Quizás nunca has oído hablar del trabajo o la economía 'gig', pero la tendencia que irrumpió en Estados Unidos en el marco de la crisis financiera de 2008 gana peso a pasos agigantados en España. Se trata de un modelo basado en contrataciones por pequeños periodos de tiempo o temporales en los que la relación laboral se basa en la consecución de una serie de objetivos o proyectos en lugar de acceder a un puesto estructural al uso. Al otro lado del Atlántico, cogió impulso a través de plataformas digitales en las que se ofrecían servicios puntuales de limpieza, reparación o reparto, su materialización en España ha sido menos estudiada pero la multinacional de recursos humanos Gi Group sitúa este tipo de trabajo entre las cinco tendencias clave del mercado laboral para el próximo 2024.
"Esta economía, así como el número de trabajadores que participan de esta forma de empleo, ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años. Esto es una clara indicación de que la naturaleza del trabajo, tal como lo conocemos, está cambiando" apunta Teresa Cortés a La Información, miembro del Área Manager de Gi Group. La portavoz de la compañía de recursos humanos estima que cerca de un 6% de la población se dedica a trabajos en la 'gig economy' en España, un porcentaje que esperan que se eleve hasta el 18% en el próximo año, movidos por tener un mayor control de su tiempo de trabajo y por la posibilidad de dedicarse a varias tareas al mismo tiempo.
Sin embargo, en esta balanza, más allá de la flexibilidad pesa la precariedad que enfrentan muchos trabajadores que cuentan con jornadas parciales involuntarias -les gustaría trabajar a tiempo completo pero no lo consiguen- o empleos a jornada completa con la que no pueden hacer frente a los gastos. "Este modelo suele atraer una variedad de trabajadores. Por un lado, los que buscan flexibilidad laboral para poder equilibrar con su vida familiar, y por otro, los que buscan un complemento para generar ingresos adicionales" admite Cortés. Por tanto aglutina tanto a trabajadores del régimen común como a profesionales autónomos.
El último informe 'El estado de la pobreza' elaborado por la European Anti Poverty Network con datos de 2015 a 2022 reflejó que el 32,9% de la población en riesgo de pobreza tenía un trabajo a tiempo completo. Una situación que se vio agravada en este periodo por la pandemia del coronavirus, en la que muchas empresas tuvieron que recurrir a los ERTE o reducciones de jornada y en consecuencia, de salario. Al mismo tiempo que las revalorizaciones salariales se vieron frenadas por el aumento de los costes asociado a la guerra de Ucrania, que unida a una alta inflación, llevó a una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores.
No obstante, la responsable de Gi Group lo enfoca desde una perspectiva optimista. "Los trabajadores gig se benefician de la flexibilidad y libertad que ofrece estos empleos, y las empresas pueden aprovechar profesionales cualificados para proyectos específicos mucho más rápido y de manera más eficiente. Con la digitalización y la automatización amenazando algunos trabajos tradicionales, la economía gig puede proporcionar seguridad laboral, pero no en el sentido tradicional" concluye en una respuesta escrita a este periódico. "La economía gig ofrece oportunidades tanto para trabajadores como para empleadores. El aumento de este tipo de empleo, creemos, ha llegado para quedarse" sostiene.
Si bien, está por ver qué encaje legal tiene este modelo en el ordenamiento español más allá del trabajo autónomo o de colaboraciones puntuales que puedan tener cabida como rendimientos del trabajo. La reforma laboral aprobada al término de 2021 penalizó especialmente los contratos temporales con el objetivo de recortar la temporalidad del sector privado que rozaba el 30% con carácter general y casi el 50% en el caso de los jóvenes. Además, España ha sido pionera en regular el trabajo de plataformas a través de la 'Ley Rider' que el Gobierno ha tomado como referencia en la negociación llevada a cabo durante la presidencia española del Consejo de la UE para promover una directiva europea que finalmente no ha conseguido reunir los apoyos necesarios para prosperar, aunque sí cuenta con el respaldo del Parlamento.
