Los problemas relacionados con la vivienda se han convertido en uno de los grandes temas políticos de la recta final de la legislatura y apuntan a que continuarán siendo protagonistas de la siguiente. De hecho, los partidos nacionales lo contemplan en sus programas de cara a las elecciones generales de este 23 de julio. Todos plantean objetivos para modificar la Ley del Suelo o medidas para movilizar los actuales territorios para poder crear nuevos hogares para los españoles.
En España se creó la primera Ley del Suelo en 1956 y con el tiempo se ha ido modificando. Esta normativa busca regular los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos en el país y controla tanto el derecho a edificar como el valor del suelo. En diciembre del año pasado se aprobó un anteproyecto para modificarlo nuevamente con el fin de evitar la paralización del planeamiento territorial de numerosos municipios por efectos menores que son “fácilmente subsanables”, entre otros puntos. No obstante todavía no tiene luz verde completa.
Al respecto, Vox en su programa indica específicamente que liberarán todo el suelo que no esté o deba estar protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional. Para ello, aseguran que impulsarán una nueva norma que busque la liberación del suelo “secuestrado por los ayuntamientos y comunidades autónomas para el beneficio de los partidos y de políticos corruptos, y que asegure un correcto, ágil y armónico desarrollo urbanístico en toda España”. También añade que fomentarán la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda de protección oficial: “Movilizaremos el suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes para la promoción de vivienda en alquiler social”.
“Habilitaremos una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la Sareb la titularidad de los activos, sean los Ayuntamientos los que soliciten a la Sareb, en función de la demanda y las necesidades habitacionales, la cesión temporal de los activos y el suelo urbanizable para alquiler social”, zanja el programa de Santiago Abascal, que suma otras medidas también para movilizar suelo nacional. Por otro lado el Partido Popular, aunque en el programa no refleja nada específico sobre la Ley del Suelo, en una entrevista con Expansión, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que querían realizar una modificación de la política de vivienda y que cambiarían la ley del suelo para reducir el precio de la vivienda.
En concreto, en su programa escriben que movilizarán suelo de titularidad pública, para que sea destinado a redes públicas de vivienda para incorporarse a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible. Aparte, promoverán también la creación de vivienda social, que tenga “objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España”. Feijóo propone un pacto nacional por la vivienda, donde añade dentro de él, que se explorarán soluciones para garantizar el uso racional del suelo para construir viviendas a precios más asequibles, y movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar la rehabilitación del parque existente.
Sumar es otro de los que menciona de forma particular la Ley del Suelo en su programa oficial. Los de Yolanda Díaz apuntan que modificarán esta normativa en coordinación con las comunidades y entidades locales para apostar por el desarrollo de ciudades más compactas, “garantizando en cada barrio o nodo urbano la presencia de espacios naturales y dotacionales junto a los servicios adecuados para el normal y completo desarrollo de la vida cotidiana”. Otro de sus puntos destacados, es que van a desarrollar una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida.
Díaz prohibirá “de forma expresa” la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las administraciones públicas, especialmente cuando se habla de los terrenos del antiguo banco malo, Adif y Defensa. La única forma en la que no actuará será cuando su transmisión sea gratuita a las entidades públicas para su transformación en parque público o en proyectos público-privados de alquiler. Aunque el PSOE ha sido el último gobierno en realizar modificaciones a la normativa de terrenos, en su programa actual para el 23-J no lo menciona de forma específica. A lo que sí hace alusión, es a la activación de algunos suelos.
“Estableceremos, en colaboración con los ayuntamientos, fórmulas de promoción de viviendas localizables en suelos dotacionales de uso y dominio público, en aquellas situaciones donde se considere un refuerzo y una respuesta a necesidades de viviendas en determinados entornos geográficos”, indican. En esta misma línea, Sánchez piensa incrementar la reservas de suelos para la vivienda social y asegurarse de que éstas destinen, por lo menos, el 50% a construcción de viviendas de régimen social y alquiler asequible. Promoverán la colaboración público-privada, a través de créditos ICO, disposición de suelo público en cesión y subvenciones, entre otros, para impulsar estos nuevos modelos.
Así, todos los partidos han sumado objetivos ambiciosos en cuanto a vivienda. Algunos también han demostrado su rechazo a la Ley de Vivienda implementada por el Ejecutivo, y otros también pretenden modificarla en caso de llegar a la Moncloa. Pero todos aclaran que el problema actual que existe en España en estos ámbitos es por la sobredemanda que hay por parte de los ciudadanos, pero la falta de construcción, y suelos para poder crear nuevos pisos y más oferta en el mercado. Los agentes han salido al paso a exigir nuevas medidas, y están a la espera de este domingo para saber cuáles serán las medidas que finalmente se tomarán en materia de vivienda.
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