Es una de las principales incógnitas que planean sobre la formación del nuevo gobierno: si Pedro Sánchez optará por mantener a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en su actual cargo el tiempo que reste hasta su eventual designación al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la que España ya ha recabado, al menos, el apoyo de Alemania, uno de los tres estados que más peso tiene en el organismo. A la espera de que Sánchez dé a conocer la configuración de su nuevo ejecutivo a más tardar el lunes, lo cierto es que a Calviño o a su sucesor le tocará lidiar con una coyuntura menos favorable que la actual, con varios riesgos destacados en el corto y medio plazo.
De forma generalizada, organismos nacionales (Banco de España, AIReF) e internacionales (FMI, Comisión Europea, OCDE) han revisado a la baja sus perspectivas para España en 2024 por la confluencia de varios choques que impactarán en el PIB nacional. Son los mismos vientos de cara que han debilitado a lo largo de los últimos meses la actividad, aunque ahora soplarán de forma mucho más intensa. Las malas perspectivas para las principales economías de la Eurozona -con la región en conjunto y Alemania en particular en recesión- se sumarán a la presión que seguirán ejerciendo los tipos de interés altos sobre los costes de financiación y el hecho de que su efecto sobre la economía será más pronunciado el año que viene debido al retardo con el que se transmite la política monetaria.
La economía real deberá encarar una inflación que seguirá sin estar del todo controlada, en el contexto de una política fiscal algo más neutral ante la retirada de las medidas aprobadas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania y a las crisis de precios y energética, dado que solo parece que en principio van a mantenerse la rebaja del IVA a los alimentos (durante el primer semestre) y la gratuidad del transporte público para jóvenes, personas mayores y parados. Nada ha avanzó al respecto el Gobierno, si bien es cierto que Bruselas ha sido tajante a la hora de instar a los estados a que eliminen el paquete energético que expira a finales de año o que mantengan únicamente medidas destinadas a los colectivos más vulnerables, ya sean familias o empresas.
"Es cierto que los riesgos a la baja del escenario son importantes considerando la incertidumbre ligada al comportamiento de los precios de la energía y de los tipos de interés", apuntan desde CaixaBank Research, al tiempo que señalan otros factores mitigantes en el lado positivo, como el buen comportamiento de la renta disponible y de la tasa de ahorro de las familias en los últimos trimestres y la tracción que puedan ejercer sobre la actividad los fondos europeos. Ambas fuerzas dibujarán un escenario inestable en el que la economía nacional tendrá que hacer equilibrios.
De momento, al seguir la economía creciendo (entre julio y septiembre lo habría hecho un 0,3% trimestral y un 1,8% interanual) ha seguido menguando la ratio de deuda sobre PIB, pese a que en volumen el pasivo del conjunto de Administraciones Públicas no ha dejado de crecer y toca nuevos máximos históricos por encima de 1,57 billones de euros. Esa tasa se sitúa cada vez más cerca de la nueva meta que el Gobierno se ha fijado para el cierre de este ejercicio en el 108,1%. Los datos publicados recientemente por el Banco de España constatan que en el tercer trimestre su incremento en términos absolutos ha sido el mayor desde antes de que estallase la pandemia de coronavirus.
Los retos estructurales del gasto público
El hecho de que España haya evitado unas nuevas elecciones previene más retrasos a la hora de abordar cuestiones urgentes relacionadas con los retos estructurales de gasto público, sostienen desde la agencia de calificación europea Scope Ratings. "Garantizar la continuidad política y de las políticas también es crucial para apoyar la confianza de los inversores en un periodo de inflación, tipos de interés elevados y ralentización del crecimiento", añaden.
No son las únicas advertencias que ponen en punto de mira en la necesaria gestión eficiente de las finanzas públicas ante los cambios estructurales que se presentan a futuro en términos de gasto. Que el Gobierno pueda hacer frente a retos demográficos como el envejecimiento de la población y contener los costes de la transición hacia una producción de energía más sostenible son solo dos ejemplos de ello. La capacidad de España para hacer frente a estos retos influirá significativamente en las valoraciones crediticias soberanas y de los gobiernos regionales, apuntan desde la calificadora.
Por todo ello, la absorción eficiente de los fondos Next Generation UE -dado que se espera que de aquí a finales de 2026 se concentre el grueso de los desembolsos, tanto de las ayudas directas como de los préstamos en condiciones ventajosas- será esencial a la hora de impulsar el crecimiento económico y superar los retos estructurales, pero también lo serán unas "estrategias económicas sólidas" y la estabilidad política.
