El sector del taxi reacciona al inesperado anuncio de la Comunidad de Madrid relativo al lanzamiento el primer reglamento de los vehículos de transporte con conductor (VTC) antes de que acabe el año. Los taxistas han dado la bienvenida a la nueva norma que deberá ordenar estos servicios, envueltos en polémica desde su irrupción masiva en las grandes ciudades, pero avanzan un nuevo capítulo en su batalla para salvaguardar sus intereses. Entre sus reclamaciones avanzan otra pugna con la administración para que se prohíba la subida y bajada de clientes de VTC en los carriles bus, una actividad que no está permitida según las ordenanzas municipales de la capital, pero que está generalizada y apenas se sanciona.
La región madrileña tiene hoy 8.866 licencias de VTC concedidas que conviven con los 15.209 taxis que cada día circulan por sus calles, lo que deja una convivencia tensa entre ambos medios que afecta, sobre todo, al tráfico rodado de la ciudad. Los informes del Ayuntamiento de Madrid apuntan que, pese a que no se ha recuperado la intensidad viaria de 2019, cada vez hay más vehículos circulando por la ciudad, dando lugar a cada vez más conflictos viarios como intersecciones bloqueadas, atascos o a la circulación indebida por carriles reservados a autobuses y taxis. Esto afecta significativamente a la velocidad comercial del transporte público, demorando los viajes de quienes optan por estos modos compartidos.
Precisamente esto es lo que pretende atajar la Federación Madrileña del Taxi, que va a pelear la inclusión en el nuevo reglamento de una regla que impida a los clientes de VTC subirse a un vehículo en aquellos puntos donde el tramo de calzada más próximo a la acera sea un carril bus. Esta medida permitiría erradicar esas situaciones de carga y descarga que obligan a autobuses y taxis a parar o maniobrar para evitar al vehículo parado. Ejemplo de ello es que los autobuses de la EMT de Madrid han visto reducida su velocidad media en 0,7 kilómetros por hora durante la última década, algo que ralentiza los viajes de todos sus usuarios.
La fórmula que manejan pasa por geoposicionar al cliente en el momento de la recogida para que, en caso de que se sitúe en un punto donde la calzada más próxima a la acera sea un carril bus, tenga que desplazarse a otro punto. Los conductores, por su parte, seguirían sin poder parar en este carril, teniendo que desplazarse hasta alguna calle adyacente que no estuviera afectada. Los taxistas consideran que con esta modificación se podría mejorar la gestión del tráfico y su fluidez, además de evitar el encarecimiento en el servicio para el cliente, que se ahorraría tiempo y dinero.
Ya está prohibido cargar en el carril bus, pero no se cumple
Las intenciones del sector del taxi pasan por lograr una normativa similar a la que ya aplica a los vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes compartidos, que con la nueva Ordenanza de Movilidad de la capital no pueden estacionarse fuera de las zonas habilitadas. Estas consisten en pequeños parkings señalizados que ocupan una plaza de coche en la que conviven con otras bicicletas y patinetes privados o compartidos.
El Ayuntamiento de Madrid prohíbe tajantemente que los vehículos VTC hagan uso del carril bus, ni para circular, ni estacionar en él, ni tan siquiera para recoger a aquellos clientes que hayan concertado el servicio. De hecho, en su página web, señala que estos servicios son concertados previamente, por lo que "pueden programar la recogida en cualquier punto cercano donde no exista carril bus". La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre también impide que las VTC sean abordados en la vía pública o en paradas de taxi, pero estas conductas contrarias a la ley no estarían siendo sancionadas ni por la Policía ni por las propias empresas.
Nueva regulación en marcha
El borrador del proyecto de reglamento de control de las VTC elaborado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso contempla la regulación de precios para eventos de alta demanda, como los grandes conciertos, festivales o partidos de fútbol. La propia Federación de Taxi de Madrid ha hecho públicos dos informes en los que asegura que Uber, Cabify y Bolt subieron sus precios entre dos y cuatro veces durante la celebración del festival Mad Cool, y que hacen un uso desproporcionado del concepto de recargo por alta demanda.
Ahora, la Comunidad de Madrid pretende que estos servicios en períodos especiales no superen el 50% del precio base, que será determinado por la Consejería de Transportes. También contempla compensaciones económicas en caso de anulación de servicios, una línea de atención al cliente o la posibilidad de realizar trayectos compartidos. Los conductores deberán conocer el castellano y los lugares de interés de la región, además de no haber sido condenados por delitos contra la libertad sexual, tener nociones de primeros auxilios y saber manejar dispositivos digitales.
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