Impacto en la competencia

Bruselas 'para el reloj' y pide más tiempo para analizar la fusión Orange-Másmóvil

La Comisión Europea tomará una decisión más allá del 4 de septiembre, que había marcado como fecha límite. Las potenciales medidas correctoras son las que están sobre la mesa del departamento de Competencia.

Fusión Orange y MásMovil
Bruselas pide más tiempo para analizar los efectos de la fusión Orange-Másmóvil
EFE

La Comisión Europea ha decidido 'parar el reloj' en el proceso de revisión de la fusión de Orange y Másmóvil en España. El organismo pospone 'sine die' la autorización, a la espera de estudiar los efectos de la transacción en el mercado residencial. Deberá analizar si realmente son necesarias medidas correctoras para compensar la reducción de la competencia en dicho segmento. Ninguna de las dos compañías han querido hacer público si plantearán 'remedies' voluntarios para tratar de aplacar las dudas del regulador.

El organismo ha hecho pública la decisión este mismo viernes. Aunque no se ha fijado una fecha límite nueva. Se trata de lo que se conoce como 'parada de reloj', regida por el artículo 11 de la regulación europea. Por tanto, podría alargarse hasta el último trimestre del año. La propia Orange se mostró confiada en poder contar con la 'luz verde' en septiembre para así poder llevar a cabo todos los trámites y finalizar la transacción a finales del ejercicio.

Esta es una operación muy relevante para la que la Comisión Europea ya optó por una investigación más a fondo en una segunda fase. El pasado mes de junio planteó lo que se conoce en el argot como 'pliego de cargos', donde explica cuáles son sus dudas sobre cómo podría afectar a la competencia la unión de ambas compañías, que generaría el mayor grupo por clientes en España por encima de Telefónica. En ese estudio eliminó las preocupaciones respecto al mercado mayorista -alquiler de redes fijas y móviles a otros operadores- pero mantuvo las vinculadas al minorista.

En ese documento, advertía que podía haber una "menor presión competitiva" al eliminar un "rival innovador" en ese mercado minorista, lo que podría acarrear "grandes subidas de precios". "Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales, incluso teniendo en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto en el que la competencia ha sido un motor de inversión y calidad de los servicios en el mercado", explicaba el regulador.

El consejero delegado de Orange España, Ludovic Pech, aseguró durante la presentación de los resultados de la empresa esta semana que ellos mantenían conversaciones con Bruselas para tratar de reducir esas dudas, pero no quiso entrar en potenciales medidas correctoras voluntarias. Habitualmente, el organismo europeo da la oportunidad a las partes para que presenten propuestas que van desde la venta de activos a la apertura de las redes a condiciones preferentes a terceros para lograr esa 'luz verde'. Es, por ejemplo, lo que sucedió en Reino Unido con Cellnex y la compra de los activos de Hutchison. La española presentó la venta de unas torres a la CMA -'vigilante' de la competencia en el país- y ésta la dio por buena como forma de compensar la concentración.

Esta es una transacción que juega un papel determinante en la regulación de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Después de años con una estricta política, basada en la necesidad de que exista un cuarto operador (conocido como 'Maverick')  con red propia, esta es la primera gran transacción que hará las veces de examen. Será un termómetro sobre si el organismo dirigido por Margrethe Vestager abre más la mano.

Una operación relevante

"Seguimos confiando en el resultado del precios y vamos a seguir trabajando para transmitir a la Comisión los beneficios de la operación para los consumidores y las empresas", aseguró en junio el cuarto operador, que ha defendido en los últimos meses, al igual que Orange y otros rivales como Vodafone y Telefónica, que la aprobación sin 'remedies'.

La unión de ambos con una 'joint venture' al 50%, que fue negociada en exclusiva desde marzo hasta julio del año pasado, generará un grupo de una valoración de 18.600 millones de euros, de los que 7.800 millones corresponden a la división española del grupo francés y 10.900 millones a la de la operadora dirigida por Meinrad Spenger. Entre ambos sumarán más de 31 millones de clientes. De estos, según sus propias cifras, un total de 24,8 millones serían líneas móviles, mientras que 7,1 millones son contratos de banda ancha fija. Los ingresos globales superarían la barrera de los 7.300 millones de euros, con un resultado operativo (Ebitda) de más de 2.200 millones.

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