Las asociaciones de minoritarios apoyan a Ferrovial y defienden su derecho a decidir

Algunas asociaciones de accionistas minoritarios se muestran a favor de las decisiones que ha tomado la multinacional española de infraestructuras y apoyan el derecho de Ferrovial de decidir acerca del traslado de la sede social a Países Bajos. Además, hacen un llamamiento a los poderes públicos para velar por el cumplimiento de la ley.

Junto a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), la asociación internacional World Federation of Investors (WFI) y la europea Better Finance se han posicionado a favor de la empresa de infraestructuras mediante el envío de un comunicado.

Al detalle, estas organizaciones han recalcado la importancia de garantizar los derechos de los accionistas como propietarios de la empresa, manifestando las ventajas del proyecto propuesto por Ferrovial y que se someterá a votación de los accionistas en la próxima junta general del próximo 13 de abril.

Beneficios del traslado de sede

Para las asociaciones internacionales, esta propuesta de fusión transfronteriza supone "ventajas", no solo por "la mayor dimensión internacional y notoriedad" que esta operación daría a la marca Ferrovial, sino porque consideran que, con el traslado a Países Bajos, la compañía accedería "a una mayor liquidez, con una mejora de las condiciones de financiación y a una plataforma óptima para operar en Estados Unidos".

Igualmente, tanto la federación europea como la internacional han subrayado la garantía de las libertades fundamentales de la Unión Europea, como son la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento reguladas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de forma que cualquier limitación de los mismos "va directamente en contra de los intereses de los accionistas de Ferrovial".

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Del mismo modo, tanto la federación europea como la internacional han subrayado la garantía de libertades fundamentales en la UE, como lo son la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento reguladas en el Tratado de Funcionamiento

Asimismo, han recordado que los poderes públicos "deben velar siempre por el cumplimiento de la ley y de los derechos fundamentales europeos, que incluyen el respeto de los derechos de los accionistas y, en consecuencia, de la voluntad social de las empresas".