Nuevo capítulo judicial de la batalla legal de las VTC en España. Cabify ha perdido el primer asalto judicial en su pugna con Uber. La compañía española había demandado a la multinacional estadounidense por competencia desleal al entender que había inducido a su socio de referencia Auro, la segunda mayor flota de VTC de España, para que incumpliera el acuerdo de exclusividad que tenían firmado. Y el Juzgado de lo Mercantil de Madrid lo descarta en una sentencia que es recurrible ante la Audiencia Provincial. En los últimos tres años se han emitido varios laudos arbitrales por esa ruptura del contrato, aunque muchos ojos están puestos en el Tribunal Constitucional que debe pronunciarse.
Cabify y Auro unieron sus destinos en 2017. La primera financió la compra de licencias VTC por la segunda -en cuyo accionariado estaban Félix Ruiz (Jobandtalent) o Zaryn Dentzel (Tuenti)- con más de 45 millones de euros. La contraprestación era una exclusividad total: no podía operar con otra 'app' de transporte y ponía a disposición sus 2.400 VTC (clave en un mercado regulado y con escasez de permisos). Entre finales de 2018 y principios de 2019 todo salta por los aires. La startup fundada por Juan de Antonio compra la mayoría de Vector Ronda -controlada por Rosauro Varo-. Auro decide lanzar su propia aplicación, después de lograr una refinanciación de la deuda que mantenía con la tecnológica tras dos impagos consecutivos y la declaración (en secreto) de preconcurso de acreedores. Eso desemboca en el primer laudo arbitral. Más adelante, la plataforma de licencias empieza a operar en 'multiplataforma' y se alía con el rival directo, Uber.
La empresa española presenta en el Juzgado de lo Mercantil una denuncia por "competencia desleal por inducción a la infracción contractual". Pedía que se declarara la deslealtad de la conducta de Uber por "inducir" a Auro a saltarse la cláusula de no competencia aprovechándose desde un punto de vista comercial. También reclamaba que cesara la actividad con su socio y que la estadounidense indemnizara por los daños y perjuicios ocasionados. El juez no accede a ninguna de las peticiones en una sentencia de 18 páginas fechada a finales de septiembre y consultada por La Información.
En la sentencia, el magistrado de Lo Mercantil hace mención a los dos incumplimientos del contrato que a juicio de Cabify son el origen de esta pugna. El primero es el lanzamiento de la 'app' propia. Este es el que motivó el primer laudo arbitral que fue anulado por el TSJ de Madrid -y que se pronunció a favor de la flota de VTC- y otros procesos judiciales en paralelo. El segundo frente surgió cuando Auro empezó a trabajar con Uber. Y ésta es la clave de esta batalla por competencia desleal. En 2021, según reza la sentencia, estas dos partes firmaron un acuerdo comercial y de refinanciación. La estadounidense aportaba una línea de crédito de 20 millones para la refinanciación de su nuevo socio y para afrontar el pago de los 32 millones de deuda viva con Cabify. No había exclusividad pero como prenda se aportaban las acciones de decenas de filiales de Auro.
El juez entiende que no hay inducción a infringir el contrato ni tampoco competencia desleal por aprovechar el incumplimiento "con la intención de eliminar a un competidor del mercado"
Para el juez no existe competencia desleal por la inducción de trabajadores, proveedores o clientes a infringir los deberes contractuales básicos. Entiende que no cabe inducción si el que incumple estaba decidido a hacerlo. "Auro ya está determinado a incumplir el contrato con Cabify por propia decisión; y tiene un motivo poderoso para ello: evitar perder su activo fundamental, que son las 2.400 licencias VTC". Argumenta que la decisión "no es inducida por Uber, sino que es la decisión más lógica o menos mala para el deudor". Y apostilla que la estadounidense "no crea la ocasión, pero se aprovecha de ella para su negocio".
El otro argumento para respaldar esa competencia desleal por el aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena "con la intención de eliminar a un competidor del mercado". Y este tampoco lo acoge el juez. Durante el transcurso del procedimiento judicial, Cabify manifestó que la utilización de la 'app' propia de Auro sin exceder de la disponibilidad el 5% del tiempo de los coches no supone un incumplimiento, según relata el magistrado. "Si no hay incumplimiento contractual, Uber no podía conocer algo que no existía y por lo tanto no se cumplen los requisitos", apostilla.
Con estos argumentos, el magistrado del Juez de lo Mercantil Número 15 de Madrid concluye en su sentencia que cabe la desestimación de la demanda interpuesta por la filial española de Cabify contra la matriz de Uber radicada en Países Bajos. La decisión puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Esto abre la puerta a mantener vivo este procedimiento que se suma a los numerosos que esta batalla entre las tres partes ha acumulado en estos cuatro últimos años.
Uber firmó con Auro, socio de Cabify, una línea de crédito de 20 millones para su refinanciación y para afrontar el pago de la deuda viva con la española
Auro-Cabify, un embrollo de 4 años
Hay que recordar que, al margen de esta demanda por competencia desleal, hay abiertos hasta seis procedimientos diferentes (además de las peticiones de suspensiones cautelares). El primer laudo arbitral, a solicitud de Cabify por el primer incumplimiento con la 'app' Travel y en la que se le pedía el pago de 15,7 millones, se saldó a favor de ésta última. El TSJ de Madrid anuló esta decisión en octubre de 2021. Auro acudió al Tribunal Constitucional, presentando un recurso de amparo que fue admitido a trámite el pasado mes de junio de 2023. Como consecuencia de esa anulación por el TSJ, Cabify abrió otro proceso arbitral en diciembre de 2021 para evitar que su socio operara en Uber. Aquí solicitó el desembolso de una pena convencional de 58 millones y una indemnización de 32,5 millones. También ha habido arbitrajes mutuos con Cibeles Comfort Car, una filial de Auro.
Por otra parte, Auro interpuso en marzo de 2021 una demanda de juicio ordinario contra Cabify en el que solicitó una determinada interpretación de la cláusula del contrato de financiación entre ambas partes. Este proceso habría quedado en suspenso a la espera de lo que sucediera con el Constitucional. Se pidieron medidas cautelares, que no se aprobaron. Por tanto, todos los ojos siguen estando en lo que suceda en el Tribunal Constitucional. Aunque por lo pronto, la primera batalla con Uber ya se ha sustanciado.
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