Endesa se suma a las advertencias de Repsol contra la continuidad del impuesto energético que plantean PSOE y Sumar. "Reduce la capacidad de invertir en comparación con otros jugadores europeos", ha dicho el consejero delegado de la eléctrica, José Bogas, en una conferencia con analistas tras presentar resultados a septiembre.
Bogas, que no ha condicionado directamente las inversiones de Endesa en España si el gravamen se convierte en permanente como sí ha hecho la petrolera, lo ha calificado de "discriminatorio e injustificado" y también ha considerado que "no sigue la legislación y la regulación europea". "Es discriminatorio para las eléctricas españolas, ya que disminuye nuestra capacidad de inversión respecto a otros actores europeos. Tenemos una desventaja competitiva en términos del mercado europeo, y esto no tiene sentido", ha subrayado.
Endesa registra en sus cuentas un impacto de 208 millones de euros por este concepto, según el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por su parte, el gasto por Impuesto sobre Sociedades se situó en 433 millones de euros entre enero y septiembre, con una disminución de 149 respecto al mismo periodo del año pasado.
La tasa efectiva de la eléctrica entre enero y septiembre fue de un 28,8% (25,6 % el año anterior) como consecuencia, entre otros aspectos, del gasto fiscalmente no deducible relativo al gravamen temporal enérgico y de la limitación en la exención de dividendos vigente desde el 1 de enero del 2021 por importe de 15 millones de euros. Sin tener en consideración estos efectos, la tasa efectiva del periodo se habría situado en un 24,3%.
revisión del plan estratégico
- Endesa dará cuenta al mercado de su 'nueva' hoja de ruta para el periodo 2024-2026 el 23 de noviembre, justo un día después que su matriz, Enel. No obstante, no se trata de un 'Capital Markets Day' cualquiera para la compañía española, sino que el inversor estará más pendiente que nunca tras que este mismo año se haya producido una revolución en la cúpula del grupo energético transalpino.
Por su parte, Repsol, que presentará la actualización de su plan estratégico el 22 de febrero, ha sido más dura y ha avisado de que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país" podría condicionar los futuros proyectos industriales de la compañía España. "La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país. En cambio, favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España", dijo tras presentar resultados la semana pasada.
El impuesto grava los ingresos no regulados en España con un tipo del 1,2% de empresas con una facturación superior a 1.000 millones euros. En principio, se trataba de un impuesto temporal para dos ejercicios -gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, respectivamente-, aunque la propia normativa ya prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.
La Audiencia Nacional rechazó aplicar la suspensión cautelar
Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy lo han recurrido, aunque fue la compañía dirigida por Josu Jon Imaz quien marcó la pauta. El 8 de febrero, un día después de aprobarse la orden, la petrolera presentó un recurso instando la suspensión temporal de la norma. La Audiencia Nacional rechazó la suspensión cautelar, al considerar que no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos (llevando a efecto las compensaciones necesarias). Repsol prevé pagar hasta 450 millones por este impuesto extraordinario.
Bajo su acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición, PSOE y Sumar aseguran que revisarán los gravámenes "sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".
