Cruce de cartas entre Trabajo y UGT por el bloqueo empresarial a aplicar el SMI

  • La Inspección intensifica el cruce masivo de datos para detectar prácticas fraudulentas que vulneren la normativa en la contratación a tiempo parcial.
Foto reunión diálogo social con Antonio Garamendi / EFE
Foto reunión diálogo social con Antonio Garamendi / EFE

El Gobierno ha negado en público que los empresarios se estén resistiendo a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, como establece la ley actual. Sin embargo, la Inspección de Trabajo sí ha tenido conocimiento de prácticas de empresarios que han buscado recovecos legales para esquivar el brusco aumento y evitar incurrir así en costes salariales excesivos. En el departamento que dirige Magdalena Valerio se han encendido todas las alarmas y, desde el pasado mes de enero, están vigilantes para detectar cualquier tipo de movimiento fraudulento en este sentido, según ha podido saber La Información.

Mediante el cruce masivo de datos, a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Valerio controla desde hace tres meses que los empresarios apliquen en las nóminas de sus trabajadores el nuevo SMI de 900 euros, que entró en vigor el primer día del año tras su aprobación por Real Decreto-ley en la recta final de 2018. Así consta en una carta remitida al sindicato UGT a la que ha tenido acceso este diario y en la que se revela que se ha intensificado el control para detectar "prácticas empresariales que vulneren la normativa vigente".

La misiva, que firma el subsecretario del Ministerio, Raúl Riesco, y está fechada a 31 de enero de 2019, viene a responder a una denuncia que les había trasladado una semana antes la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, en la que advertía de la preocupación existente en el sindicato ante la posibilidad de que "determinadas prácticas empresariales pudieran erosionar los efectos reales" de la subida del SMI del 22,3%, la mayor de la democracia.

Este cruce epistolar se produjo después de constatar la estrategia de los empresarios desde principios de año, tras la entrada en vigor del SMI más caro. Como reveló La Información, los equipos jurídicos de las compañías rastrearon las nuevas leyes para encontrar resquicios legales que les permitiesen amortiguar el golpe en sus cuentas de gastos. Y encontraron opciones: por ejemplo, desactivar la aplicación de determinados complementos salariales cuando se produce una subida no prevista de la parte regulada del sueldo, en este caso, el mínimo legal.

CARTAS TRABAJO UGT
 

Esta misma semana, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reveló en una entrevista radiofónica que "se están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y, por tanto, el montante final en la nómina es el mismo". También, tal y como trasladó Barrera a Riesco el pasado 23 de enero, "podría existir la tentación de que ciertas empresas y sectores pretendan eludir la aplicación del mínimo legal de salarios a través de la conversión de empleos a tiempo completo en empleos a tiempo parcial sin que concurran efectivamente razones que lo justifiquen". 

La Inspección ya ha puesto el foco en estas incidencias en el marco de la campaña anual sobre control del fraude en la contratación a tiempo parcial. "Mediante el cruce masivo de datos se estará vigilante y será posible la detección de estas y otras prácticas empresariales que vulneren la normativa vigente, para su investigación por el personal de la Inspección de Trabajo, en el marco de la campaña anual sobre control del fraude en la contratación a tiempo parcial", reza la carta remitida a UGT.

Aluvión de consultas 

Desde los primeros días del año se han sucedido en las oficinas de los sindicatos las consultas de trabajadores que no están percibiendo la subida del salario mínimo en sus nóminas. Fuentes de CCOO revelan que en las distintas federaciones, comarcas y territorios, "se están detectando problemas en la aplicación del nuevo SMI". Desde UGT aseguran que se está produciendo un "aluvión de consultas" por parte de los trabajadores. "Es un auténtico goteo", desvelan, y hablan directamente de "prácticas irregulares" por parte de los empresarios.

Los sindicatos han detectado estas "trampas" en todos los sectores, pero sobre todo en el agrario. Precisamente, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha reconocido que al Ministerio de Trabajo le han constado en estos meses "resistencias" a subir los sueldos de los empleados en el campo, donde se acumula el grueso de trabajadores que cobran el salario mínimo. Sin embargo, Granado ha negado que se hayan producido incidencias "excesivas" y generalizadas en estos tres meses, según avanzó durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro.

Con todo, y a pesar de restarle importancia en sus comparecencias públicas, Trabajo ha intensificado el control tras detectar estas incidencias. Pero en CCOO tienen pocas esperanzas depositadas en la actuación de la Inspección y vaticinan que estos conflictos podrían acabar por resolverse por la vía judicial. "Podremos encontrarnos casos en los juzgados en los próximos meses", avisa la secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, quien explica que el gabinete jurídico del sindicato trabaja estos días para dar una respuesta unánime a las consultas que están recibiendo.

No en vano, hace pocos días se hacía público que un juzgado de lo Social tendrá que dirimir si el SMI se aplica en el convenio del Campo de Ciudad Real como base salarial o como referencia, después de que ni la mesa de negociación entre patronal y sindicatos ni la mediación lograran resolver el conflicto. Se dejará en manos de la justicia la fórmula para trasladar el incremento del salario mínimo a las tablas salariales en un convenio que da cobertura a alrededor de 10.000 trabajadores en la provincia.

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