Ofensiva para acelerar su reversión

UGT y CCOO desconfían de Calviño y vuelven a priorizar la reforma laboral

Los sindicatos temen que el Gobierno se ampare en Europa y en la crisis para esquivar su compromiso de derogar la reforma del PP y aprietan a Moncloa y a la ministra de Trabajo para que se tramite.

Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) quieren garantizar que la reforma laboral del PP se cambiará.
CCOO y UGT pide garantías al Gobierno de que la reforma laboral del PP se cambiará.
Bruno Pérez | EFE

Las cosas han cambiado mucho desde enero. Es obvio. Por aquel entonces el nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas echaba a andar y a la recién nombrada ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le faltó tiempo para convocar a los agentes sociales y dar por inaugurada la nueva etapa del diálogo social con un objetivo muy claro: la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Luego vinieron las trifulcas con CEOE por las prisas de la ministra por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, la pandemia, el cambio de foco hacia lo más urgente, la accidente construcción del 'escudo social' y el asunto de los ERTE, que ha concentrado todas las energías del diálogo social desde entonces.

Por el camino las urgencias del Ministerio de Trabajo - que no de todo el Gobierno - por derogar la reforma laboral se atemperaron y las posiciones de todos los actores del diálogo social confluyeron hacia un acuerdo tácito según el cual el Gobierno abordaría en una primera fase la derogación de una serie de aspectos especialmente relevantes para los sindicatos, como la reversión de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, la recuperación parcial de la ultraactividad de los convenios y la regulación de la subcontratación; y dejaría para una segunda fase, ya de forma más reposada, la definición de lo que se ha dado en llamar el 'Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI', una forma suave de decir que la reforma laboral del PP no se va a derogar sino que se va a modificar.

El 'timing' estaba asumido de mayor o menor grado por todas las partes hasta hace bien poco. El punto de inflexión ha sido la revelación, por parte del diario El País, de la existencia de un informe del Ministerio de Economía y la oficina económica de Moncloa en la que se cuestiona el regreso a la prioridad aplicativa de los convenios de sector, un punto aparentemente ya acordado y sobre el que incluso CEOE muestra cierta transigencia. El asunto, admiten fuentes de los órganos directivos tanto de UGT como de CCOO, ha venido a confirmar las sospechas de los sindicatos sobre la labor de 'stopper' que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos está ejerciendo sobre las materias del diálogo social y ha forzado un giro en su estrategia que se confirmó tras la reunión constitutiva de la Mesa para la Recuperación que los agentes sociales compartirán con el presidente del Gobierno, las dos vicepresidentas económicas y hasta cinco ministros.

"No hay ninguna condicionalidad en los fondos europeos que afecte a la reforma de las pensiones o a la reforma laboral", advirtió este lunes el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "Los fondos europeos no están ligados a la posición de no mover las reformas". CCOO y UGT temen que el área económica del Gobierno se agarre al contexto económico generado por la crisis y a una eventual condicionalidad invisible impuesta desde Bruselas para la liberación de los fondos europeos para posponer 'sine die' la reversión de la reforma laboral, del mismo modo que lo ha conseguido con la cacareada reforma fiscal pactada entre PSOE y Unidas Podemos que al final se ha quedado en un puñado de pequeños ajustes. 

Los dos principales sindicatos habían aceptado posponer el gran debate sobre el nuevo marco laboral que necesita España hasta el alumbramiento del 'Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI', pero con el compromiso no escrito de que el Ejecutivo abordara la derogación de esos aspectos más lesivos de la reforma. Las grietas abiertas en el compromiso gubernamental sobre este aspecto han cambiado las reglas del juego: UGT y CCOO quieren ahora negociar la reforma laboral, sin condiciones y sin perímetros reducidos. "No vamos a permitir que el proceso de reconstrucción de la economía española se haga sobre la base de un modelo laboral que como se ha visto alienta la precariedad. Ya no podemos esperar", asegura una fuente de la dirección confederal de UGT.

Presión a Trabajo y Presidencia del Gobierno

Miembros de los máximos órganos de dirección de los dos principales sindicatos aseguran que la reversión de la reforma laboral nunca ha dejado de estar sobre la mesa. "Nos han tachado de pesados, porque hemos continuado planteando el tema en todas las mesas de diálogo que están abiertas", asegura una de las personas que ha participado de forma activa en esas reuniones. Lo cual es tan cierto como que la mesa de diálogo social que debía abordar este asunto no ha vuelto a reunirse desde la pasada primavera, como reconocieron este lunes tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo.

Los sindicatos están jugando sus bazas. De momento aprovecharon la reunión constitutiva de la mesa de diálogo social en la que se tratarán los aspectos de los planes de reconstrucción para España para recordar que no se consideran vinculados por ninguna condicionalidad y que la ayuda de Europa no puede condicionar la eventual modificación de la reforma laboral de 2012. Según las fuentes consultadas, Unai Sordo y Pepe Álvarez no dijeron nada que no hayan trasladado ya tanto a Presidencia de Gobierno como a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La reforma laboral vuelve a estar en el tablero y los sindicatos quieren que el Gobierno actúe antes de que arranque la ejecución de los fondos europeos.

La nueva hoja de ruta tiene otro 'timing'. UGT y CCOO van a exigir la derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma del PP antes de que acabe el año y quieren también algún tipo de avance en relación a la regulación de la contratación temporal y la lucha contra la dualidad del mercado de trabajo en la primera mitad de 2021. Y el Gobierno parece dispuesto a atender al menos la primera parte y no oculta que ha negociado determinados aspectos con Bildu.

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