La vivienda ha ganado un papel predominante en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. La agenda legislativa del Congreso de los Diputados ha saltado más allá del plano nacional, después de que los grupos progresistas hayan dado su respaldo a la ley de Vivienda en la cámara Baja para ser aprobada en el Senado antes del próximo 18 de mayo. Y el motivo es que el alquiler ha pasado a encabezar la lista de preocupaciones de los habitantes de las principales ciudades del país y de cada vez más territorios, ante la dificultad para acceder a la compra y la propagación de los pisos de alquiler turístico, algo de lo que las distintas formaciones políticas son muy conscientes, por lo que se han lanzado a proponer diferentes soluciones y alternativas allí donde aspiran a gobernar.
El último domingo de mayo están convocados a las urnas los electores de 12 comunidades autónomas y de casi 8.000 municipios que hay en todo el país y en esta ocasión, quiénes sean los representantes elegidos en las diferentes asambleas autonómicas tendrá un especial impacto en las finanzas personales, dado que este nivel autonómico es el que tiene las competencias para declarar una zona como tensionada, es decir que la oferta de vivienda en alquiler es insuficiente y la población no puede acceder a ella a un precio asequible. Por tanto, es previsible que esta potestad de lugar a roces en los territorios en los que los gobiernos de la comunidad y del ayuntamiento sean de diferente signo político, como es el caso actualmente de Sevilla, con alcalde socialista y la Junta de Andalucía, encabezada por Juanma Moreno Bonilla (PP) que descarta aplicar la nueva normativa.
El texto aprobado por el Congreso recoge en su artículo 18 el procedimiento a seguir para declarar un mercado residencial como tensionado, en el que se incluyen dos requisitos: que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler y los suministros básicos supere el 30% de los ingresos o renta media de los hogares o que en los últimos cinco años el precio de la compra o alquiler se haya incrementado tres o más puntos porcentuales más que el IPC de esa comunidad autónoma. Lo que, de acuerdo con el Índice de alquiler de vivienda que elabora el Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, podría suceder en más de 1.000 municipios. La mayoría de estos están concentrados en las diferentes costas, el centro peninsular y los archipiélagos.
Solo las CCAA pueden declarar una zona tensionada
El problema es que en caso de disparidad de criterios, es decir, que un ayuntamiento estime que es necesario declarar parte de su territorio como tensionado y la comunidad autónoma aprecie lo contrario, su margen de actuación es escaso. Estanislao Moreno de la Santa, abogado especializado en vivienda y socio de Vecindia entiende que el proyecto de ley "señala específicamente a las comunidades autónomas como responsables" cuando hace alusión a las administraciones competentes. "En principio, si un Ayuntamiento entiende que dentro de su municipio existen zonas tensionadas deberá comunicárselo a la Comunidad para que así lo declare", apunta a La Información.
Eso no quita que algunos consistorios consideren que sí pueden ejercer esta competencia y lo eleven a la vía judicial, con la esperanza de sacar partido de las diferencias que presenten las redacciones de las normas autonómicas en materia de vivienda. Sin embargo, Moreno considera que esta actuación sería "ciertamente osada" por parte de los ayuntamientos y resta importancia a la posibilidad de que pudiese darse una disparidad de criterios en las diferentes CCAA, como sí ocurrió con las restricciones de la pandemia. Y es que en esta ocasión, la frontera parece estar clara porque la Constitución establece que las comunidades autónomas pueden asumir las competencias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda en su artículo 148.1. Y así lo han hecho, pasando a ser esta su competencia exclusiva.
La competencia de los ayuntamientos se discute en el Senado
Los grupos parlamentarios del Senado han presentado un total de 324 enmiendas -propuestas de modificación- y seis vetos al proyecto de ley de vivienda, que en caso de recibir el respaldo de la cámara Alta devolverían el texto al Congreso. Y en concreto, la número 85, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (integrado por Més Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera) pretende habilitar a los ayuntamientos para declarar una zona de su municipio como tensionada. Quiere hacerlo a través de una "potestad supletoria" que se perdería en el caso de que otra administración (CCAA) ejerza esta función, excepto si la normativa atribuye directamente esta competencia o parte de ella a las entidades locales.
El escrito presentado por el senador Carles Mulet García propone añadir un nuevo apartado en el artículo 18 antes mencionado por el que, en primer lugar las administraciones puedan instar a las CCAA a declarar un área como tensionada -de su municipio o varios colindantes-, algo que podemos entender que ya pueden hacer. Pero también que "en ausencia de normativa reguladora autonómica (...) las administraciones locales podrán promover la declaración excepcional de zona regulada dentro de sus límites municipales, siempre que exista riesgo cuantificable de población excluida y se comunique a la comunidad autónoma para su supervisión y coordinación".
Sin embargo, en el caso de incorporarse este apartado, esto no disiparía la polémica que rondea a la norma por la posible invasión competencial del Estado en una materia exclusiva de las comunidades autónomas, como han apuntado grupos nacionalistas como el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) o Junts per Catalunya (JxCat). De hecho, varios de los vetos planteados en el Senado, hacen referencia a esta cuestión, incluido el del Grupo Parlamentario Popular que se hace eco del informe redactado por el Consejo General del Poder Judicial.
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