Yolanda Díaz está trabajando de manera discreta para intentar encontrar soluciones a uno de los principales problemas que está implicando la crisis inflacionista: el encarecimiento de los alimentos y, por tanto, las dificultades que están atravesando las familias más vulnerables para poder hacer frente a la cesta de la compra. La vicepresidenta segunda del Gobierno está liderando una iniciativa que, de momento, no está teniendo respuesta positiva por parte de las grandes cadenas de distribución, pero fuentes de su equipo conocedoras de los contactos silenciosos que está teniendo con los responsables de los supermercados revelan que se están produciendo estos acercamientos y confían en poder alcanzar un acuerdo pronto.
Hasta el momento, ni Mercadona, ni Dia, ni Alcampo han querido sumarse a iniciativas generales para ofrecer un paquete de productos básicos a bajo precio. La única marca que lo hizo fue Carrefour, que el pasado mes de septiembre, antes de reunirse con la vicepresidenta, decidió poner a la venta 30 productos a 30 euros. Si bien la iniciativa no estuvo exenta de polémica, ya que en esa cesta de la compra low cost no todos los alimentos eran saludables y frescos, objetivo prioritario tanto de Díaz como del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Algunos comercios locales, por su parte, sí han ofrecido descuentos en alimentos de primera necesidad.
El objetivo de Díaz es explorar un acuerdo en el ámbito privado con los supermercados e hipermercados para que rebajen alimentos básicos en un momento de emergencia. Lácteos, fruta, verduras, hortalizas, carnes, pescados… La vicepresidenta segunda y su equipo mantienen contactos con las grandes marcas para intentar cerrar un pacto antes de que acabe el año, explican las fuentes gubernamentales consultadas por La Información. La intención es convocar a las patronales a una nueva reunión en diciembre, para dar un último 'golpe de efecto' en 2022, antes de las elecciones.
En cualquier caso, no va a ser tarea sencilla para Díaz. La distribución considera que no es el momento de ofrecer cestas rebajadas y que el Gobierno tiene instrumentos para actuar sobre la compra de las familias más vulnerables. Desde el sector apuntan, en este sentido, a una rebaja del IVA de los productos básicos como la medida más directa y efectiva. Si bien María Jesús Montero, ministra de Hacienda, nunca se ha referido hasta el momento a esta posibilidad, y el Gobierno ha demostrado en sucesivas ocasiones que no está pensando en bajadas de impuestos en la configuración de la hoja de ruta para aplacar la escalada de los precios.
En el Gobierno existe la sensación de que, pese a que el precio de los alimentos se ha disparado por los costes de producción y transporte, las grandes empresas de distribución están manteniendo o, incluso, aumentando sus márgenes de beneficios. Consideran en el Ejecutivo que sería el momento de que arrimasen el hombro, tal y como aseguran a este medio fuentes conocedoras del mood de Moncloa. Y la 'cabecilla' de esta iniciativa es, como demostró desde el primer momento, Yolanda Díaz.
Una posibilidad que ha sido contemplada por miembros del Gobierno, en conversaciones privadas, es la de imitar a Portugal y establecer un impuesto a las cadenas de distribución. Hacienda tampoco lo ha comunicado en público, pero en una parte del Ejecutivo no es una opción a descartar. Hay que recordar que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto precisamente ampliar el gravamen a bancos, energéticas y grandes fortunas a todas las empresas con beneficios, un planteamiento que podría ser el punto de partida.
La cesta de la compra, con subidas de más del 15% en tasa anual en algunos alimentos básicos, más del doble de la media que marca el Índice de Precios de Consumo (IPC) que determina el Instituto Nacional de Estadística (INE), es para Yolanda Díaz uno de los principales problemas para las familias más necesitadas, junto con las hipotecas y los alquileres de vivienda. En los últimos actos de su proyecto político Sumar lo ha mencionado con efusividad, citando incluso a su hija Carmela, para denunciar que la alimentación de los niños no puede verse mermada por un problema de precios. Es una lucha que lleva por bandera y quiere ganar -tal y como insisten fuentes de su equipo de confianza- con suerte, antes de fin de año.
El Gobierno aún no ha concretado cómo será el próximo decreto antiinflación. Hay que recordar que las medidas en vigor caducan el día 31 de diciembre y, en este momento, el Ministerio de Hacienda ya ha confirmado que prorrogará la gratuidad en Cercanías y Media Distancia, la subida del 15% de las pensiones no contributivas y el tope del 2% al alza de los alquileres. Pero los nuevos tributos que superaron la tramitación en el Congreso de los Diputados este jueves son finalistas y Montero tiene que concretar ahora a qué dedica su recaudación. Será a medidas enfocadas hacia los más necesitados y no genéricas, como la bonificación del carburante, según fuentes gubernamentales. Díaz, por su parte, seguirá esforzándose por conseguir un acuerdo con las distribuidoras.
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