El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la primera pata de la reforma de pensiones, tras llegar a un acuerdo con agentes sociales y patronal, después de intensas negociaciones que se han dilatado hasta casi nueve meses en el tiempo. El turno para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llegó el miércoles, día en el que tuvo que rendir cuentas de esa primera batería de medidas ante la Comisión del Pacto de Toledo, donde la oposición negó su apoyo al acuerdo. Sea como fuere, ahora, el Ejecutivo espera que aterrice en el Congreso para su tramitación después de verano, para que, salvo sorpresa mayúscula, entre en vigor en 2022. En La Información puedes seguir las últimas noticias sobre la reforma de las pensiones y jubilación.
Vinculación con el IPC, jubilación anticipada y demorada
Tras aprobar la reforma de pensiones como anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó en la rueda de prensa posterior que la norma recoge "medidas clave" para el colectivo de pensionistas, les da "tranquilidad" al acabar con la "incertidumbre" de cuánto subirán sus pensiones cada año y permite volver al consenso en materia de pensiones, frente a reformas unilaterales del pasado.
Las medidas suprimirán los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Así, con esta reforma se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con la fijación de un mecanismo estable de revalorización, por el que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Además, si el dato es negativo, no habrá modificaciones en las pensiones. Y, además, tiene como objetivo acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, mediante una serie de penalizaciones al retiro anticipada y de incentivos al demorado.
A vueltas con el factor de sostenibilidad...
Aunque la sustitución del factor de sostenibilidad forma parte de la segunda pata de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar el nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda. En cualquier caso, tal y como señaló Escrivá el pasado miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, este punto "no es el más difícil de la reforma de pensiones".
"Dentro de unos meses, cuando con tranquilidad le demos forma a lo que hemos acordado, ya verán que esto no era lo más difícil", trasladó a los portavoces de los distintos grupos políticos la Comisión del Pacto de Toledo.
Escrivá reconoció que "puso el foco innecesariamente en un tema que no es muy importante y que está por cerrar y aquilatar". "Es verdaderamente secundario en conjunto e incluso puede ser algo para el futuro, ya lo verán", espetó.
... Y el "problema" de la generación del 'baby boom'
En este sentido, Escrivá defendió que el sistema público de pensiones es muy sólido, pero reconoció que afrontaba un problema acotado en el tiempo, la jubilación de la generación baby boom, que genera un mayor gasto hasta 2050 que hay que decidir cómo se paga. "Llegado el momento (...) si hubiera que allegar nuevas fuentes de financiación al sistema, que en cualquier caso son muy pequeñas (...), la disyuntiva es si se paga con impuestos que los pagan todos o podría contemplarse la posibilidad de un mecanismo más selectivo", explicó.
De esta forma, el ministro ha abierto el debate sobre una cuestión que cree que hay que decidir en el ámbito social y político, después de que la semana pasada le costara una rectificación el plantear la posibilidad de que los nacidos entre 1960 y 1975 tuvieran que asumir algún pequeño ajuste en la pensión o unos meses más de trabajo.
La pensión de los baby boomer
A decir verdad, no es la primera vez que el debate sobre el sistema de pensiones gira en torno a esta generación que ya está en edad cercana o legal a la jubilación. De hecho, su desembarco en el sistema de pensiones está siendo silencioso y suave. Muchos ya han empezado a jubilarse con 61 o 63 años e incluso menos, gracias a las facilidades que hasta ahora proporciona el sistema. De hecho, esta irrupción ya se puede ver en la estadística que facilita la Seguridad Social de forma periódica y que muestra un aumento de los jubilados de un 16% en la última década. Esto supone que hay 850.000 personas más cobrando una prestación que en 2011.
Desde 2019, momento en el que los nacidos en 1958 empezaron a llegar a la edad de retiro voluntaria, ya se han jubilado 205.000 trabajadores con 63 años o menos y la mitad de ellos lo ha hecho con 62 o menos años. El caso es que muchos de la generación del baby boom se incorporaron al mercado laboral a edades muy tempranas, por los que sus carreras de cotización llegan a superar incluso las cuatro décadas en muchos casos y con sueldos más elevados que la media.
La nómina de estos nuevos jubilados ya es de 1.456 euros en 14 pagas, un 10% superior a la retribución más frecuente y que la pensión que se cobraba hace solo tres años. A esto se suma también que el gasto en prestaciones ha experimentado un importante crecimiento, pasando de los 6.900 millones de euros mensuales de hace 10 años a los más de 10.000 millones actuales, prácticamente un 45% más.
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