El pleno del Congreso ha aprobado este jueves los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, que se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos para hacer frente al actual contexto inflacionario. La iniciativa ha contado con el respaldo de 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG, mientras que los 152 del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra.
En un plano intermedio más pragmático se han situado PNV y PDeCAT (10 escaños en conjunto), que se han abstenido porque, aunque comparten la filosofía de estos impuestos, consideran que su deficiente diseño los aboca a la nulidad y a devolver lo recaudado "con cargo a la ciudadanía a la que ahora se quiere proteger", en palabras de la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal. Aun así, el Gobierno ha sacado adelante esta polémica normativa, que viene rebajada por las negociaciones con los independentistas vascos. La iniciativa aprobada tiene la misma redacción que salió de la Comisión de Asuntos Económicos porque en el Pleno de este jueves no se han introducido cambios.
La proposición de ley sí que sufrió diferentes modificaciones en las últimas semanas. Uno de los principales cambios se produjo en torno al gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca, ya que finalmente se incluyó una propuesta del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en España. Con ese cambio no se precisaba la nacionalidad de los bancos, por lo que el PSOE y Unidas Podemos ya no vieron necesario incluir en el articulado una mención expresa a las entidades extranjeras que desarrollen su actividad en nuestro país, máxime cuando en la exposición de motivos si se deja claro que los bancos extranjeros con negocio en España también están afectados por el gravamen, según fuentes parlamentarias consultadas por 'Europa Press'.
En lo referido al gravamen energético, se excluirá de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, queda modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Además, se ha incluido en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente. Al mismo tiempo, se introdujo otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.
Entre quienes se han posicionado a favor de los impuestos están EH Bildu o ERC que creen que se quedan cortos y que deberían implantarse con carácter permanente, si bien EH Bildu pactó durante la tramitación en comisión que dentro de dos años se hará una evaluación por parte del Gobierno para decidir si se mantienen de cara al futuro. Además, en el texto final sí está ya incorporada a la ley la enmienda por la que se crea el impuesto a las grandes fortunas, que gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.
Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. Para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros
También con EH Bildu se acordó en comisión que las haciendas forales del País Vasco y Navarra gestionen los gravámenes a la banca y las energéticas, aunque en realidad no tienen cabida ni en el concierto vasco ni en el convenio navarro porque no son figuras tributarias sino prestaciones patrimoniales en forma de impuesto. "No van a poder recaudarlos ni gestionarlos. Quien recaudará será el Gobierno español y lo que hará la Comisión Mixta de Concierto será negociar una determinada compensación económica", ha aclarado Sagastizabal del PNV.
La diputada vasca, que ha lamentado que en los últimos días no ha habido disposición a negociar más cambios, ha recordado que la semana pasada, junto con PDeCAT, lograron que no computen a efectos del gravamen a las energéticas tanto las tarifas reguladas de luz, gas y butano como los ingresos obtenidos de redes de transporte y distribución de electricidad y gas. Asimismo, se excluyó del pago a todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorios no peninsulares, incluidos los del mercado, así como toda la facturación obtenida fuera de España.
De la ausencia de negociación se ha quejado la portavoz de CC Ana Oramas, que solo ha planteado una enmienda para que los ingresos procedentes de la distribución de butano y gasolina a las islas de canarias no capitalinas no computen a efectos del gravamen sobre las energéticas.
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