El acuerdo de coalición recogió el objetivo de reducir la jornada laboral a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025, un punto clave para Sumar y respecto al que el PSOE tenía bastantes reticencias. Una vez salvado este primer obstáculo, es una iniciativa que tiene el respaldo del Consejo de Ministros, incluido el responsable de Economía, según apuntan fuentes del Ejecutivo. No obstante, promete ser una ardua negociación 'extramuros', con los agentes sociales y con las fuerzas políticas. En el primer frente apenas se han producido avances, según afirmaron CCOO, UGT y el propio secretario de Estado de Trabajo tras la reunión mantenida este lunes; al tiempo que en la esfera política está por ver cuál es la posición de algunos grupos.
Mientras la patronal y los sindicatos avanzan en los pormenores de esta reducción de jornada -cómo afecta a los diferentes sectores, tamaños de empresa y cómo deja los tiempos de descanso y a la distribución de las horas de trabajo-, en Sumar buscan caldear este debate dentro del listado de temas incluidos en la agenda política de las Cámaras. El grupo que lidera Yolanda Díaz llevará al pleno una proposición no de ley "relativa a la reducción de la jornada máxima legal de trabajo ordinario" este martes, una figura que no tiene carácter legislativo, por lo que los partidos recurren a ella para instar al Gobierno a que legisle sobre una materia dada o, lo que parece ser el caso, para que el hemiciclo se pronuncie sobre una política determinada.
El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar presentó esta iniciativa hace dos semanas, el pasado 9 de febrero, siendo el segundo texto de estas características que registra en la Cámara Baja. Sin embargo, el 'número dos' de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha evitado dar ninguna explicación al respecto, más allá de expresar su respeto al trabajo que como grupo pueda hacer Sumar haciendo uso de los instrumentos parlamentarios para llevar a cabo iniciativas que vayan en la dirección de reducir la jornada de trabajo. Si bien el Gobierno asegura estar centrado en las conversaciones con los agentes sociales, no es menos consciente de que reunir los apoyos políticos para sortear un posible nuevo bloqueo de Podemos, es fundamental.
Dos negociaciones paralelas
La vicepresidencia segunda del Gobierno ha convocado ya en dos ocasiones a los negociadores de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT para aterrizar el objetivo de las 37,5 horas semanales, pero los avances son escasos. Los empresarios solicitaron avanzar en estas conversaciones de manera bilateral, esto es, con los sindicatos, de forma que el Ministerio de Trabajo se limitara a hacer un seguimiento periódico de los intercambios de posiciones mientras los interlocutores trataban de medir el impacto de esta medida en los diferentes sectores económicos y los modelos de empresa. Fuentes presentes en estas mesas apuntan a que solo se ha producido un encuentro entre la patronal y los sindicatos, por lo que solo han delimitado los temas a tratar.
La segunda de estas reuniones a tres bandas concluía este lunes con una propuesta verbal del Ejecutivo en la que abogaba por reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para cambiar la redacción actual de "La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual" por las 37 horas y medias fijadas en el acuerdo de coalición. Así se establecería un periodo transitorio con un primer escalón en el que la jornada se recortaría en 2,5 horas y de cara a 2025, se alcanzaría esta meta, según explicó Pérez Rey en declaraciones a los medios.
Además, el planteamiento que el Ministerio trasladará por escrito a las dos partes en los próximos días, comprendería la creación de un "artículo 34 bis" que abordaría el registro de jornada para mejorar la regulación actual, aprobada en 2019. El Gobierno busca dar un paso en línea con la carta social europea (CES) y hacer que estos conteos sean fiables y accesibles, por lo que ha puesto sobre la mesa su intención de obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a que este registro sea electrónico. Un punto que tiene un doble objetivo, primero que no se pueda modificar -como entienden que sí ocurre con los manuales- y que la Inspección de Trabajo tenga la posibilidad de acceder en remoto, lo que propiciaría el uso de inteligencia artificial.
El Ministerio de Trabajo defiende que todo ello tiene que verse reforzado con una reforma de las sanciones por incumplimiento del registro horario, que se traducirá en un incremento de las fracciones, pero sobre todo en un cambio del paradigma por el que no se impondrá un pago por empresa, sino una sanción por empleado. El secretario de Estado de Empleo ha recordado que esta fórmula ya se puso en marcha para el uso fraudulento de los contratos parciales en el seno de la reforma laboral. "El afán no es recaudatorio" ha asegurado, sin ocultar que desde el Gobierno son conscientes de que el sistema actual no es disuasorio, por tener el techo en el entorno de los 7.000 euros.
