El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, también ha aprobado este miércoles el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), documento en el que se establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares.
Este prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que, "de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga'", se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares, ha destacado la cartera que dirige Teresa Ribera en un comunicado.
El documento ha superado una larga tramitación, iniciada en marzo de 2020 con la difusión del borrador del plan. Es el primer PGRR sometido a evaluación ambiental estratégica -que también incluye una fase de consultas e información pública- y al informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de las comunidades autónomas, al objeto de garantizar una amplia participación, consenso y respaldo social. Este sustituye así al sexto plan vigente hasta hoy, que se aprobó en 2006 y debería haberse actualizado antes del 2015, de acuerdo con el calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
Cese de operación las centrales entre 2027 y 2035
El plan aprobado recoge el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Según el anterior, la parada definitiva de las centrales que están en operación se hubiera producido, a los 40 años de vida útil, entre 2021 y 2028. De este modo, se producirá el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
También se ha dado luz verde a la continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, como ya estaba planificado en el anterior plan, así como a las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las propias centrales.
Por su parte, se pondrán en marcha siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. El ATD de cada central estará formado por su ATI más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa. El Consejo de Ministros también ha acordado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar un Almacén Temporal Centralizado.
El almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad se producirá en un Almacén Geológico Profundo (AGP). El séptimo PGRR establece una hoja de ruta para que España pueda disponer de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia. Podría entrar en funcionamiento en 2073.
