La Audiencia Nacional ha confirmado la Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de julio de 2019, que consideró que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel e intercambiaban información comercial sensible. De esta manera, la sentencia acreditada la existencia de intercambios de información sobre precios y otras condiciones comerciales entre empresas competidoras del sector lácteo, a través de las dos asociaciones investigadas, las más representativas.
En concreto, el tribunal ha dictado nueve sentencias, una por cada mercantil recurrente, confirmando las multas de 8,5 millones de euros impuestas a Calidad Pascual; de 53.310 euros a Central Lechera Galicia; de 11,6 millones a Grupo Lactalis Iberia; de 6,8 millones a Nestlé y de 929.644 euros a Schreiber Food España, según consta en los diferentes fallos de la Audiencia Nacional.
No obstante, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por Comercial Alimentaria Peñasanta, a la que se le había impuesto una multa de 21,8 millones de euros; Danone, con 20,2 millones de euros; Industrias Lácteas Granada (Puleva), sancionada con 10,2 millones de euros; y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), tras "entender que algunos de los periodos investigados están prescritos".
En líneas generales, las sentencias de la Sección Sexta de lo Contencioso confirman las sanciones por infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007 y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE en materia de competencia cometida por las empresas investigadas entre los años 2000 y 2013.
Los ganaderos también estaban involucrados
Igualmente, se entienden acreditados los contactos sobre ganaderos con el fin de informar o acordar estrategias, así como los intercambios de información sobre excedentes de leche para la gestión de los mismos.
La prueba analizada, según la Sala, pone de manifiesto que a lo largo del periodo infractor, las empresas -mediante el intercambio de información- redujeron el nivel de incertidumbre entre ellas, "con la consiguiente disminución de la competencia y del poder de negociación de los ganaderos".
Y considera que el fin era el de "controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca", lo que, a juicio de la Sala, "configura la infracción única y continuada, al margen de que no todas las empresas hayan participado en todas las conductas".
