Existen varios indicadores para medir la eficiencia de la contratación pública, y en el caso del mercado español se han detectado incoherencias que afectan a su correcto funcionamiento. Algunas de ellas, como las relacionadas con el retraso en el pago a proveedores o la modificación de contratos una vez adjudicados, vienen de atrás y preocupan a la Comisión Europea. Hasta el punto que la falta de voluntad y diligencia del Gobierno a la hora de corregir estas deficiencias han motivado diversos ultimátums por parte de Bruselas, que acaba de abrir un expediente sancionador que, de llegar a concretarse, podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La incoación del procedimiento viene motivada por el incumplimiento en materia de contratación pública. En su último paquete de procedimientos de infracción, el Ejecutivo comunitario manifiesta sus dudas sobre si la legislación española ha transpuesto correctamente la directiva europea relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que los Estados miembros debería haber adoptado a su ordenamiento jurídico en 2016. Aplica a todas las concesiones con un valor igual o superior los 5,3 millones de euros.
La directiva se creó para, entre otros objetivos, definir un marco jurídico adecuado en la Unión que mejorase las posibilidades de acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado público, toda vez que el principal criterio de adjudicación suele atender al precio más bajo. Y a juicio de la Comisión, el Gobierno español no está siendo capaz de garantizar una mejor relación calidad-precio de las compras públicas para que este tipo de mercantiles encuentren mayores oportunidades.
La revisión de precios provoca que muchas empresas renuncien a concursos
Del mismo modo, aunque considera que ha seguido la recomendación de establecer que los criterios de selección se refieran exclusivamente a la capacidad profesional, técnica y económica de los operadores, reprocha al Gobierno el método utilizado para calcular el valor estimado de los contratos en casos específicos. Sobre todo en licitaciones donde, por la particularidad del encargo, el presupuesto no se ajusta a los niveles del mercado privado, tanto por arriba como por abajo.
Para la Comisión, esta deficiencia se hace más evidente en aquellos contratos donde las modificaciones del valor obligan a impulsar un nuevo procedimiento de licitación. Además del evidente retraso en los plazos de concesión, la revisión en los precios hace que muchas empresas se apeen por una cuestión de costes. Ello pese a que la directiva trataba de prever estas situaciones estableciendo un umbral mínimo de variaciones.
La apertura del procedimiento de infracción implica el envío de una carta de emplazamiento con la que Bruselas da a España un plazo de dos meses para responder y plantear soluciones. Si el asunto no se revuelve pasado este plazo, el expediente pasaría a la siguiente fase, un dictamen motivado como último aviso antes de elevar el caso a la justicia europea. Con todo, el Gobierno tiene experiencia sorteando estas situaciones, ya que en junio fue instada a reducir los "excesivos" y "persistentes" retrasos de la administración pública para ponerse al día con las facturas de los proveedores privados. Sobre todo por parte de las comunidades autónomas.
Aunque se dio a España un plazo de dos meses para ofrecer una respuesta satisfactoria a estas alegaciones y evitar la judicialización del exceso de morosidad, problema del que se tiene constancia desde 2015, cuando se abrió el expediente, el asunto todavía no se ha elevado a Luxemburgo. No obstante, en su momento Bruselas reconoció los esfuerzos realizados para mejorar la puntualidad en los pagos y "evitar pérdidas a empresas, en especial a pequeñas y medianas empresas".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios