La indemnización por despido improcedente quedó fuera del debate de la reforma laboral de 2021, fue una decisión de la Ministra de Trabajo -ahora en funciones- Yolanda Díaz que tenía por objetivo conseguir la firma de la patronal CEOE. Por eso, a escasos meses de que la norma cumpla dos años en vigor, UGT ha decidido que es el momento de volver a poner esta cuestión sobre la mesa. El sindicato ha lanzado este lunes dos propuestas muy concretas a la hora de presentar un informe sobre el coste del despido: recuperar los 45 días por año trabajado y establecer una indemnización mínima de seis meses, en el caso de que el periodo resultante sea inferior porque el trabajador tenga poca antigüedad en la empresa que efectúa el despido.
En España hay casi medio millón de despidos al año, en 2021 fueron 447.705 de los que 118.373 fueron despidos disciplinarios individuales con una indemnización media de 9.512,3 euros al año. Todos ellos serían improcedentes, explica el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, dado que de lo contrario, no se efectuarían estos pagos. Además, desde el sindicato advierten que las brechas de género observadas en el mercado laboral se reproducen también en las compensaciones por despido, así como las desventajas para los jóvenes. El importe se calcula en función del salario y la antigüedad, lo que deja una diferencia de más de 1.000 euros entre géneros en función de la edad.
La Unión General de Trabajadores busca desmentir a los 'think thans' que apuntan a España como el país de Europa en el que más caro es el despido actualmente, para lo que recurren al indicador de protección por desempleo elaborado por la OCDE para concluir que "España es el país de la OCDE que más ha reducido la protección frente al despido arbitrario". El último estudio otorga a este país una puntuación de 2 sobre 10, a pesar de que en la década de los ochenta se situaba en 3,55; mientras Alemania se sitúa en el 2,60; Francia en un 2,56 y Portugal en el 3,14 -tras caer desde el 4,83-. Por ello sitúan este tema entre las prioridades de la legislatura, un objetivo para el que en principio tienen el respaldo de la titular de Trabajo a pesar de que la patronal no quiere oír hablar del despido.
PSOE y Sumar incluyeron el despido entre los puntos de su acuerdo de gobierno. Las dos formaciones se comprometieron a ampliar las garantías frente a estos ceses y a abordar las causas del despido colectivo. Si bien, desde el sindicato rechazan que se modifiquen las diferentes cuestiones a modo de 'pack' y defienden debatir cada una de ellas por separado. En UGT muestran cierto escepticismo respecto a las promesas de Díaz de avanzar hacia el despido restaurativo, hasta que no haya nuevas noticias al respecto. No obstante, confían en que la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) a la reclamación que presentaron en 2022 y esperan que llegue en el primer trimestre de 2024, impulse la nueva regulación sobre el despido.
Recuperar el salario de tramitación
Los representantes de los trabajadores también abogan por recuperar los salarios de tramitación que desaparecieron con la reforma de 2012 -salvo si el trabajador es readmitido en la empresa-, es decir, el sueldo correspondiente al periodo que pasa entre que se comunica el despido y se llega a una resolución judicial para determinar si este es procedente o no. UGT defiende que se trata de una reforma obligatoria para cumplir con el artículo 24 de la Carta Social Europea derivada, precisamente la que revisa el organismo de Estrasburgo al que presentó la reclamación el año pasado. "Es un componente mínimo, esencial, del derecho a la indemnización adecuada" señalan en el documento 'El coste del despido individual sin causa justificada en España'.
UGT cree que esta política podría contribuir en dos sentidos a reforzar la protección de los trabajadores frente al despido. Entienden que favorecería especialmente a las personas con menor antigüedad y un efecto de "justicia social distributiva" desde un enfoque de progresividad. Este importe se sumaría al de la indemnización básica que no podría ser inferior a seis meses, como la que opera en Italia, con independencia de cuál sea la antigüedad con la que cuenta el trabajador y que iría ligada a recuperar los 45 días de salario con 42 mensualidades como tope para las indemnizaciones.
