UGT y CCOO no quieren más sorpresas desagradables con las pensiones. Con la 'reforma fantasma' del sistema público de pensiones que el ministro José Luis Escrivá parece estar perfilando para enviar a Bruselas sobrevolando el ambiente, e intoxicándolo de alguna manera, los sindicatos han decidido recurrir a uno de los dispositivos de protección que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dispuso en su reforma de las pensiones de 2011 para tratar de evitar que las decisiones que tome el Ejecutivo en este ámbito en los próximos meses puedan afectar al colectivo de los prejubilados de la crisis, muchos de los cuales aún no han llegado a la edad de jubilación y aún están expuestos a que las condiciones pactadas en su momento experimenten un brusco deterioro.
Los sindicatos exigen, en concreto, que el Gobierno reinstaure la denominada 'cláusula de salvaguarda', establecida en la reforma de 2011 para garantizar las condiciones de jubilación previas a los ajustes que en ella se introdujeron a los trabajadores que perdieron su empleo justo antes de la entrada en vigor de la reforma y que probablemente no iban a tener oportunidad por su perfil profesional o su edad de encontrar un nuevo puesto de trabajo en los años que los separaban del momento de su jubilación. "De este modo se garantizaba, para quien lo precisara, no en todos los casos", subraya una nota conjunto enviada este miércoles por UGT y CCOO, "que ninguna persona vería disminuida su expectativa de pensión cuando ya no tenía posibilidad alguna de reacción, después de su despido".
El Gobierno del PP puso un límite temporal a la efectividad de esta cláusula, que ha sobrevivido desde entonces a base de prórrogas transitorias, la última de las cuales vence este próximo 31 de diciembre. Los sindicatos pretenden que se reponga en sus condiciones originales, sin límite temporal, para garantizar a las personas que salieron de sus empresas en los ajustes masivos de plantilla ejecutados durante la anterior crisis y que aún no han llegado a la edad de jubilación las condiciones que acordaron en su día.
Porque la realidad es que esas condiciones están bajo amenaza. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantiene su intención de establecer más pronto que tarde una penalización a las jubilaciones anticipadas de las personas con bases máximas de cotización, que con la normativa actual apenas ven recortada su pensión tras la aplicación sobre sus bases reguladoras de los coeficientes reductores previstos en la norma.
En el ámbito de la Seguridad Social rige el principio del 'hecho causante' de modo que salvo regulación expresa en contrario una modificación de las condiciones de la jubilación anticipada para aplicar los coeficientes reductores sobre la prestación resultante y no sobre la base reguladora de ésta, como pretende Escrivá, afectaría de lleno a todos los prejubilados de la crisis que aún no hubieran alcanzado la edad de jubilación ante de la aprobación de esa reforma. UGT y CCOO entienden que en tal caso se pervertiría el espíritu de los acuerdos de ajuste de plantilla acordados en su día entre empresas y trabajadores a costa de las condiciones de los trabajadores que verían reducida su prestación futura.
Los sindicatos aseguran que si bien la acogida del Ministerio ha sido favorable a esta reivindicación a poco más de una semana de que venza la vigencia de la 'cláusula de salvaguarda', el Gobierno no ha adoptado las medidas legislativas necesarias para garantizar su mantenimiento. "Ya es tarde y debe garantizarse que no se producen vacíos de cobertura en esta materia, con un anuncio público e inequívoco por parte del Gobierno, acompañado de la iniciativa legislativa necesaria para resolver esta situación en el menor plazo posible".
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