"La situación es de bloqueo" resumía este jueves el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en una rueda de prensa. El Ministerio de Trabajo y Economía Social citó por última vez a los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo hace más de un mes, el 23 de febrero. Desde entonces, se han producido varios contactos informales en los que el Gobierno se ha comprometido a introducir algunos cambios y ha dicho estar estudiando otros, sin que se hayan traducido una propuesta por escrito. Una conducta que el portavoz del sindicato ha calificado de "anómala", por tratarse de una norma vinculada al cuarto pago de los fondos europeos y por la urgencia con la que se aprobó en diciembre.
Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz admitían hace unos días que la negociación con la patronal y los sindicatos se extendería "algunas semanas más", como publicó La Información por lo que descartaban que fuera a ser posible que la norma estuviera aprobada antes del 20 de mayo, es decir, dentro del plazo acordado con la Comisión Europea para que esta realice la evaluación de los 61 hitos y objetivos ligados al desembolso de 10.000 millones de euros. Fuentes presentes en dicha mesa de diálogo atribuyen directamente esta parálisis o letargo a la falta de respaldo en el Congreso de los Diputados, que el equipo de Trabajo no consigue solventar.
El voto en contra de los cinco diputados de Podemos fue lo que hizo decaer en enero el real decreto-ley que contenía la reforma. La negativa del grupo encabezado por Ione Belarra fue interpretada en clave de venganza personal contra la vicepresidenta segunda, por lo que su capacidad para llevarles a un acuerdo está bajo el punto de mira a apenas dos semanas de iniciar el ciclo electoral con los comicios del País Vasco. Desde el Gobierno confiaban en que los sindicatos pudieran canalizar las demandas de los 'morados' en la mesa de negociación con el objetivo de que el texto no encontrara trabas al llegar al hemiciclo. Sin embargo, estas esperanzas se han visto frustradas porque CCOO asegura que el partido no ha accedido a tener un encuentro, algo que, dicen, tampoco es habitual. Desde Podemos, en cambio, afirman ser ellos los que iniciaron los contactos y estar a la espera de agendar una reunión.
El Ministerio de Trabajo trata de buscar una salida para esta encrucijada, por ello ha trasladado a los representantes de los trabajadores que estudia la vía para mantener la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años en el 125%, ya que este es el punto al que se aferró Podemos para rechazar la medida. Tal y como ha explicado CCOO, desde el Gobierno plantearían vincularla a la evolución de la tasa de paro, si bien solo se trataría de una propuesta verbal que no conocen a fondo. La norma que decayó en el Congreso y que se había negociado con la anterior titular de Economía, Nadia Calviño, reducía esta proporción al 100% de la base mínima, por entender que operaba como un desincentivo a la búsqueda de empleo.
Esta base viene dada por el salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que Trabajo explicó que las últimas subidas hacían innecesaria que nació de un acuerdo con los sindicatos cuando la renta mínima era insuficiente. Este diseño tampoco gustó a los sindicatos, quienes abogaron por enmendarlo a través de una enmienda a la norma y que plantearon propuestas de mejora una vez se abrió la mesa de negociación. El real decreto-ley establecía que las nuevas condiciones solo se aplicarían para los nuevos beneficiarios a partir de una fecha dada, por lo que CCOO y UGT defienden que los perceptores no aceptarían un empleo para un corto periodo de tiempo si les pagan el SMI, ya que pasarían a cotizar menos para la pensión al volver al subsidio.
Las dos partes del Gobierno trataron de enmendar este posible desincentivo con la introducción de la compatibilidad del cobro del subsidio y un empleo durante 180 días, con independencia del tipo de contrato, ya que actualmente se limita a los acuerdos parciales. Si bien la redacción del texto publicado en el BOE reflejaba que esta compatibilidad no era tal, sino que los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años que se reincorporen al mercado laboral -con un contrato a tiempo parcial o completo- pasarían a ingresar el "complemento de apoyo al empleo" que se reduciría según el número de trimestres que se lleve percibiendo el subsidio y cuánto dure la jornada del nuevo trabajo de acuerdo con la siguiente tabla.
Tanto las nóminas de este complemento al empleo como la de los diferentes tipos de subsidio vienen marcadas por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por lo que para los sindicatos era clave abrir un debate sobre esta figura. Esta referencia se creó en 2004 y el año pasado se fijó en 600 euros mensuales, por lo que para CCOO la prioridad era actualizarlo, de manera que recuperase el poder de compra perdido que ellos estiman en 14 puntos y en 17 puntos si no se eleva en 2024. Sumar había asumido como propia esta tarea en el marco de la negociación de los presupuestos, donde condicionó el pacto a un incremento del 3%, sin embargo, la renuncia a las cuentas públicas les ha dejado sin estrategia. En cambio, UGT llamaba a sustituirlo por el umbral de pobreza aplicado en las pensiones, algo que no se ha llegado a valorar.
