No habían pasado ni quince días de este año 2023 y ya se habían formalizado dos dimisiones en el sector de las telecomunicaciones: la del consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, y el de su homólogo Vodafone, Colman Deegan. Era premonitorio de la agitación que se iba a vivir después. Los grandes nombres de este mercado encaran el cierre de un ejercicio en el que se confirma que Telefónica volverá a tener participación estatal -y de un operador árabe-; la primera operadora con licencia móvil en España certifica su salida del país y Orange y Másmóvil deben dar más fuerza a un hasta hace no mucho un operador desconocido para el gran público con el objetivo de superar el duro examen de Bruselas.
Las operadoras llegaban a este periodo que ahora toca a su fin especialmente desgastadas por muchos trimestres de dura batalla comercial y con la sensación general de que ese ‘statu quo’ estaba a punto de romperse. La realidad es que lo que hizo fue saltar por los aires. Ese deterioro tuvo un reflejo en bolsa, que fue la antesala del terremoto accionarial en Telefónica. Al margen de los amagos de algún fondo activista en el pasado, la cúpula de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete había sido una ‘balsa de aceite’. Hasta este histórico año.
El presidente ejecutivo de la dueña de Movistar se había encargado en un ‘roadshow’ sostenido durante los últimos años de explicar las bondades de la operadora y la posibilidad de invertir ante la caída de la acción. “Si te explico el plan de Telefónica te pones morado a comprar acciones”, aseguraba con en febrero de 2020. Se reunió con todos los fondos internacionales, también los soberanos, para lograr ese 'caballero blanco' que reforzara el capital. PIF es el fondo estatal de Arabia Saudí y es el que controla STC, la teleco homóloga de aquel país. La compañía irrumpió a principios de septiembre anunciando la compra de hasta un 9,9% de la empresa. Ese desgaste había hecho que esa posición valiera apenas 2.000 millones.
Esa debilidad ante una operación sorpresiva como esta -el anuncio llegó con Álvarez-Pallete en Estados Unidos en varios eventos con inversores- llevó al Gobierno a resucitar aquella vieja aspiración de entrar en el accionariado de “la empresa más estratégica de España”, en palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño. Eso se tradujo en la autorización del Consejo de Ministros de hace una semana en la que se comprometía a igualar la oferta de los saudíes, ante la negativa de estos a quedarse en el 4,9% -y no entrar en el consejo-. Conclusión: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales será máximo accionista. El accionariado se revoluciona un cuarto de siglo después de una privatización completa -que contrastaba con las parciales que hicieron Francia o Alemania y que le permitieron llegar a esta crisis del sector con posiciones públicas relevantes-.
Esa misma debilidad del mercado español, especialmente competido en precio y con mucha presión en el ‘bajo coste’, había colocado el negocio de Telefónica aquí en la mirilla de los analistas de Telefónica. El grupo debía preparar una nueva hoja de ruta y el ‘runrún’ interno sobre un nuevo plan de bajas se intensificaba, como había sucedido en otras ocasiones. Pero una nueva época requería nuevas medidas: se descartó un plan de bajas (PSI) y se puso sobre la mesa un ERE -no se hacía desde el controvertido de 2011- que finalmente se ha pactado en tiempo récord con los sindicatos y que implicará 3.400 salidas -un 20% del total de la plantilla entre las tres principales filiales-.
En Vodafone, la debilidad también pasó factura. Lo primero fue la salida de Colman Deegan como CEO tras apenas dos años y medio en el cargo. La operadora colocaba a una persona de la ‘casa’ ante lo que pareció en ese momento un movimiento temporal a la espera de ver qué hacía con la filial. Dos meses después de la toma de posesión de Mario Vaz se hacía oficial: la empresa abría una “revisión estratégica”, que contemplaba la venta. Ésta se produjo apenas cinco meses después de esas premonitorias palabras de la CEO global, Margherita Della Valle. El comprador era un viejo conocido para el sector local: Zegona, el fondo británico que vendió Euskaltel a Másmóvil. Sus formas son muy diferentes a las del grupo británico y ya en los primeros compases puso en alerta a la plantilla, con potenciales ajustes -”despidos selectivos”- y con medidas más agresivas.
La gran incógnita con la que arrancó este 2023 era si la fusión de Orange y Másmóvil que se sustanció en 2022 tendría ‘remedios’ que alimentaran otra vez un cuarto operador. El proceso ha sido muy largo. Ambas se han resistido al máximo, con los directivos propios y ajenos defendiendo en todos los foros posibles que no hacía falta ningún tipo de medida. Finalmente la Comisión les ha llevado a presentar voluntariamente compensaciones que harán más fuerte a la rumana Digi, que se ‘licencia’ tras años como aspirante. Unas compensaciones que mantienen la estructura de cuatro operadores que ha llevado a una dura guerra de precios en el último lustro.
En el caso de Cellnex, no había debilidad por el mercado de gestión de torres y otros activos. Lo que cambió fue el contexto macroeconómico, con más tipos de interés y más peso de la deuda. Esto llevó a la dimisión del ‘alma máter’ del proyecto, Tobías Martínez, justo en enero. Y esto abrió una pugna inaudita en una compañía que también se había caracterizado por estabilidad accionarial y en la gobernanza. Chris Hohn, el activista del fondo TCI, aprovechó el momento y compró para acelerar la sucesión. Esto llevó a todo un terremoto: salida del presidente no ejecutivo y de uno de los independientes para allanar la designación. Una persona cercana a los Benetton, Marco Patuano, fue la elegida. Y con él ha llegado el cambio de libreto: crecimiento orgánico, freno a las operaciones de compra de activos y reducción de deuda para recuperar el grado de inversión.
¿Y ahora qué?
Esto ha sucedido en doce meses. Ahora, las grandes compañías del sector afrontan un 2024 que está llamado a estabilizar todo tras el terremoto. En Telefónica tiene que sustanciarse todo el proceso vinculado a la reorganización accionarial. Primero con la autorización (o la prohibición) del Gobierno a STC para llegar al 9,9% de la operadora. En el mercado se da por hecho que se dará luz verde, aunque el Ejecutivo busca fórmulas para preservar asuntos vinculados con la Seguridad Nacional. Y estas también se deberán poner sobre la mesa. Además se tendrá que completar la compra de la Sepi -necesitará varios meses- y la potencial entrada en el consejo de administración.
Para Zegona, el año 2024 será clave. Su plan promete que habrá muchas novedades, especialmente en lo que a venta de activos de Vodafone España se refiere. Además tendrá que decidir si los “despidos selectivos” se quedan ahí o se lleva a cabo un ajuste mayor de plantilla, que es a la postre el gran temor de los sindicatos. ¿Y para Orange-Másmóvil? Será el ejercicio de la integración, que conllevará cambios en la cúpula directiva y también duplicidades que tendrán que resolverse. Desde Orange se ha dicho que las sinergias prometidas sólo se referían a aspectos operativos o industriales y no laborales. La entidad resultante de la joint venture despejará dudas.
Y en el caso de Cellnex, todos los ojos están puestos en la deuda y el rating. La gestora de infraestructuras tiene vencimientos que rozan los 2.000 millones de euros -en 2023 estos eran de apenas 143 millones-. Esto obliga a una refinanciación que no se podrá ejecutar en buenas condiciones si no se logra ese grado de inversión por parte de la agencia de calificación S&P. Y ese será el gran objetivo. Ya este 2023 han hecho una pequeña ‘operación venta’ con la desinversión parcial en los países nórdicos y los trabajos previos para hacer lo propio en Irlanda.
El terremoto se ha producido en 2023 y este cambiará por completo el mapa de las telecomunicaciones en España. Pero ahora quedan las réplicas que suelen llegar tras los seísmos y, sobre todo, la recomposición tras las sacudidas. El primer hito será la conclusión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica y el pronunciamiento final de Bruselas sobre la gran fusión.
