La vicepresidenta segunda del Gobierno está dispuesta a blindar la que sin duda va a ser su medida estrella en la recta final del año y a la vez su carta de presentación para el proceso electoral de 2023: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del sueldo medio que establece la Carta Social Europea. Un hito que va a marcar su trayectoria como ministra de Trabajo y que quiere lograr con todas las garantías. Y para ello, además de haber constituido una comisión asesora ad hoc, ha encargado una batería de informes externos a varias universidades públicas españolas sobre los efectos del incremento de esta referencia salarial sobre el mercado laboral.
Frente a los "agoreros del apocalipsis" -así ha definido la propia Yolanda Díaz a instituciones como el Banco de España, que han asegurado que las subidas del SMI afectan negativamente a la creación de empleo- la vicepresidenta quiere demostrar que los sucesivos incrementos del salario mínimo han tenido efectos positivos en el mercado laboral y en la sociedad en general. Y con ese objetivo ha decidido armarse de una serie de estudios específicos, elaborados por expertos en la materia, de cara al mes de noviembre, cuando pretende cuantificar el SMI de 2023 en base a la nueva referencia del salario medio que fije el comité de expertos y de factores como la evolución de la inflación y de la situación económica en general.
En concreto, Díaz ha encargado tres informes: uno para medir los efectos del incremento del SMI de 2019 en los hogares pobres (hay que recordar que aquel año el Gobierno de Pedro Sánchez acordó con Unidas Podemos la mayor subida de la democracia, del 22,3%, hasta alcanzar los 900 euros mensuales); otro para cuantificar el impacto del aumento del salario mínimo en la distribución y en la desigualdad salarial; y un tercero para analizar los efectos de relocalización de los trabajadores de menores salarios como consecuencia de la subida del SMI. Estos encargos se han realizado a través de tres contratos distintos y suman un gasto total de unos 34.000 euros (aproximadamente, 40.000 euros con el IVA incluido).
Llama la atención que dos de estos encargos estaban previstos en el Programa de Estudios 2022, un documento donde el Ministerio de Trabajo y Economía Social recopila todos los estudios a realizar a lo largo del año por los distintos departamentos, tanto con medios propios como con medios ajenos. Se trata del informe sobre los efectos del alza del SMI en los hogares pobres, que ha sido adjudicado al profesor José María Arranz Muñoz, de la Universidad de Alcalá, y del que va a medir el impacto en la distribución y desigualdad salarial, adjudicado al profesor Luis Cárdenas Del Rey, de la Universidad Complutense. Pero el tercero no aparece en el programa. La Información ha tenido acceso a la documentación de los contratos y el adjudicatario en este caso es la Universidad de Málaga, en concreto, el profesor Alberto Montero Soler, exdiputado de Podemos.
El informe encargado al exdiputado de Podemos no aparece en el Programa de Estudios del Ministerio de Trabajo
En la documentación de las distintas contrataciones el departamento que dirige Yolanda Díaz justifica las adjudicaciones 'a dedo' (no se han solicitado otras ofertas, sino que se ha invitado directamente a las universidades) ante la necesidad de disponer de los estudios antes de iniciar los trabajos para la aprobación del SMI del próximo año -que arrancan este viernes con la reunión del comité de expertos y culminarán a partir de noviembre, con el dato de inflación actualizado- y ante la dificultad para localizar expertos que puedan realizar los trabajados solicitados en los plazos fijados. Todos los encargos, según justifica el Ministerio, se hacen porque los profesores son expertos en ámbitos técnicos muy limitados y están avalados por trabajos previos sobre la materia, en algunos casos incluso con metodologías propias.
En las memoria justificativas de los contratos, el Ministerio expone que "hasta el año 2021 los estudios realizados sobre la materia eran escasos y únicamente centrados en el impacto del SMI en el empleo". Por ello, Díaz creó en enero de 2021 un comité de expertos "con el fin de que asesorara de cuál debería ser el ritmo de crecimiento del SMI más adecuado para cumplir en el año 2023 con la Carta Social Europea que implica que el importe sea, al menos, el 60% del salario medio". No obstante, una vez recibido el trabajo, el Ministerio "consideró que era necesario complementar el estudio" con otros "que analizaran los efectos de las subidas del SMI en el mercado laboral desde diferentes puntos de vista".
De hecho, en el Programa de Estudios del año 2021 ya se incluyó un estudio orientado a analizar los efectos de la subida del SMI sobre la brecha de género y la desigualdad. Un informe que pretendía rebatir las agoreras conclusiones del Banco de España y cuyo encargo a la investigadora de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica -hasta ahora miembro del comité de expertos del salario mínimo-, fue revelado en exclusiva por este medio. En cualquier caso, las conclusiones a día de hoy se desconocen porque el departamento que pilota Yolanda Díaz se ha negado a hacerlo público, pese a las sucesivas peticiones de partidos de la oposición como Ciudadanos e incluso ignorando la reclamación del Consejo de Transparencia, aludiendo a su "carácter interno" y alegando motivos de propiedad intelectual.
El Ministerio reconoce en la documentación de los contratos adjudicados ahora a las universidades de Alcalá y Complutense -que supondrán un desembolso de unos 10.000 y 12.000 euros, respectivamente- tienen objetivos similares. Si bien el estudio sobre el impacto de la subida del SMI en los hogares pobres que va a dirigir el profesor Arranz se va a realizar con los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y el análisis sobre los efectos en la distribución y desigualdad salarial del que se va a encargar el profesor Cárdenas bebe de otras fuentes estadísticas y utilizará variables como la tipología de los contratos, el género, la edad, la categoría profesional, el tipo de empresa, el sector de actividad y la región. Y por esa diferencia de metodologías el Ministerio justifica la necesidad de contar con ambos informes, para poder comparar los resultados obtenidos.
Mientras, en el caso del "Análisis de los efectos de relocalización de los trabajadores de menores salarios como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional", Trabajo argumenta la necesidad del contrato para analizar cómo la subida del SMI afecta a la movilidad de trabajadores entre empresas, un "enfoque nuevo del que hasta ahora no se dispone de ninguna información". "No existe ningún estudio en España, y apenas en Europa, que haya analizado este fenómeno", incide la memoria justificativa del contrato de 12.000 euros adjudicado a la Universidad de Málaga por considerar que "cuenta con la persona capacitada por su especialización". Se trata del profesor Montero, un histórico del equipo económico de Podemos que fue diputado por Málaga durante las XI y XII legislaturas.
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