El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere cerrar los temas pendientes antes de las campanadas de fin de año, así se lo ha hecho llegar a los agentes sociales con los que ha compartido una intensa agenda en las últimas semanas. La cartera que capitanea Yolanda Díaz tiene abiertas dos mesas paralelas de negociación con los sindicatos y la patronal, una que versa sobre la subida del salario mínimo (SMI) y la otra sobre la reforma del subsidio por desempleo, comprometida con Bruselas para el cuarto pago de los fondos europeos y que ha generado un choque con Economía. Y según trasladan fuentes presentes en la negociación a este medio, el departamento tiene intención de sacar ambas materias en un 'megadecreto' al margen del texto ómnibus que incluya las cuestiones pendientes que puedan tener otros ministerios.
Sin embargo, estas no son las únicas medidas que entrarán en el texto normativo que el Ministerio de Trabajo llevará previsiblemente al último Consejo de Ministros. El Gobierno tiene pendiente transponer dos directivas que competen al área tutelada por la líder de Sumar o más bien, trasladar al derecho nacional una de ellas y reparar los errores cometidos a la hora de aterrizar la segunda de ellas. El departamento de Díaz debe transponer la directiva 2019/1152 de condiciones laborales transparentes previsibles y además, debe modificar algunos detalles del texto sobre conciliación de la vida familiar y profesional basado en la directiva 2019/1158 acerca de los permisos de maternidad, paternidad y cuidados.
España va retrasada en ambas cuestiones, por lo que se ha iniciado el proceso que podría conducir al país a una sanción económica. CCOO reclamó antes de verano al Gobierno que traspusiese la primera de las directivas que afecta principalmente a los trabajadores temporales y al periodo de prueba en algunos supuestos antes de las elecciones generales del 23 de julio, pero la resistencia del ala socialista del Ejecutivo a incluirla dentro de un decreto ómnibus en el que sí entraron otras directivas lo impidió, según explicaron entonces fuentes de Trabajo a La Información. De hecho, la vicepresidenta segunda decidió llevar esta tarea pendiente al programa de Sumar.
Al tiempo que la Comisión Europea decidía hace un mes llevar a Bélgica, Irlanda y España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "por no haber notificado las medidas nacionales de transposición de los derechos de la UE de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores". El plazo para hacerlo acabó en agosto de 2022, por lo que en septiembre de ese año el órgano que dirige Ursula von der Leyen comenzó a enviar escritos a estos cuatro países y en abril de 2023 ya remitió dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de sanción. España aprobó en junio el real decreto-ley 5/2023 en que transpuso esta directiva, sin embargo, parece haber cometido un error respecto a la lactancia, según indican fuentes conocedoras a este medio.
Subida del SMI y reforma del subsidio por desempleo
El Ministerio de Trabajo y Economía Social negocia con los agentes sociales a dos bandas, para subir el salario mínimo interprofesional en línea con el dato del IPC medio de los últimos doce meses y para cumplir con una reforma que supone uno de los 43 hitos y objetivos ligados al cuarto pago de los fondos europeos que asciende a 10.000 millones de euros. Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa una propuesta que incluye un alza del 4% para el SMI que lo llevaría de los 1.080 euros actuales hasta los 1.123 euros brutos en 14 pagas, una subida que CCOO y UGT consideran insuficiente pero que están dispuestos a aceptar para acercar a los empresarios a un acuerdo. La CEOE tampoco cree que esta sea excesiva, siempre que Hacienda permita revisar las contratas públicas para trasladar esta subida.
El departamento de Trabajo se comprometió a trasladar esta demanda, que apoyan los representantes de los trabajadores, a la cartera de María Jesús Montero. Tres días después, fuentes sindicales afirman no tener constancia de si esta transmisión se ha producido formalmente, mientras que el Ministerio evita pronunciarse al respecto. Si bien, la vicepresidenta cuarta del Gobierno ha sido clara ante los medios, no cree que sea "lógico" que la subida del SMI "recaiga sobre las cuentas públicas que pagan todos los ciudadanos", mientras que en el entorno de Díaz no ocultan su respaldo a la posición defendida por los agentes sociales. Para los empresarios, la Administración está siendo la principal precarizadora de sectores como la jardinería, la limpieza o la seguridad privada en los que las empresas compiten a la baja en los concursos.
El equipo del Ministerio de Trabajo no ha convocado una nueva cita con patronal y sindicatos para terminar de negociar esta subida, tampoco para abordar la reforma del subsidio de paro. La última reunión a este respecto tuvo lugar el pasado lunes 4 de diciembre, en la que ambas partes de la mesa se comprometieron a remitir sus propuestas de reforma al borrador presentado por este ala del Gobierno -y que va en contra de la dirección adelantada por el secretario de Estado de Economía-. Tanto sindicatos como la patronal han enviado sus planteamientos, tras reprochar a la cartera que haya apurado tanto los plazos para abrir una negociación de la aspiraba a ser una reforma en profundidad del nivel asistencial de desempleo. Sin embargo, los negociadores no han recibido ninguna respuesta a sus comentarios, según apuntan.
