Bruselas espera un paso al frente del Gobierno para financiar el Midcat, el proyecto para construir una tercera interconexión gasista entre España y Francia a través de los Pirineos. Existen fondos para ello, pero para desbloquearlos es precisa la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien debe abanderar la inclusión del citado gaseoducto en el listado de Proyectos de Interés Común europeos (PCIs por sus siglas en inglés) que debe renovarse el próximo año.
Desde que la emergencia energética provocada por la ofensiva militar rusa en Ucrania reactivó el debate sobre el Midcat, el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han arrastrado los pies en este asunto. En un primer momento, la máxima responsable de política energética se mostró contraria a retomar las obras. Tras siete meses de guerra, Ribera ha moderado su postura, pero ni la ministra ni ninguno de los miembros del Gabinete han movido los hilos en Europa para promover activamente un proyecto que podría asegurar al país un papel decisivo como hub de entrada de gas a Europa.
A diferencia de otros países como Italia, que han aprovechado la actual coyuntura para consolidar su papel estratégico en el mapa energético comunitario, el Gobierno sigue jugando a la contra. No por mucho tiempo. El próximo año se someterá a revisión la propuesta bianual de los llamados PCIs, proyectos transfronterizos clave de infraestructuras energéticas. En España, la competencia para la autorización de estos proyectos es del ministerio que capitanea Teresa Ribera, a través de la dirección general de Política Energética y Minas.
La última lista -la quinta desde que se inició este sistema- se publicó en noviembre de 2021. Incluyó 98 proyectos, sin respaldar ningún nuevo plan de infraestructuras de gas, de acuerdo con el propósito de la UE de excluir de este grupo los proyectos de hidrocarburos. Tras el estallido del conflicto bélico, la Comisión Europea ha renunciado a este veto y ha abierto la puerta a financiar instalaciones como el Midcat, como recogió el plan RePower EU publicado el pasado mayo, donde el Ejecutivo comunitario dio prioridad a acabar con la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, frente a otras consideraciones.
En cuestión de meses, el Gobierno deberá poner negro sobre blanco su postura frente al Midcat. El eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, asegura en una llamada con La Información que la financiación no es el problema, dado que la Comisión ha mostrado su disposición a aportar los fondos necesarios para construir la infraestructura. "No es una cuestión económica, sino de voluntad política", incide.
En la misma línea, Bauzá recuerda que, en una respuesta sobre el Midcat del 24 de febrero, la propia Comisión Europea aseguró que el Gobierno de España se opuso a los nuevos proyectos de gas en 2019, cuando el Midcat se quedó a las puertas de obtener la calificación de PCI. Fuentes del sector empresarial que prefieren mantener el anonimato inciden en que la actual coyuntura debería hacer recapacitar al Gobierno y, en especial, a la vicepresidenta tercera. "España tiene una oportunidad histórica para reforzar su peso geoestratégico en Europa. El Ejecutivo debe adoptar un papel activo en este asunto y dejar a un lado el radicalismo energético".
Nuevo frenazo en el Nord Stream
El pasado viernes el mercado internacional del gas natural volvió a vivir una jornada de máxima tensión. El precio de esta materia prima en el hub holandés TTF llegó a dispararse en la jornada de ayer un 7% después de que Gazprom, la estatal rusa de hidrocarburos, anunciase un nuevo corte del bombeo hacia centroeuropa por el gaseoducto Nord Stream 1 durante 72 horas por cuestiones técnicas.
Tras conocerse el nuevo parón, la cotización del TTF marcó un máximo intradía de 261 euros/MWh. Aunque se moderó al cierre hasta los 257 euros, se trata de un nivel que jamás se había alcanzado al termino de una jornada de negociación. La última hora sobre el Nord Stream 1 mete presión a Berlín y da peso a las palabras del canciller alemán, Olaf Scholz, que hace una semana defendió la necesidad de desplegar un gasoducto ibérico que conecte el sur y el centro de Europa. Las declaraciones de Scholz motivaron un giro en el discurso de Teresa Ribera que, 24 horas después del clamor de Berlín, afirmó que el gaseoducto podría estar listo en ocho meses.
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