El real decreto ley ómnibus de casi 150 páginas que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros del año contenía mucho más que las medidas para paliar los efectos de la sequía y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo que le dan nombre. Los diferentes ministerios aprovecharon para introducir en el texto algunas de las cuestiones que tenían pendientes y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en concreto, lo usó para materializar el acuerdo sellado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, apenas una semana antes: retocar la normativa para que Cataluña pudiera asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV); así como el resto de territorios del régimen común.
Esta es una prestación no contributiva, creada en 2020 en el marco de la pandemia y dirigida a reducir el riesgo de pobreza y controlada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social pero cuya gestión ya habían asumido las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra a través de una serie de acuerdos específicos, por el hecho de pertenecer al régimen foral. Y con la modificación de la ley 19/2021 por la que se regula se abre la puerta a delegar esta competencia al resto de territorios si así lo solicitan a través de un convenio que deberían cerrar las dos administraciones en el que se establecería el procedimiento, los plazos y los compromisos para su gestión.
Ahora bien, el artículo 81 del real decreto ley limita a la "iniciación, tramitación, resolución y control" la competencia de las autonomías para "respetar el carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y el principio de solidaridad". El que es precisamente el centro del debate de otro de los acuerdo sellados por el PSOE en las negociaciones para obtener los apoyos necesarios para la investidura, se trata de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, pactada con el PNV a cambio de obtener el respaldo de los cinco representantes encabezados por Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados. Se trata de un punto incluido en los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, pero que corre el riesgo de ser inconstitucional si no se respetan estos mismos aspectos de unidad y solidaridad.
Traspaso del régimen económico de la Seguridad Social
Es por esto que la nueva titular del ministerio competente, Elma Saiz, insiste en que esta transferencia no va a suponer en ningún caso la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, dado que además de quebrar el sistema público de pensiones, iría en contra de lo reflejado por el Tribunal Constitucional en las sentencias al efecto de 2019, 2021 y 2023. Si bien, el hecho de no tocar la 'hucha' común no resta dificultad a la posibilidad de transferir el régimen económico de este organismo que debería materializarse en un plazo máximo de dos años, según advierten los expertos en la materia. Por el momento, los nacionalistas vascos han mantenido en barbecho este debate, pero una vez materializada la prelación de los convenios laborales de ámbito autonómico y la prórroga del contrato de relevo, todo parece indicar que en el corto plazo centrarán en esta materia sus esfuerzos.
Dado que así parece reflejado en el acuerdo sellado entre ambas formaciones y que el propio presidente del Euzkadi Buru Batzar -el órgano ejecutivo del PNV-, Andoni Ortuzar, se encargó de firmar y presentar parece claro que esta transferencia se dará en algún punto de la legislatura, aunque el momento exacto sea aún una incógnita. Además, existe el riesgo de que en esta materia tampoco se convoque a los agentes sociales para valorar su postura, como ya ha ocurrido en las dos ocasiones anteriores a pesar de ser materias propias del ámbito laboral. Esta es una preocupación que ya admitieron fuentes de la ejecutiva de UGT en el inicio de la rueda de contactos de Pedro Sánchez, temían que se diera un 'traspaso exprés' para reunir el apoyo del PNV que finalmente no se ha dado, pero la posibilidad de que se haga sin diálogo no les convence más.
En el pacto de investidura también se recogió el compromiso de que se celebrara una reunión bianual en la que participaran tanto Pedro Sánchez como el lehendakari, en este caso, Iñigo Urkullu para avanzar en este y el resto de acuerdos. La primera de ellas debería darse antes del mes de mayo, aunque los dirigentes no partirían de cero en esta materia, ya que el anterior Ejecutivo ya estableció un calendario de trabajo para estudiar la cesión del régimen económico de la Seguridad Social, con Carolina Darias al frente de la cartera de Política Territorial. No obstante, este no terminó por materializarse a causa de la pandemia y después, el Gobierno central dio por acabada la tarea con el traspaso del IMV, volviendo a la casilla de salida.
