La banca acreedora del almacén de gas Castor -Bankia, Banco Santander y Caixabank- demandó en diciembre al Gobierno ante el Supremo para reclamar los 1.350 millones de euros que adelantaron para que el Estado indemnizara a ACS y al grupo canadiense Dundee tras la paralización del proyecto en 2013. La demanda forma parte de una estrategia basada en la idea de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a mantener el silencio administrativo hasta que haya una sentencia en firme sobre el caso, según apuntan fuentes jurídicas cercanas al caso. El silencio es más que una hipótesis porque un acuerdo con los bancos demandantes supondría repercutir en el recibo del gas la cantidad reclamada, algo más que impopular en año de elecciones.
El caso Castor sigue vivo en los tribunales y no sólo por la banca. El Tribunal Constitucional ha notificado esta semana que rechaza el recurso de amparo interpuesto por colectivos ciudadanos contra el rechazo de la Audiencia Nacional a la querella que interpusieron contra los responsables del fiasco del almacén de gas, entre ellos cinco exministros del PP y del PSOE.
Con la vía penal cegada en España, el pleito sigue en la vía de lo contencioso administrativo. Los tres bancos acreedores la iniciaron en abril de 2018 con la presentación de una reclamación "ante el Estado legislador" en la que sostenían que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley no debía ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Seis meses después, y ante el silencio de la Administración -primero del Ejecutivo del PP y luego del Gobierno de Sánchez- tocaron la puerta del Supremo con otra demanda para reclamar lo adelantado.
Daños y perjuicios
La estrategia de los tres bancos, según las fuentes jurídicas consultadas, se basa en solicitar los daños y perjuicios causados por la desaparición de los derechos de cobro que respaldó el Estado. Traducido a euros: los 1.350 millones adelantados a ACS y sus socios más los intereses. Para los abogados de los bancos se trata de una deuda pendiente, equiparable a una reclamación por el hipotético impago de bonos del Estado.
En la estrategia legal de los bancos hay palo y hay también zanahoria. La banca ofrece al Gobierno una salida para suavizar el impacto de su posible derrota en el Supremo: en lugar de cobrar en un único pago la cantidad reclamada estaría dispuesta a recibirla en cómodos plazos; por supuesto, con sus correspondientes intereses. Es una forma de recuperar el esquema de financiación que pactaron los bancos al comienzo: adelanto de los 1.350 millones a cambio de recuperarlos en 30 años con un 4,3% de interés. Total: 2.420 millones.
El enfrentamiento banca-Estado se inició en diciembre de 2017 cuando el Tribunal Constitucional tumbó el decreto por el que el Gobierno del PP autorizó la indemnización a ACS y a sus socios. El Constitucional no cuestionó la indemnización, pero sí el vehículo utilizado -el decreto- reservado para asuntos de urgencia. Con la sentencia se vino abajo el acuerdo alcanzado con la banca para financiar la hibernación del almacén. Empezó una batalla que aún puede durar meses.
Los departamentos jurídicos de Bankia, Caixabank y Santander marcan las líneas generales de la estrategia. Pero cuentan también con el apoyo del bufete británico Linklaters, que tiene una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales. Linklaters ha intervenido, entre otros asuntos, en la suspensión de pagos y reestructuración de deuda de Abengoa. BP, Air France o EDF también han contado con sus servicios de asesoramiento.
La pelea en los tribunales se mantiene cuando el Gobierno ya ha decidido qué hacer con el almacén que provocó centenares de microterremotos en las costas de Castellón. La instalación será sellada de forma permanente y desmantelada, según afirmó en el Senado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La clausura del almacén evitará unos gastos estimados en unos nueve millones de euros al año. Pero los 1.350 millones del litigio con la banca penden como una espada de Damocles sobre el bolsillo de los usuarios. No será una novedad. En el BOE -órdenes de peajes- se recoge con detalle cómo una gestión del sistema gasista discutible desde hace más de una década ha afectado al bolsillo de los ciudadanos. La lista es amplia: el fracasado almacén de gas Castor; la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia, y la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón).
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