El 1 de enero de 2024 entrará en vigor la cotización obligatoria de todos los becarios en prácticas no laborales, es decir, las que forman parte de su programa de estudios. Este punto estaba comprometido dentro de la reforma de las pensiones pactada con los sindicatos para el mes de octubre, pero ante la presión de las universidades el exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, concedió una prórroga de tres meses que llegará a término a fin de año. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sigue sin estar conforme con esta medida pero trabaja en solucionar los problemas técnicos que plantea adaptar un modelo pensado para trabajadores a los estudiantes en prácticas, a la vista de que no se volverá a aplazar su aplicación.
Unos 400.000 estudiantes de todo el país se incorporarían al sistema de cotización, según los cálculos que manejan los diferentes actores implicados, todo un reto en términos de carga burocrática y costes económicos de personal desde el punto de vista de las universidades. "No tenemos ningún precedente, por lo que en un acto de responsabilidad estamos tratando de anteponernos a los problemas que puedan surgir. Muchas universidades ya han reforzado sus plantillas a la espera de ver cómo se va a estructurar, porque en muchos casos estamos teniendo que asumir el papel que la ley le asigna a la entidad o a la empresa que recibe al estudiante", explica la presidenta de CRUE Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, en conversación con La Información.
Las universidades y las comunidades autónomas gobernadas por el PP azuzaron el debate hace apenas un mes por considerar que el Gobierno en funciones no había "avanzado en la búsqueda de solución al problema originado" por la descoordinación entre ministerios. Hasta tres ministerios tenían en la pasada legislatura algo que decir sobre esta materia -Universidades, Educación y Seguridad Social- lo que se repetirá con la nueva configuración a pesar de haber cambiado la estructura. La cartera, entonces encabezada por Escrivá, se comprometió a reunirse con todos los territorios y constituyó un grupo de trabajo con los centros educativos que no ha dado frutos, según apuntan desde CRUE, quienes están a la espera de recibir noticias sobre la nueva configuración del Ministerio del que ha tomado el relevo Elma Sáiz.
En su lugar, las universidades trabajan con la Tesorería General de la Seguridad Social para resolver las dudas de carácter técnico que aseguran, son "muchísimas". "No tenemos precedentes, se trata de adaptar un modelo pensado para trabajadores a estudiantes que realizan unas prácticas de contenido académico y formativo, por lo que nos surgen muchas dudas" reconoce Peña. "Hay muchas singularidades, no tenemos claro qué hacer con los alumnos de Erasmus o de otros programas de movilidad. Estamos recibiendo comunicaciones y algunos temas ya se han resuelto pero otros no" señala en conversación con este medio. En CRUE consideran que una nueva prórroga sería "deseable" para esta adaptación pero no cuentan con que vayan a tenerla.
Los sindicatos descartan que se produzcan cambios
Tanto CCOO como UGT le trasladaron al Ministerio de Seguridad Social su rechazo y a la vez sorpresa al conocer que la cotización de las becas se iba a retrasar tres meses más de lo pactado y reflejado en la reforma del sistema público de pensiones. Por lo que ahora fuentes sindicales presentes en la negociación dicen tener garantizada su entrada en vigor, sin margen para nuevos cambios a pesar del relevo al frente de la Seguridad Social. Desde la cartera, sin embargo, no llegan tan lejos y se limitan a constatar que en los últimos meses no se han acordado modificaciones, pero que el nuevo Ministerio tendrá que valorarlo una vez se complete su configuración.
El equipo de Escrivá era consciente del agravio causado a las asociaciones sindicales por esta decisión, tomada casi a la par que el abandono del Estatuto del Becario en un cajón tras más de un año de negociación. Por ello accedió a ampliar los dos años que iban a poder compensar los antiguos becarios para sumar el periodo de prácticas a su vida laboral a un total de cinco. Esta concesión, que supone a efectos prácticos que aquellos trabajadores que ya hubiesen recuperado dos años con lo pactado en 2011 pueden recuperar un total de 7 años -algo de especial importancia para los investigadores- fue reflejada en el mismo real decreto que la prórroga. Por lo que ambos sindicatos confían en que esta vez sí se aplique lo pactado meses atrás.
La disposición que recoge la cotización de todos los estudiantes que cursen prácticas curriculares o extracurriculares, con independencia de si estas están remuneradas o no, fue el resultado de una larga negociación en la que las fuentes sindicales valoran que la resistencia de las universidades ha sido superior a la de las patronales. CRUE no formaba parte de la negociación con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, pero sí fue consultada por ser uno de los principales actores implicados. La Conferencia de Rectores ha sido especialmente insistente con defender la idea de que esta cotización iba a reducir el interés por tener estudiantes en prácticas, a pesar de que esta está bonificada en un 95% por el Estado de manera que el coste no supera los 9,21 euros mensuales por contingencias comunes y profesionales.
