Este miércoles hubo fumata blanca. Tras más de 110 días de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez consiguió el respaldo del Congreso de los Diputados para mantenerse al frente de la política nacional. El secretario general del PSOE está llamado a formar un nuevo Ejecutivo junto a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en las próximas horas. La sintonía entre ambos políticos es evidente, "nosotros no ocultamos que nos llevamos bien" decía Sánchez en una de sus intervenciones en el debate de investidura, lo que no significa que no existan diferencias, en parte ideológicas y sobre todo, acerca de las medidas que es necesario llevar a cabo en las áreas con mayor componente social.
La distancia es especialmente pronunciada en dos aspectos, la reforma del despido y la política de vivienda, como ha subrayaba el fundador de Más País y diputado por Sumar, Íñigo Errejón, en declaraciones a Televisión Española. "Aspiramos a que se cumpla el acuerdo de gobierno y a tener una posición decisiva para poder empujar a que se cumpla y vaya más allá. A veces el PSOE tiene una cierta tentación de dejar las cosas como están y nosotros creemos tienen que ser transformadas en beneficio de la gente trabajadora y para eso hacen falta posiciones decisivas" sostenía este viernes a la espera de conocer el reparto definitivo de carteras en el Consejo de Ministros.
El despido como tarea pendiente tras la reforma laboral
En la legislatura anterior, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a derogar la reforma laboral de 2013, sin embargo, las diferencias entre los socios y la voluntad de sumar a los empresarios a la firma de la nueva norma llevaron a reducir los cambios a "los aspectos más lesivos" de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en palabras de Yolanda Díaz. En esta renuncia a modificar por completo la normativa aprobada hace ahora una década, el punto sacrificado en el debate fue el despido que se dejó 'aparcado' para una modificación posterior, pese a que los sindicatos creían que la recuperación de los 45 días por año para el cálculo de la indemnización por despido improcedente era un aspecto prioritario.
Precisamente, esta decisión propició el voto en contra de EH Bildu, ERC y BNG a la reforma laboral de 2021 que salió adelante gracias a los diputados de Ciudadanos, algo que Gabriel Rufián volvió a recordar esta semana en el debate de investidura. Los grupos de izquierdas de corte independentista promovieron una moción en el Congreso de los Diputados para instar a la titular de Trabajo a modificar el despido, ante lo que Díaz afirmó que el despido restaurativo, es decir, las indemnizaciones que tengan en cuenta la situación personal del trabajador dado de baja era una tarea clave para la siguiente legislatura, la que dio comienzo tras las elecciones del 23-J.
El despido pasó a ser una cuestión troncal del programa electoral de Sumar, tal y como demandaban desde CCOO y UGT, junto a la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas. En un inicio, el PSOE no era partidario de ninguna de las dos medidas, pero una vez fijado el plazo de dos años para rebajar por ley la jornada de 40 horas semanales en el acuerdo de gobierno, los ceses cobran peso como la principal riña entre los socios en materia laboral, que solo se han comprometido a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido" y reforzar la causalidad "en los supuestos de extinción de la relación laboral".
El documento que sienta las bases de la acción política del próximo Ejecutivo también habla de cumplir la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021, lo que necesariamente debería implicar que se desarrolle una normativa acorde con el despido restaurativo, según la tesis defendida por las dos principales asociaciones sindicales, que han presentado una reclamación en Estrasburgo por esta cuestión. Esta semana UGT ha ido un paso más allá y ha abogado por recuperar una indemnización mínima de seis meses para los trabajadores con menor antigüedad, mientras que los empresarios rechazan de plano tocar este aspecto y critican que los partidos invadan materias propias del diálogo social.
Límite a los precios del alquiler y vivienda pública
"Sabemos que no todo lo compartimos con el PSOE. Somos mucho más ambiciosos en la reforma del despido porque queremos proteger la contratación de trabajadores y no facilitar que se les despida" apuntaba el exdirigente de Podemos. "Nosotros somos mucho más ambicioso en querer regular el mercado de la vivienda en España que lleva décadas funcionando al servicio de las oligarquías en lugar de al servicio del derecho constitucional a la vivienda de los ciudadanos", aseguraba. Estas diferencias entre socialistas y las formaciones situadas a su izquierda tampoco son nuevas, ya se materializaron en la negociación de la Ley de Vivienda que dejó fuera la regulación de los alquileres turísticos, estacionales y de temporada por la presión de Economía.
PSOE y Sumar se han comprometido a publicar con carácter inmediato el índice de referencia de precios que permitirá aplicar límites a los precios del alquiler en las zonas tensionadas y engrosar el parque de vivienda pública hasta que este suponga un 20% del total de inmuebles del país. También pactaron un plan para rehabilitar medio millón de viviendas con el objetivo de hacerlas energéticamente eficientes, así como han prometido elevar la renta media para acceder a las medidas de apoyo para los ciudadanos afectados por la subida de las hipotecas asociada al alza de tipos. Una política que desde las entidades bancarias ya avanzan que no solucionará el escaso alcance del programa, dado que los más afectados son precisamente los ciudadanos con menos renta.
Los roces con Podemos dejan 'coja' el área económica de Díaz
Está por ver qué grado de influencia podrá tener Sumar en las políticas de vivienda, así como en las propias de la estrategia troncal que trace el Ministerio de Economía, porque parece que ambas carteras caerán en manos de los socialistas. Mientras que la actuación de Díaz no es objeto de debate tras haber puesto en marcha una reforma laboral que ha sido valorada positivamente por los agentes sociales, los organismos europeos e incluso -con matices- por el PP, está por ver si los roces con Podemos no le pasan factura a Sumar a la hora de hacer propuestas más allá de este gabinete.
Nacho Álvarez, que había formado parte del núcleo de Podemos desde hace casi una década al frente de la Secretaría de Economía del partido 'morado', ha decidido dejar todos sus cargos y volver a la actividad académica después de que Ione Belarra rechazase la propuesta de Sumar para nombrarlo ministro de Derechos Sociales. El todavía secretario de Estado en funciones de ese mismo área ha ejercido como 'gurú' económico de Sumar, coordinando las iniciativas económicas de la formación, por lo que su salida que se suma a la que era portavoz de vivienda y candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, dejan 'coja' el área económica de la plataforma, con el exdirector del gabinete económico de CCOO al frente, Carlos Martín Urriza.
