Cumbre en un momento regulatorio clave. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández se acaba de reunir por segunda vez en los dos últimos años con ejecutivos de Netflix. Lo hace en pleno debate sobre lo que se conoce como ‘fair share’, es decir, el pago que le reclaman las operadoras de telecomunicaciones a estos gigantes tecnológicos para financiar las redes al ser uno de los mayores generadores de tráfico en internet. Ya el co-CEO de la empresa estadounidense, Greg Peters, marcó distancias durante el Mobile World Congress: “Tendría un efecto adverso”.
En concreto, según la agenda de las últimas semanas de Fernández que acaba de ser desvelada por la Comisión, ella mantuvo un encuentro con directivos de Netflix el pasado 28 de febrero. Precisamente era el segundo día de celebración del Mobile World Congress, cuando Greg Peters, salió a escena. Se trata del segundo encuentro que celebra la propia presidenta con la compañía, pues ya en febrero de 2021 también se vieron las caras. En aquel momento, la nueva ley audiovisual estaba en ciernes.
Uno de los asuntos más candentes que hay hoy sobre la mesa es el de la financiación de las redes de telecomunicaciones. Es un debate que no resulta novedoso pero que se ha intensificado en los últimos meses, ante la necesidad de mayores inversiones por parte de las grandes operadoras en Europa para completar despliegue de fibra, de las redes ultrarrápidas de 5G y del llamado ‘edge computing’. La que le ha dado carta de naturaleza es la propia Comisión Europea que lanzó precisamente a finales de febrero una consulta pública para analizar una potencial ‘tasa’ a los grandes generadores de tráfico, entre los que se encuentra Netflix.
Greg Peters, quien ha ganado protagonismo tras la renuncia de Reed Hastings como consejero delegado, aseguró durante su intervención en el Mobile que esa ‘tasa’ “tendría un efecto adverso” para los creadores de contenidos, “perjudicando a la comunidad creativa, el atractivo de los paquetes de banda ancha de mayor precio y, finalmente, a los consumidores”. El ejecutivo insistió en que ha invertido 60.000 millones en cinco años para el desarrollo de producción propia. “Contenido mejor y más variado, lo que hace que más personas estén dispuestas a pagar por mejores servicios de banda ancha”, apostilló.
El propio presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, reclamó durante su discurso inaugural del MWC la colaboración de estas compañías para financiar las infraestructuras. En los últimos meses, las patronales de ambos lados han protagonizado un enfrentamiento. DigitalES, la que representa a las operadoras de telecomunicaciones, ha exigido que se ponga en marcha este pago ‘justo’ lo antes posible para poder abordar las inversiones a corto y medio plazo. Sin embargo, Ametic, la patronal que representa a algunas de las grandes tecnológicas, ha pedido “prudencia” y ha advertido de que podría tratarse de una doble imposición, pues el cliente ya paga al operador para utilizar los contenidos de las grandes tecnológicas.
El pago por las redes y la nueva ley audiovisual y la 'tasa RTVE' para los gigantes del streaming son dos de los temas más candentes
El otro gran asunto sobre la mesa es la entrada en vigor ‘de facto’ de la principal medida nueva de la ley general audiovisual. Esa medida es la incorporación de Netflix y otras compañías de streaming como HBO, Amazon o Disney+ como prestador de servicios audiovisuales, lo que le obliga a aportar el 1,5% de su facturación en España para financiar la radiotelevisión española (RTVE). A esto hay que sumar también la financiación de obra europea. La primera ha empezado a ser efectiva desde el 1 de enero de 2023 tras un año de ‘bula’ otorgada en la propia normativa.
Cani Fernández ha intensificado durante su mandato como presidenta del máximo órgano de la competencia en España las reuniones con las cúpulas de las diferentes compañías tecnológicas. Además de Netflix, en febrero también se vio con directivos de Amazon Web Services (AWS), la división de servicios en la nube de Amazon. En el año 2021 mantuvo también encuentros con Google, de manera virtual, con la española Cabify, Amazon y también con la propia Netflix.
Pocas sanciones
Durante los últimos años, el escrutinio sobre este tipo de compañías tecnológicas ha ido en aumento conforme han ganado peso en la economía española y mundial. La propia Fernández advirtió a mediados de 2021 que si llegaba una denuncia “que merezca la pena” contra estos gigantes, actuarían. Pero hasta ahora, el organismo regulador ha sido especialmente tibio frente a sus homólogos en países como Francia o Italia, donde se han ejecutado sanciones relevantes durante los últimos años. El caso más destacado que tiene entre manos es el del potencial acuerdo anticompetitivo entre Apple y Amazon para la venta de productos de la primera en la tienda de la segunda.
La realidad es que ha habido muy pocos procedimientos con denuncias relevantes en los últimos años. En 2021 exigió a Microsoft el pago de una pequeña multa de 7.200 euros por no dar de alta en el registro de operadores a su plataforma de mensajería y videoconferencias Skype. Un año más tarde, en junio de 2022, terminó un procedimiento sancionador a Amazon con acuerdo. Se redujo la multa hasta los 14.000 euros y la causa es prácticamente idéntica a la de Microsoft. En el pasado ha habido otros casos menores de demandas por prácticas anticompetitivas de Google y otros que han sido archivados.
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