Díaz-Gálvez de la Cámara y Luis Aurelio Martín Bernardo.
No obstante, el último nombramiento se ha conocido hace apenas unos días con la llegada de Borja García Alarcón como director financiero, tras haber ostentando el mismo cargo en Enagás desde 2013 hasta 2022, cuando se incorporó a Indra, compañía desde la que llega ahora a Celsa.
