El (caso) Castor está vivo. Caixabank, Bankia y Santander, que financiaron la indemnización de 1.350 millones a las empresas responsables del proyecto de gas fracasado -ACS y el grupo canadiense Dundee-, han retomado contactos para coordinar sus acciones legales, según confirman fuentes bancarias. Los tres bancos presentaron en abril una reclamación al Estado y no han recibido contestación. Los bancos se juegan en el envite 2.420 millones si se tienen en cuenta los intereses que pactaron durante 30 años y quieren mover ficha. Lo hacen cuando está por aclarar qué impacto tiene en sus cuentas el debate abierto en el Tribunal Supremo por los costes de las hipotecas, que puede suponer un coste para los bancos muy similar a esa cantidad.
Los bancos del Castor creen muy probable que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga la callada por respuesta a la demanda que interpusieron en abril. Gráficamente, una de las fuentes bancarias consultadas explica que el Ejecutivo socialista no tiene fácil dar una contestación a sus demandas "porque supone elegir entre Florentino Pérez (el presidente de ACS) o los bancos" y en esa elección no hay ganancia política.
Por esa razón, los bancos trabajan para poner fin a la tregua implícita que han mantenido con el nuevo Gobierno de Sánchez. Todo, después de que el Tribunal Constitucional tumbara en diciembre del pasado año el decreto que amparó el cierre del almacén de gas en 2014 por los terremotos que desencadenó en las costas de Castellón. El caso cuece a fuego lento aunque la versión oficial de las entidades se mueve entre el "no hay novedad" y el "seguimos trabajando".
Enriquecimiento injusto
Santander, Caixabank y Bankia dejaron de cobrar en enero los 80 millones pactados cada año durante tres décadas. Por eso presentaron una "reclamación del Estado legislador" en abril. Ella argumentaron un "enriquecimiento injusto del Estado" por paralizar los pagos. En teoría, el Gobierno disponía de medio año para contestar a la reclamación que interpusieron los bancos el 6 de abril. Ni contestó el Gobierno Rajoy, ni ha contestado el Gobierno Sánchez.
La ofensiva está preparada. Además de los potentes departamentos jurídicos de las entidades, los bancos han contratado como asesores externos al despacho británico Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales.
La inquietud bancaria, los recursos y la pugna política mantienen vivo el caso. En junio del pasado año pareció que el asunto quedaba enterrado en la vía penal cuando la Audiencia Nacional archivó la querella presentada por varias asociaciones ciudadanas contra los responsables de la construcción (Florentino Pérez entre ellos) y contra cinco exministros del PSOE y del PP, entre otros altos cargos.
Recurso de amparo en el TC
Pero las plataformas que plantearon la querella, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), han presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es el paso previo antes de acudir a los juzgados y las instituciones de la Unión Europea. En su recurso, los querellantes defienden la necesidad de "practicar una mínima investigación" con el fin de poner en cuestión "la impunidad" de las conductas de presunta corrupción en torno al proyecto.
El caso Castor también está vivo en el Congreso. Todos los grupos políticos votaron en septiembre a favor de la propuesta de Podemos y Compromís para constituir una comisión de investigación sobre el caso. El diputado de Podemos, Josep Vendrell, asegura que aunque la comisión aún no tiene fecha de constitución, su formación va ser "insistente" para que empiece a trabajar cuanto antes.
Las denuncias por lo sucedido con el almacén de gas llegarán también al Parlamento Europeo en noviembre. Un informe elaborado por expertos de ODG llevará a Bruselas, para su análisis y debate, un informe en el que se recogen diez casos internacionales en los que la colaboración público-privada en grandes proyectos ha acabado esquilmando dinero público. El Castor es uno de los casos, según el estudio.
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