El Ministerio de Trabajo empleará todas las fórmulas legales para frenar la nueva medida anunciada por Uber Eats. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha señalado tras conocerse que la citada compañía estudia volver a utilizar autónomos, que va a utilizar todos los elementos para evitar que se burle el cumplimiento de la ley y que serán “implacables” ante los cambios que planean poner en marcha las empresas de reparto. "Vamos a ser implacables con el cumplimiento de la ley. Lo haremos con los recursos que tengamos a nuestra disposición y sin descartar incluso exigir responsabilidades a aquellos que hacen uso de un sistema de reparto que vulnera la ley", ha asegurado el secretario en declaraciones remitidas a los medios este martes.
Además, ha afirmado que se emplearán todos los elementos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se va a recurrir a todas las posibilidades al alcance del Ministerio de Trabajo y Economía Social para evitar que se burle el cumplimiento de la ley. Además, Uber Eats estudia un nuevo modelo de reparto a domicilio que combine el contrato a terceros -como en la actualidad- con el trabajo con autónomos, a los que recurría antes de la entrada en vigor de la Ley Rider, según han informado a Efe fuentes de la empresa. Los repartidores tendrían control sobre su trabajo, incluida la capacidad de fijar el precio de sus propias tarifas a cualquier hora, explican las mismas fuentes.
La denominada ley Rider, recuerdan desde Trabajo, establece la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales. “Se ha aplicado en todos los ámbitos desde su entrada en vigor y la valoración del Ministerio de Trabajo y Economía Social es que se trata de una legislación positiva, ya que incluso ha generado sindicalización con la firma de un primer convenio colectivo”.
Asimismo, han apuntado que con esta legislación se ha reconducido un trabajo que estaba sumido en la precariedad y se ofrecen garantías laborales, pese a que ha habido fuertes resistencias de alguna de las empresas afectadas. "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social estableció un dispositivo tras ser aprobada la ley para monitorizar su cumplimiento. Además, en el caso de la empresa Glovo, el nuevo inversor alemán tiene el compromiso explícito como condición de esa inversión de hacer cumplir la ley Rider", concluyen.
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