El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesitará tirar de su 'Manual de resistencia' para afrontar unos resultados electorales que confirman la pérdida de feudos socialistas como la Comunidad Valenciana, donde no podrá reditar el llamado Pacto del Botànic, Aragón y Baleares, además de la de grandes capitales como Sevilla, Valencia, Valladolid y Logroño. Los socialistas tampoco han conseguido superar a Junts per Catalunya en Barcelona; mientras, en Extremadura el PP y VOX suman mayoría absoluta y en Canarias, donde son tercera fuerza, a los populares les dan los números para gobernar con Coalición Canaria. Estos datos suponen un varapalo para el Ejecutivo de coalición a las puertas de que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea el próximo 1 de julio y dejan en el aire una parte de su agenda económica de cara a las generales, empezando por la nueva Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas.
La convocatoria de los próximos comicios está prevista, en principio, para finales de año si el Ejecutivo mantiene su intención de agotar la legislatura como hasta ahora. El Partido Popular había convertido esta convocatoria en un plebiscito de las próximas generales y el propio Sánchez recogió el guante con anuncios en el plano económico cada semana con los que el Ejecutivo de coalición ha tratado de apuntalar su agenda social, marcada por los efectos de la pandemia de Covid-19, primero, y por la guerra en Ucrania y las crisis energética e inflacionaria, después. La puesta en marcha de más de 100.000 viviendas destinadas a alquiler social o el aval del ICO para la entrada en la compra de primera vivienda han sido algunas de las propuestas de las que el Presidente ha hecho bandera que no habrían terminado de cuajar entre los electores.
En la calle, el año ha estado marcado sobre todo por el aumento del coste de la vida. La inflación volvió a acelerarse en abril hasta el 4,1% y apunta a más vaivenes lo que resta de ejercicio, muy especialmente en lo que tiene que ver con el precio de los alimentos, que genera mayor presión sobre las rentas más bajas, como advertía recientemente el Banco de España. El mes pasado la cesta de la compra subía aún al 13,5% pese a la rebaja del IVA que entró en vigor el pasado mes de enero y que afecta a los productos básicos. Esto, unido a la merma de buena parte del ahorro embalsado en pandemia, y al encarecimiento de las cuotas hipotecarias -el Euríbor podría cerrar mayo en niveles no vistos desde hace 14 años- y del crédito con la subida de los tipos de interés, ha marcado también el pulso en la calle.
Los resultados electorales llegan cuando España tiene pendiente de recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation UE (NGEU) y ahora que el Gobierno Central acaba de lograr el respaldo de la Comisión Europea a su senda de consolidación fiscal. Bruselas cree que, como se ha comprometido en la reciente Actualización del Programa de Estabilidad, el país será capaz de reducir el déficit al 3% el año que viene (frente al 4,8% al que cerró el pasado ejercicio) y de situar la deuda pública en el 110% del PIB (en 2022 el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas despidió en el 113,2%).
Al mismo tiempo, la Comisión ha instado al Gobierno a empezar a retirar las medidas energéticas desde este ejercicio con vistas a que desaparezcan el año que viene, cuando la UE recupera, además, las reglas fiscales -la obligatoriedad de ceñirse a los objetivos de déficit y deuda-. La agencia de calificación Fitch advertía el pasado viernes del "grado de incertidumbre" que puede generar en las finanzas públicas españolas este doble año electoral, en un contexto de inflación elevada y de endurecimiento de las condiciones financieras. El principal riesgo que atisba la firma neoyorquina es el de "relajación fiscal", ante la posibilidad de que puedan aprobarse medidas discrecionales adicionales.
En la batalla fiscal abierta entre el Ejecutivo Central y las autonomías del PP, las urnas también se han decantado por las segundas. La guerra abierta entre los territorios que mantienen bonificado el impuesto de Patrimonio y el Gobierno de coalición a cuenta del Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas ha ido in crescendo los últimos meses. La nueva figura impositiva entró en vigor en enero para neutralizar esas ventajas en territorios como Madrid, Andalucía (que no concurría este domingo a las elecciones) y Galicia, y tratar de unificar criterios. A falta de la reforma del Modelo de Financiación, que caducó en 2014, el que es uno de los impuestos más conflictivos del sistema tributario nacional -por su evolución histórica y por las disputas que genera entre los territorios que quieren suprimirlo y los que lo mantienen- ha vuelto para reavivar viejas polémicas.
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