El conocido como Estatuto del Becario está entre el listado de normas que Moncloa quiere sacar adelante este 2024, según adelantó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado martes. El texto regulará las prácticas no laborales que desarrollen estudiantes en el seno de la empresa, es decir, las que persigan fines formativos, con independencia de que sean parte del itinerario formativo que deben cubrir para obtener dicha titulación. Y fuentes del Ministerio de Trabajo y la Economía Social han trasladado a La Información que iniciarán su tramitación parlamentaria "en breve" para cumplir el pacto que suscribieron con los sindicatos en junio y a lo reflejado en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar.
Se trata del fleco que quedó pendiente en la reforma laboral de 2021. En diciembre de ese año, tanto CEOE y Cepyme como CCOO y UGT se comprometieron a reunirse con el departamento que encabeza Yolanda Díaz en un plazo de seis meses para negociar el Estatuto del Becario. Para octubre de 2022, el Gobierno ya había cerrado un texto con los representantes de los trabajadores que recogía la eliminación de las prácticas extracurriculares cuando se cumpliera un año desde la entrada en vigor de la ley. No obstante, la imposibilidad de sacar la norma adelante en el Parlamento con el voto de los partidos nacionalistas por la presión de las universidades y el afán de llegar a un pacto con los empresarios, llevó a Trabajo a abrir de nuevo la mesa en enero de 2023.
Los negociadores mantuvieron un intenso calendario de reuniones e intercambio de papeles durante los tres primeros meses del año, en los que el Gobierno renunció a la posibilidad de eliminar las prácticas no obligatorias, hasta que los sindicatos dieron por cerrada la conversación, a la vista de que no iban a cerrar un acuerdo con CEOE. El ministerio de Trabajo intercambió algunos borradores más con las dos partes y finalmente, formalizó el acuerdo con CCOO y UGT en el mes de junio, cuando ya se habían convocado las elecciones generales, que limitaba a 480 el número de horas que puede hacer cada estudiante y al 20% de la plantilla el número de becas. La norma, que iba a tomar forma de real decreto-ley no llegó al Consejo de Ministros por no convencer a la parte socialista de la coalición y en concreto, a Nadia Calviño.
Desde entonces, los representantes de los trabajadores no han tenido noticias por la vía formal sobre cuál es el plan de la cartera de Díaz para sacar adelante esta norma. De hecho, las palabras del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa para dar a conocer los datos del paro de diciembre hicieron saltar las alarmas de los representantes de los trabajadores. "Volveremos a convocar la mesa de diálogo social para contemplar si hay alguna novedad o algún cambio de criterio, pero en principio el texto con el que funciona el Gobierno es el que fue acordado con las organizaciones sindicales hace unos meses" sostuvo entonces. Los empresarios recogieron este guante y afirmaron estar dispuestos a volver a la mesa de negociación, pero desde CCOO rechazaron de plano esta posibilidad.
El Gobierno, por tanto, tiene la intención de sacar adelante el Estatuto del Becario al margen de la evolución que tenga la propuesta de la directiva para mejorar la calidad de los periodos de prácticas que impulsó la Comisión Europea hace una semana y el proyecto en el que el Parlamento Europeo también lleva meses trabajando. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que este borrador recoge "bastantes aspectos" del Estatuto del Becario y "define bien los objetivos de la norma y las medidas" con los que poder alcanzarnos, por lo que argumentan que ha servido de inspiración al legislador europeo. Aunque este primer impulso no le garantiza al Gobierno que vaya a reunir los apoyos políticos necesarios en un hemiciclo aún más fragmentado.
Sin embargo, desde los sindicatos marcan distancia frente al análisis de Trabajo. El secretario confederal de Juventud de CCOO, Adrià Junyent, critica que la propuesta no se ajusta al marco de relaciones laborales de Europa y cuestiona que se justifique el uso de la figura de las prácticas como vía de entrada de los jóvenes al mercado de trabajo ante la tasa de paro estructural. "La Comisión Europea está defendiendo que para actuar sobre los niveles altos de paro tienen que rebajar nuestras condiciones laborales y es un problema estructural, por lo que no podemos poner el foco en lo individual" explica en conversación con este medio.
El brazo juvenil de UGT, RUGE, también se pronunció en contra de la propuesta. "El sindicato rechaza el relato que se intenta imponer con estas medidas por parte de la Unión Europea en el que parece que la falta de experiencia laboral previa se debe suplir con asumir contratos con menos derechos y abusivos" cuestionaron. El texto presentado por el órgano que preside Ursula von der Leyen, se centra en combatir los fraudes que se puedan estar dando en los diferentes estados en puestos de trabajo que se cubren con jóvenes que ya han terminado sus estudios, pero siguen contratados en condición de becarios. Pero también posibilitaría que los delegados sindicales defendieran los derechos de estos jóvenes en el seno de las empresas.
